Lo que comenzó como un hecho aislado en el norte santafesino se ha transformado, en menos de tres semanas, en una crisis de seguridad pública sin precedentes en las aulas argentinas. Bajo la consigna "Mañana tiroteo", escrita en pupitres, paredes de baños o difundida en historias de Instagram, una ola de intimidaciones ha forzado la evacuación de decenas de establecimientos y ha encendido las alarmas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según el relevamiento consolidado de las carteras de seguridad provinciales y el Ministerio Público Fiscal, hasta este 18 de abril se han registrado 234 denuncias formales por amenazas de ataques armados en las distintas escuelas.

El fenómeno no es equitativo. Córdoba lidera las estadísticas con 142 episodios, seguida por Mendoza con 50, le sigue la Provincia de Buenos Aires (45) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18). En la mayoría de los casos, las investigaciones apuntan a menores de entre 13 y 17 años que, bajo la modalidad de "reto viral", buscan emular tragedias internacionales o el reciente ataque en San Cristóbal.

"No podemos minimizar ninguna alerta", explica una fuente de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). "Estamos rastreando celdas de telefonía y perfiles en plataformas como Discord. El anonimato en estos casos es una ilusión: cada amenaza deja una huella digital que estamos siguiendo hasta la puerta de la casa del responsable".

Por otro lado, la comunidad educativa vive días de extrema tensión. "Es agotador", confiesa Marta G., directora de una escuela secundaria en el centro de Córdoba. "Recibimos la amenaza a las 7:30 de la mañana. Tenemos que activar el protocolo, llamar a la Brigada de Explosivos, evacuar a 400 chicos a la plaza y avisar a los padres. El día escolar se pierde, pero el daño emocional a los alumnos y docentes es lo que más nos preocupa".

Para los especialistas, esta crisis no puede entenderse sin el atentado del 30 de marzo en la Escuela Normal N.º 40 de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años terminó con la vida de un compañero. Ese evento actuó como catalizador para lo que los sociólogos denominan efecto copycat (imitación).

La investigación judicial ha detectado que muchos de estos jóvenes forman parte de comunidades online donde se romantiza la violencia escolar y se consumen contenidos de la llamada True Crime Community. No se trata solo de "travesuras"; las autoridades advierten que aunque los menores no vayan a prisión en todos los casos, se inician causas por Intimidación Pública.

También los padres están siendo demandados por el Estado para cubrir los operativos policiales, cuyos costos pueden superar el millón de pesos por cada falsa alarma.

Mientras Mendoza refuerza requisas y Córdoba suma imputados, el debate nacional se traslada a la prevención: ¿Cómo detectar a un joven en riesgo antes de que pase del mensaje en el baño al arma de fuego? Por ahora, la respuesta estatal ha sido estrictamente punitiva, mientras las familias argentinas se preguntan si mañana será un día seguro para enviar a sus hijos al colegio.