Hay votos que resuelven un caso, y hay votos que, además, exponen el estado de una época. El del juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, en el caso- “Ambrosini Franco y Pelayes Melisa s/denuncia ley 4970 c/ Dr. Sarmiento Sebastián- Juez del Juzgado Penal Colegiado N°1. Primera Circunscripción Judicial- pertenece a esta segunda categoría: no se limita a pronunciarse sobre la situación disciplinaria de un magistrado, sino que ilumina, con inusual claridad, el trasfondo institucional, cultural y político que atraviesa al sistema de justicia en Mendoza.

La analogía con Galileo Galilei no es un recurso retórico decorativo. Es el eje conceptual del voto. Y en ese eje se despliega una tesis fuerte: cuando el poder -cualquiera sea su signo- se arroga la posesión de la verdad, el problema ya no es técnico ni jurídico, sino profundamente político y, en última instancia, civilizatorio.

Galileo no fue juzgado por una discusión astronómica; fue juzgado por desafiar una verdad oficial. Del mismo modo, sugiere José Valerio, aquí no están en juego cinco decisiones judiciales, sino algo más delicado: el derecho a decidir sin someterse a una ortodoxia impuesta.

Lo notable es que el propio José Valerio no oculta, ni suaviza, sus diferencias con el juez enjuiciado. Por el contrario, las enfatiza. Y es precisamente desde esa distancia intelectual que su posición adquiere densidad republicana. Defender la independencia de quien piensa distinto - y aun de quien uno considera equivocado, es el núcleo duro de cualquier concepción liberal del poder. En esa línea, su voto se inscribe en una tradición que remite, sin necesidad de citarlo explícitamente, a Montesquieu y su idea de la separación de poderes como garantía frente a la concentración y el abuso. Ideas que hemos referido, con preocupación, en recientes columnas de opinión.

El punto neurálgico del voto es la desnaturalización del sistema de control de las decisiones judiciales. Valerio advierte, con precisión quirúrgica, que las resoluciones cuestionadas no fueron recurridas por las partes. Es decir: no se activaron los mecanismos institucionales previstos para revisar errores o controversias interpretativas. No hubo apelaciones, ni intervención de tribunales superiores, ni pronunciamiento de la Suprema Corte. En ese vacío, el Jury aparece como un atajo impropio, un desplazamiento de la discusión desde el ámbito jurisdiccional hacia un órgano de naturaleza política.

Y allí radica uno de los riesgos más serios que señala el voto: si las decisiones judiciales pueden ser reexaminadas y sancionadas por un órgano no jurisdiccional, integrado mayoritariamente por actores con legitimidad política, entonces la función judicial pierde su autonomía esencial. Se invierte la lógica del sistema: el juez deja de responder al derecho y comienza, aunque sea de modo implícito, a responder a las mayorías circunstanciales.

En ese sentido, el voto de Valerio dialoga con una preocupación clásica del pensamiento político moderno: la tensión entre democracia y república. La primera se expresa en la voluntad de las mayorías; la segunda, en la existencia de límites a esa voluntad. Cuando esos límites se erosionan, la democracia puede deslizarse hacia formas de hegemonía con las consabidas consecuencias.

Otro aspecto de gran profundidad es el análisis del rol del Ministerio Público Fiscal. Valerio no sólo señala la ausencia de impugnaciones, sino también la participación -e incluso el aval- de los fiscales en algunas de las decisiones cuestionadas. Y va más allá: advierte la falta de directivas generales y de una política de ejecución penal definida, conforme a las obligaciones legales vigentes.

Este punto es central porque expone una inconsistencia estructural: el mismo órgano que no recurrió, que en ciertos casos consintió, y que no estableció lineamientos claros de política criminal, aparece luego como sostén de la acusación en el proceso disciplinario. La crítica no es meramente formal; es institucional. Si el sistema adversarial asigna al Ministerio Público la función de promover la acción penal y definir la política criminal, no puede luego trasladar esa responsabilidad al juez sin desvirtuar el diseño constitucional.

Aquí el voto se vuelve especialmente incisivo al contraponer dos modelos: el adversarial, basado en la división de roles y en la iniciativa de las partes, y el inquisitivo, donde el juez asume funciones que no le son propias. La advertencia es clara: si se pretende que los jueces encarnen la defensa de los “intereses de la sociedad” según definiciones coyunturales, se los empuja hacia un rol incompatible con la imparcialidad.

Pero quizá el pasaje más potente del voto —y el que justifica la analogía inicial— es el que describe la aceptación del juicio abreviado por parte del juez Sebastián Sarmiento. Valerio no lo presenta como un acto de reconocimiento genuino de error, sino como una decisión condicionada por el contexto, por la “aritmética” de las mayorías. La imagen de un “Sebastián Galileo” que se arrodilla para sobrevivir es, en este sentido, profundamente elocuente.

No se trata de equiparar situaciones históricas incomparables, sino de señalar un patrón: cuando el entorno institucional se vuelve adverso a la disidencia, incluso quienes están convencidos de sus razones pueden verse compelidos a ceder. Y esa cesión, aunque formalmente válida, deja una pregunta molesta: ¿cuánto hay de convicción y cuánto de coerción en ese reconocimiento de responsabilidad?

Valerio no desconoce la legalidad del acuerdo ni se aparta de su deber de homologarlo. Pero al mismo tiempo deja constancia - con una honestidad intelectual poco frecuente- de que el verdadero debate ha quedado desplazado. Y es allí donde su voto trasciende el caso: en la capacidad de decir, aun dentro de una decisión que acompaña, que lo esencial está en otra parte.

El cierre con la frase “Eppur si muove” -atribuida a Galileo Galilei- no es un gesto literario. Es una toma de posición. Es afirmar que, más allá de las declaraciones formales, hay verdades que no pueden ser suprimidas por decisión de una mayoría. Y en clave contemporánea, es sostener que la independencia judicial no es una concesión del poder político, sino una condición de posibilidad del Estado de Derecho.

En tiempos donde proliferan las visiones que, desde distintos extremos, buscan colonizar la función judicial -ya sea en nombre de la “mano dura” o del “abolicionismo”-, el voto de Valerio introduce una dosis necesaria de prudencia institucional. No hay, en su planteo, neutralidad ingenua: hay una defensa consciente de las reglas del juego, incluso cuando sus resultados no coinciden con las propias preferencias.

Esa es, en definitiva, su mayor virtud: recordar que el republicanismo no se mide por la intensidad de las convicciones, sino por la disposición a someterlas a límites. Y que la libertad de expresión, esa que en el fondo atraviesa todo el voto, no es sólo el derecho a decir lo que se piensa, sino la garantía de que ese decir no será castigado cuando incomoda al poder. Ya lo sostenía el maestro Borges: la libertad de pensar y poder expresarse libremente es uno de los modos sublimes de la felicidad humana. Valerio con su voto honró al maestro de la literatura y especialmente a lo que la ciudadanía espera del poder judicial.

En una época donde las mayorías tienden a confundirse con verdades, y donde la tentación de disciplinar la disidencia reaparece con nuevos ropajes, la voz de Valerio se planta con firmeza. No como un gesto épico, sino como un recordatorio sobrio y necesario: sin jueces independientes, no hay república. Y sin república, toda verdad corre el riesgo de convertirse en dogma.

 Por Sergio Bruni