Emergía
Fallo de la Justicia a favor de Techint: el Estado deberá pagarle $2.500 millones
La resolución judicial reaviva la polémica por los recortes de incentivos petroleros y genera inquietud por las cuentas públicas nacionales.
La Justicia le dio un golpe millonario al Estado nacional. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 falló a favor de Tecpetrol, del grupo Techint, y anuló las resoluciones que habían recortado los subsidios al gas que la empresa cobraba por su producción en Vaca Muerta.
El fallo ordena pagar $2.553 millones en compensaciones adeudadas por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, más intereses. La sentencia lleva la firma del juez Enrique Lavié Pico.
La disputa pone fin -al menos en primera instancia- a uno de los litigios más largos vinculados al programa de incentivos al gas no convencional que lanzó el gobierno de Mauricio Macri en 2017. El Estado todavía puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, lo que abre la puerta a que el conflicto se extienda años más en tribunales superiores.
Cómo se originó el conflicto entre Techint y el Estado
Todo arranca con la Resolución 46, el esquema de subsidios creado en 2017 para impulsar inversiones en Vaca Muerta. El mecanismo era simple: garantizaba un precio mínimo por metro cúbico de gas no convencional producido, sin importar cuánto cayera el precio de mercado.
La apuesta del macrismo era clara. Querían atraer dólares a la cuenca neuquina y acelerar el desarrollo de Fortín de Piedra, uno de los bloques más prometedores del país.
Tecpetrol mordió el anzuelo. La empresa del grupo Techint comprometió una inversión cercana a los US$1.700 millones y arrancó a perforar pozos a ritmo industrial.
Los resultados superaron todas las proyecciones. Fortín de Piedra pasó de producción prácticamente nula a 14 millones de metros cúbicos diarios hacia fines de 2018, equivalente al 12% del gas del país. Un salto exponencial que nadie había anticipado.
El fuerte aumento de la producción tuvo un efecto no previsto por el Gobierno. Más gas en el mercado significaba más oferta, y eso empujó los precios a la baja.
Pero el subsidio seguía pagándose sobre la diferencia entre el precio garantizado y el precio real. Entonces, cuanto más producía Tecpetrol, más pagaba el Estado. Y cuanto más caía el precio de mercado por exceso de oferta, mayor era la brecha a compensar.
El costo fiscal del programa se disparó. En diciembre de 2018, con una meta de déficit cero acordada con el FMI y las arcas ajustadas, la Secretaría de Energía que conducía Gustavo Lopetegui decidió frenar los pagos.
La estrategia fue cambiar las reglas del juego. En lugar de pagar sobre la producción real —como había hecho hasta entonces—, el Gobierno limitó los pagos a una "curva original" proyectada por la empresa al momento de adherir al programa.
Tecpetrol presentó una demanda. Sostuvo que el recorte era arbitrario y violaba los términos de la Resolución 46. El litigio quedó radicado en el Juzgado Federal 6 y duró más de seis años.
El fallo de Lavié Pico fue contundente. La Justicia consideró que la Resolución 46 no establecía topes ni restricciones a los pagos basados en "curvas proyectadas", sino que definía como base la totalidad de la producción mensual de gas no convencional.
El tribunal identificó tres contradicciones clave en la posición del Estado:
- El propio Gobierno había aplicado inicialmente el criterio de producción real en las liquidaciones, sin objeciones.
- Informes oficiales del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña tomaban como referencia los volúmenes efectivamente producidos.
- El Presupuesto Plurianual 2019-2021 proyectaba pagos sobre producción real, no sobre curvas estimadas.
La pericia judicial también descartó los argumentos de incumplimiento contractual. Tecpetrol perforó 114 pozos durante el período, apenas por debajo de los 121 previstos originalmente. Una diferencia que no alcanzaba para justificar el recorte.
El crecimiento de la producción se explicó por un factor técnico que nadie controló: la productividad de los pozos en Fortín de Piedra se triplicó respecto de las estimaciones iniciales, lo que multiplicó los volúmenes sin necesidad de perforar pozos adicionales.
Qué pasa ahora con los $2.553 millones y qué viene después
Con esta sentencia de primera instancia, la Justicia reconoce el derecho de Tecpetrol a cobrar las diferencias adeudadas bajo el régimen de promoción del gas no convencional. Los $2.553 millones corresponden solo a tres meses de 2018.
El monto final podría ser mayor si se suman intereses acumulados desde entonces. Y no es el único reclamo: Tecpetrol tiene otras presentaciones judiciales pendientes por períodos posteriores.
El Estado puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Si lo hace, el caso seguirá en tribunales durante años. Si no apela o pierde en Cámara, deberá ejecutar el pago.
El fallo sienta un precedente clave para otras empresas que participaron del programa de subsidios al gas. Varias compañías enfrentan disputas similares con el Estado por recortes aplicados bajo el mismo argumento de "curvas proyectadas".
Para Tecpetrol, el triunfo judicial valida su estrategia de inversión acelerada en Vaca Muerta. Para el Estado, expone el costo de modificar unilateralmente las reglas de un programa de incentivos sin base normativa clara.
