Preocupación
El MPF ya recibió más 50 de denuncias por amenazas en escuelas de Mendoza y hay dos menores imputados
También imputaron a la madre de un adolescente de 17 años que habría instigado al menor a llevar una réplica de arma a la escuela.
El Ministerio Publico Fiscal informó este viernes que ha recibido por lo menos 50 denuncias relacionadas a amenazas en escuelas de Mendoza. Además, confirmó que hay dos menores y una mujer imputada por diferentes hechos.
A través de un comunicado, el MPF explicó que en horas de la mañana, la Fiscalía Penal Juvenil, con el turno del Fiscal Gustavo Farmache, tomó declaración informativa a tres menores no imputables, ya que son menores de 16 años.
A propósito de esto, aclararon que la nueva ley de Penal Juvenil, que fue sancionada en marzo de este año y que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aún no está en vigencia.
Tres imputados por amenazas en escuelas de Mendoza
“Asimismo, por el hecho de hoy viernes a la mañana, se tomó declaración informativa a un menor no punible de 15 años, por llevar a su colegio una réplica de un arma de fuego”, explicaron desde el MPF.
Además, informaron que la Fiscalía Penal Juvenil imputó a un menor punible de 16 años, por el delito de intimidación pública (art. 211 C.P.), por haber publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante.
Otro dato alarmante que se desprende el comunicado oficial, es que la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados ya ha recepcionado más de 50 denuncias por hechos de este tipo.
De hecho, en horas del mediodía se imputó por el delito de intimidación pública en calidad de autor (art. 211 C.P.) a un menor punible de 17 años por llevar a la escuela una réplica de arma de fuego.
La madre del joven también fue imputada por obrar como instigadora del delito de intimidación pública, ya que habría sido la adulta quien recomendó al menor a realizar dicha intimidación.
Ley penal juvenil
Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.
Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, esta ley todavía no entra en vigencia. Ocurre que el artículo 52 de la Ley 27.801 indica que el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado.
