El Gobierno decretó una reconformación estructural y operativa de S.A.U., mediante el decreto 442/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el que se establece el traspaso de varias áreas operativas clave a distintos organismos estatales, ante la grave situación financiera de la empresa.
La decisión forma parte de un plan de reorganización impulsado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y se enmarca en las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases N° 27.742.
La medida contempla la transferencia de tres áreas operativas estratégicas: la línea de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y trazabilidad pasará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); el área de producción de pasaportes será asumida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y la denominada “Billetera Virtual” será transferida a la empresa estatal ARSAT.
Según se detalla en el decreto, el objetivo es que Casa de Moneda S.A.U. se concentre exclusivamente en su función principal: la fabricación de dinero circulante, asistencia en procesos de atesoramiento y destrucción de billetes, y producción de impresos para entidades públicas y privadas.
La reconversión responde a un crítico panorama económico-financiero de la empresa, cuya deuda supera los $243.700 millones y mantiene un patrimonio negativo superior a $65.973 millones. La situación se agravó tras la rescisión de contratos con el Banco Central para la producción de billetes —que representaban más del 90% de sus ingresos hasta fines de 2023— y la cancelación de convenios con otras áreas del Estado.
Durante 2023 y 2024, la empresa recibió aportes del Tesoro Nacional por un total de más de $137.000 millones, sin lograr revertir su deterioro estructural.
El Ejecutivo también instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a reasignar o disponer de los inmuebles en desuso de la empresa y autorizó a los organismos receptores a incorporar el personal especializado y los bienes necesarios para garantizar la continuidad operativa de las áreas transferidas.
En paralelo, se modificaron los artículos 1° y 3° de la ley 21.622 y se derogaron otros artículos para adecuar el marco legal a esta nueva etapa.
El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de “evitar duplicidad de funciones y reducir el gasto público” en línea con los principios de eficiencia y racionalidad del Estado.
