Es una prioridad para el Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. Pero el oficialismo cuenta con los avales justos: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.

Se trata de un dato político simbólico. En la última sesión preparatoria, los libertarios le arrebataron al PJ la vicepresidencia de la Cámara y los dejaron sin autoridades. El lugar que ocupaba Silvia Sapag (Neuquén), y que el peronismo esperaba retener con Lucía Corpacci (Catamarca), lo ocupó Carolina Moisés (Jujuy), una díscola que fue suspendida del partido por Cristina Kirchner.

La jugada tiene un componente simbólico para el oficialismo conducido por Patricia Bullrich: demostró que tiene la fortaleza suficiente para avanzar sin el aval del espacio en el que todavía gravita, en parte, la exvicepresidenta.

Pero pocas horas después, esta potencia se debilitó. La negociación por la reforma de la ley de glaciares, que atraviesa dogmatismos para arraigarse en las particularidades de cada territorio, volvió a poner el foco en el PJ. Sus votos volvieron a ser determinantes.

Es que los aliados habituales del Gobierno votan divididos. En la UCR estiman que solo cinco de 10 acompañarían la reforma. En el Pro, solo uno estaría dispuesto a votar a favor. Los pampeanos como Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro) se resisten por el antecedente del Río Atuel cuyo cauce se secó -afectando la actividad agrícola ganadera- presuntamente por actividades en la zona de Mendoza. El conflicto interprovincial llegó a las Corte Suprema: en 2020, el máximo tribunal ordenó a las provincias fijar un caudal hídrico para recomponer el ecosistema. A los pampeanos se le suman otras voces disidentes en ambos espacios. Según pudo saber este medio, las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, aliadas al gobernador Ignacio Torres, tampoco están de acuerdo con el texto final.

Desde Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo se inclina por el rechazo. También el correntino Mauricio “Camau” Espínola, pero podría modificar su postura frente a la presión del Gobierno. En el oficialismo evitan contar a los santacruceños, a quienes consideran “impredecibles”.

En cambio, avalarían la propuesta oficial los misioneros aliados a Carlos Rovira y la salteña Flavia Royón. Está en duda la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Con este panorama, el Gobierno necesitará de la ayuda del PJ para avanzar. Confía en los votos de los tres peronistas disidentes de Convicción Federal: Moises, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Pero también de dos referentes cordilleranos del bloque Justicialista que conduce José Mayans: los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y la catamarqueña Corpacci, quienes saben de primera mano el impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos. Celeste Navarro, también de San Juan, se plegará a la conducción partidaria que definió votar en contra.

La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento. Fue justamente lo que los libertarios buscaron evitar con la última movida. Esta vez, no lo lograron.

Los cambios en la ley

Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.