La alarma volvió a encenderse en torno a los glaciares argentinos. El Poder Ejecutivo anunció una nueva intención de modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de reducir el área actualmente protegida. Este recorte de la norma apuntaría, especialmente, al ambiente periglacial: esas zonas altas y frías de la Cordillera donde el suelo congelado y los glaciares de escombros cumplen un rol esencial en la reserva y regulación del agua de montaña. De estas cuencas dependen diariamente más de siete millones de personas en todo el país.

Esta no es una discusión nueva. Desde la sanción de la norma, hace quince años, distintos gobiernos intentaron disminuir su alcance, aunque sin éxito. El intento más reciente ocurrió a principios de 2024, en el marco del debate por la Ley de Bases. Cada uno de esos intentos tuvo un denominador común: la presión para habilitar actividades extractivas en zonas que sostienen la seguridad hídrica del país.

En paralelo, Mendoza, una de las provincias más afectadas por sequías y estrés hídrico, está debatiendo el proyecto minero San Jorge–PSJ Cobre Mendocino que ya obtuvo media sanción en la Legislatura. Mientras los legisladores votaban a favor de este proyecto, la comunidad de Mendoza movilizada hacía notar su ferviente rechazo. Las comunidades, asambleas y organizaciones están manifestando que sin agua, sin información suficiente y sin derechos garantizados, no hay proyecto viable. Y lo siguen demostrando en la calle, con movilizaciones sostenidas en distintos puntos de la provincia. Lo que ocurre hoy en Mendoza no es un caso aislado: muestra las tensiones que aparecen cuando se impulsa un proyecto sin licencia social en una provincia que ya vive una crisis hídrica sostenida.

Pareciera que defender el agua de los territorios y los glaciares del país implicaría “frenar el desarrollo”. Sin embargo, este argumento abre la puerta a un planteo tan infundado como riesgoso. Ningún país puede aspirar a desarrollarse si compromete las zonas que garantizan su disponibilidad de agua. Las cuencas alimentadas por glaciares y ambiente periglacial sostienen actividades productivas, energía, riego y la vida cotidiana de millones de personas. Afectarlas es hipotecar no solo el presente, sino la posibilidad misma de sostener comunidades y ecosistemas en escenarios de mayor calentamiento global. Su protección no es ni debe ser considerada un obstáculo económico: es una condición indispensable para cualquier estrategia de desarrollo seria y sostenible en el tiempo.

La Ley de Glaciares es una de las políticas ambientales más relevantes del país y una norma referente en América Latina y el mundo. Esta ley establece límites claros para evitar actividades que pongan en riesgo a nuestras reservas estratégicas de agua. Los glaciares, los glaciares de escombros y el suelo congelado cumplen funciones esenciales de almacenamiento, regulación hídrica y estabilización climática. Modificar la ley implicaría llanamente reducir la protección de ecosistemas que, una vez que desaparecen, no tienen reemplazo alguno.

Un retroceso en esta legislación no sólo debilitaría la política ambiental nacional, sino que incumpliría compromisos internacionales asumidos por Argentina frente a la crisis climática. Además, contradiría la normativa que incorpora el Acuerdo de Escazú, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados y exige, en cambio, su fortalecimiento progresivo. Cualquier modificación regresiva sería, en los hechos, un retroceso jurídico y una señal política preocupante en medio de una crisis hídrica que se ha profundizado en los últimos años.

Los glaciares son mucho más que masas de hielo: integran el conjunto de reservas naturales que concentran más del 70 % del agua dulce del planeta, regulan temperaturas, sostienen ecosistemas completos y conservan información clave sobre el clima del pasado.

La evidencia científica es contundente. En los Andes Desérticos (de Jujuy al norte de San Juan), en aproximadamente una década, la superficie glaciar se redujo un 17%. Estas cifras no son abstractas: implican menor caudal, mayor variabilidad y una menor capacidad de sostener ecosistemas y comunidades completas. Y en un país con sequías históricas, cada pérdida de reserva hídrica es un golpe directo a la seguridad y la estabilidad de las regiones.

En este escenario, frenar cualquier intento de modificar la ley resulta urgente. Defenderla significa proteger las fuentes de agua que sostienen a millones de argentinos. Reducir su alcance implicaría dejar desprotegidos ecosistemas estratégicos en pleno contexto de crisis climática. Y es justamente Mendoza la evidencia más palpable de lo que está en juego cuando estos ecosistemas quedan expuestos a decisiones apresuradas o presiones sectoriales.

La voz de la ciudadanía es fundamental para fortalecer el ejercicio demócratico en la toma de decisiones que, al fin y al cabo, van a impactar sobre su desarrollo. Si la comunidad rechaza los proyectos en tratamiento, la información técnica resulta insuficiente e incluso es cuestionada por diversos sectores académicos y, aun así, estos proyectos avanzan, lo que se vulnera gravemente  no es una opinión, sino derechos fundamentales. La oposición de las comunidades de Uspallata es contundente: el agua que sostiene a la región nace en un sistema frágil, y la población de Mendoza no está dispuesta a ponerlo en riesgo. Esa defensa del agua no es un gesto localista: es el recordatorio de que el agua sostiene la vida cotidiana, las economías regionales y la estabilidad de las comunidades.

Asegurar mecanismos de participación ciudadana que pongan en valor y al resguardo los recursos hídricos de las provincias como así también garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares, sin excepciones, es una forma concreta y directa de política climática. Lo que está en juego en Mendoza no es sólo un proyecto: es la señal de cómo el país decide cuidar las fuentes de agua que necesita para vivir.

Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.