A pesar de las oscilaciones políticas y económicas persiste en Argentina un anhelo de contar con una estructura productiva capaz de generar empleos de calidad, expandir el horizonte tecnológico y ofrecer una base para el desarrollo, la movilidad social ascendente y la justicia social. Ese deseo –que comprende a buena parte del arco político, al movimiento obrero, sectores productivos y segmentos ciudadanos– contrasta con la orientación del actual gobierno, que ha renunciado explícitamente a toda ambición industrial.

Esta aspiración no puede construirse desde la nostalgia. No se trata de recrear la industrialización de mediados del siglo XX, que surgió en un contexto mundial distinto, pero tampoco es viable abrazar la fantasía inversa según la cual la industria ha perdido relevancia y los países pueden desarrollarse prescindiendo de ella. Ambos enfoques, aunque contrapuestos, padecen un mismo problema: desconocen las condiciones efectivas del siglo XXI, donde la industria sigue siendo el núcleo de la innovación, de las cadenas productivas globales y de la competencia estratégica entre las grandes potencias.

Pensar una industria argentina para esta etapa de la economía mundial exige analizar las transformaciones tecnológicas, productivas y geopolíticas que han reconfigurado el mapa global. En este nuevo escenario, Argentina tiene la posibilidad –si toma las decisiones adecuadas– de redefinir su inserción internacional y reconstruir una trayectoria de desarrollo que combine productividad, innovación y justicia social.

El nuevo escenario global

La irrupción de nuevas tecnologías, la reorganización de las cadenas globales de valor y el retorno de la geopolítica como motor de la política económica están dando forma a un entorno en el que la industria recupera un lugar central. Lejos de la idea de una “sociedad posindustrial”, lo que se observa es una nueva manufactura intensiva en conocimiento, donde convergen la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías limpias. En este marco, la capacidad de producir bienes complejos se vuelve un factor decisivo de autonomía estratégica.

La integración de la IA en los procesos productivos está acelerando una transformación que abarca desde el diseño hasta la logística. La manufactura avanzada combina robots colaborativos, sensores, análisis de datos, gemelos digitales y sistemas de control inteligentes que incrementan la productividad y reducen costos. La transición energética impulsa una demanda creciente de baterías, minerales críticos, hidrógeno, equipamiento para energías renovables y vehículos eléctricos, abriendo nuevos espacios de competencia.

En paralelo, las cadenas globales de valor están experimentando un reordenamiento. La pandemia, las tensiones entre Estados Unidos y China y la creciente preocupación por la seguridad económica han desencadenado una tendencia hacia la relocalización de plantas industriales, el nearshoring y el friendshoring. Ya no se trata de producir donde es más barato, sino donde es más seguro y conveniente para el interés estratégico.

Los países desarrollados están implementando políticas industriales explícitas. Los minerales críticos –litio, cobre, níquel, tierras raras– se convirtieron en activos estratégicos cuya disponibilidad condiciona la capacidad de las potencias para sostener proyectos tecnológicos y de seguridad. La industria ya no es solo un motor económico: es un componente de poder. Esta disputa genera presiones, pero también abre oportunidades para países como Argentina, que poseen recursos clave para la transición energética y la posibilidad de desarrollar capacidades en sectores vinculados a la electromovilidad, la biotecnología y las tecnologías limpias.

El nuevo escenario global no desalienta la industrialización; la vuelve indispensable. Estamos ante un capitalismo donde la manufactura de alta complejidad se asienta sobre conocimiento, energía limpia, datos, minerales críticos y alianzas estratégicas. La pregunta ya no es si conviene tener industria, sino cómo insertarse en este mapa cambiante sin quedar atrapados en nuevas o viejas dependencias.

Las oportunidades para Argentina

Lejos de la idea de un inexorable destino de primarización, la etapa actual ofrece la posibilidad de construir una inserción internacional que combine recursos naturales, conocimiento y tecnología. El punto de partida es el conjunto de recursos críticos que Argentina posee para la transición energética. El litio del noroeste, el cobre andino y el potencial de energías renovables en la Patagonia y la región cuyana forman parte de una canasta que el mundo demanda para electrificar su matriz productiva y movilidad. Pero la oportunidad no reside en exportar más minerales sino en utilizarlos como palanca para atraer inversiones aguas arriba –en sus industrias proveedoras y servicios– y aguas abajo –producción de materiales catódicos, baterías, componentes para electromovilidad, equipamiento renovable y otros–. Los países que liderarán estas cadenas no serán necesariamente los de mayor dotación de recursos, sino aquellos capaces de integrarlas con ciencia, tecnología e infraestructura.

Argentina cuenta con capacidades científico-tecnológicas relevantes, especialmente en biotecnología, software, electrónica aplicada, química y agroalimentos. Durante décadas, estos sectores crecieron a pesar de la inestabilidad macroeconómica, demostrando una resiliencia notable. El sistema científico –Universidades, CNEA, CONICET, INTI, INTA– constituye un acervo capaz de generar innovaciones que, con políticas adecuadas, pueden traducirse en productos y procesos industriales.

Existen además sectores industriales consolidados que, con inversiones relativamente moderadas y un entorno macroeconómico más estable, podrían escalar en productividad y exportaciones. La maquinaria agrícola, los equipos para la industria alimentaria, los químicos y petroquímicos, la metalmecánica, la industria farmacéutica, el software aplicado a procesos industriales y la manufactura de alimentos diferenciados poseen redes empresarias, proveedores, centros tecnológicos y presencia internacional. Estos segmentos constituyen un puente natural entre la estructura productiva existente y los sectores emergentes de la nueva economía mundial.

La transición energética también genera una oportunidad para revalorizar sectores tradicionales, como el gas y la petroquímica, para una descarbonización progresiva. Vaca Muerta puede actuar como un activo de competitividad para industrias de uso intensivo de energía, siempre que se lo utilice estratégicamente para promover inversiones industriales y no solo para expandir exportaciones primarias.

Argentina es parte del Mercosur, el mayor mercado industrial de América Latina. La eventual relocalización de cadenas productivas hacia el “nearshoring ampliado” puede favorecer inversiones en autopartes, electromovilidad, química verde y equipos agrícolas, especialmente si se coordinan estrategias con Brasil, que puso en marcha Nova Industria Brasil, un ambicioso programa de política industrial.

En definitiva, Argentina no está condenada a la irrelevancia industrial. La nueva globalización abre un nuevo margen de acción, pero no será fruto de la espontaneidad de mercado sino de una adecuada articulación entre política industrial, inversión privada e instituciones de ciencia y tecnología.

Una política industrial para el siglo XXI

Las principales economías del mundo –desde Estados Unidos y la Unión Europea hasta Corea del Sur, Japón, China y Brasil– despliegan estrategias activas para orientar inversiones, acelerar innovaciones, fortalecer sectores estratégicos y construir autonomía tecnológica. Lejos de ser una anomalía, la política industrial se ha convertido en un instrumento central de la competencia global del siglo XXI.

Argentina no debe quedar al margen de esta tendencia. En el pasado, el debate local asoció la política industrial con prácticas defensivas, cerradas, propias de otra etapa histórica. Pero la discusión contemporánea es diferente: se trata de diseñar intervenciones orientadas por objetivos, acompañadas por mecanismos de evaluación y articuladas con reglas macroeconómicas estables.

Una política industrial moderna debe partir de tres criterios. El primero es la selectividad estratégica: no todos los sectores son igualmente relevantes para el desarrollo. Hay actividades que actúan como motores de innovación, exportaciones y empleo calificado, y por lo tanto requieren una atención prioritaria. El segundo criterio es la coordinación público-privada. Ninguna política industrial funciona si el Estado y las empresas operan en paralelo; la innovación y la inversión requieren entornos colaborativos donde se compartan información, riesgos y objetivos. El tercer criterio es la exigencia de desempeño: los incentivos deben estar vinculados a metas concretas –productividad, exportaciones, empleo, innovación– con mecanismos transparentes de evaluación, seguimiento y corrección de desvíos, de lo cual se deriva la transitoriedad: ninguna política es para siempre sino por períodos acotados, de cuyos resultados se debe definir su continuidad, finalización o reformulación. Los tres elementos son centrales para dotar de legitimidad a la política industrial.

El discurso del actual gobierno plantea que el Estado debe retirarse de cualquier acción orientada al desarrollo productivo y por ende parece desconocer lo que está ocurriendo en el mundo. Los países que hoy compiten en la frontera tecnológica no dejaron librado el desarrollo industrial al libre albedrío del mercado; por el contrario, construyeron capacidades con políticas activas, sostenidas y basadas en evidencia.

Alineamiento geopolítico pragmático

La competencia estratégica entre Estados Unidos y China define hoy la evolución de la economía mundial. Para un país como Argentina, que no posee poder militar ni poder financiero significativo, pero sí recursos estratégicos, capacidades tecnológicas y una ubicación regional relevante, la cuestión no es elegir bando, sino adoptar una estrategia de inserción internacional que maximice oportunidades sin sacrificar autonomía.

Esa estrategia debe partir de un principio básico: la política exterior argentina no puede estar guiada por identidades ideológicas o culturales, sino por intereses nacionales de largo plazo. El mundo actual ofrece múltiples espacios de cooperación, pero también riesgos de dependencia que pueden condicionar la posibilidad de una industrialización sustentable. La política del actual gobierno, basada en un alineamiento automático con Estados Unidos y un distanciamiento explícito respecto de China, genera tensiones innecesarias y limita márgenes de maniobra.

Esto no implica que Argentina no pueda avanzar en acuerdos con Estados Unidos, país que está decidido a fortalecer su presencia en América Latina y diversificar sus cadenas de suministro para enfrentar a China. Los países asiáticos de mejor desempeño en las últimas décadas pudieron crecer gracias a su inserción en el mercado de manufacturas norteamericano. Con este antecedente podemos observar que un acuerdo que llevara a integrar manufacturas argentinas (maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, medicamentos, alimentos y varios más) en las cadenas industriales norteamericanas podría ser una nueva vía de impulso para el desarrollo industrial argentino, muy por encima de la mentada complementación con China, que rememora una especialización primaria a cambio de una plena apertura importadora industrial que condenaría a nuestras manufacturas.

Pero nada de esto surgirá de la espontaneidad de mercado que propone el actual gobierno. Estos acuerdos deben basarse en condiciones que preserven la capacidad del país de desarrollar cadenas de valor locales, promover exportaciones con mayor contenido tecnológico y evitar que sus recursos estratégicos queden atrapados en esquemas extractivos sin industrialización. El documento publicado por el gobierno de Estados Unidos no contiene esta perspectiva y no es más que un conjunto de concesiones que perjudican a nuestra industria a cambio de poco y nada. Es obligación del gobierno argentino y de sus sectores productivos organizar una estrategia de inserción industrial en dicho mercado, combinando capacidades locales con nuevas inversiones. En esta perspectiva, un acuerdo con Estados Unidos podría ser una oportunidad para el desarrollo industrial.

Por otra parte, el Mercosur constituye el principal destino de las manufacturas argentinas y la única plataforma regional donde el país compite en segmentos de mediana y alta complejidad. La industria automotriz, la metalmecánica, los químicos, los plásticos, los productos farmacéuticos, la maquinaria agrícola y parte del sector de alimentos procesados se han sostenido, ampliado o modernizado en buena medida gracias al mercado ampliado del bloque. Sin este espacio regional, la industria argentina no podría alcanzar economías de escala ni sostener encadenamientos que serían inviables en un mercado interno relativamente pequeño.

Política industrial para un futuro digno

La discusión sobre el futuro productivo de Argentina no puede sostenerse en nostalgias, voluntarismos ni simplificaciones ideológicas. La industria del siglo XXI es diferente a la del pasado, pero su relevancia estratégica es igual de importante: es el espacio donde convergen la innovación tecnológica, la transición energética, la producción de bienes complejos y la competencia geopolítica. Lejos de haber perdido importancia, la industria continúa siendo un componente central de cualquier proyecto de desarrollo sostenible.

Para Argentina, esta constatación ofrece una oportunidad que estará indefectiblemente asociada a una estrategia deliberada y persistente en el desarrollo de capacidades propias. Sin política industrial no hay inserción internacional inteligente ni transformación productiva duradera.

Este objetivo exige superar las trampas de la nostalgia. El camino realista y posible se apoya en una política industrial moderna, pragmática, políticamente legitimada y con orientación estratégica, capaz de coordinar inversiones, generar innovación, fortalecer encadenamientos locales y articularse con una inserción internacional diversificada. Esto incluye construir acuerdos razonables con Estados Unidos sin resignar autonomía, sostener relaciones maduras con China y la Unión Europea, y profundizar la integración regional con Brasil y el Mercosur. Al mismo tiempo, exige estabilidad macroeconómica, instituciones confiables y una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.