Este miércoles habrá movilizaciones en todo el país a 11 años de la primera marcha del Ni Una Menos. La convocatoria se da en medio de un contexto nacional marcado por el crimen de Agostina Vega y es un grito de repudio de los brutales asesinatos que se cometen todos los días en el país. Sin embargo, en Mendoza el silencio de dirigentes oficialistas sobre la grave denuncia contra Marcelo D'Agostino desentona con sus propias banderas. La abogada querellante, María Elena Quintero, denuncia que existen irregularidades flagrantes en la instrucción de la causa con el único objetivo de garantizar la impunidad y la libertad de quien fue la mano derecha de Alfredo Cornejo en la Justicia durante los últimos 11 años.

A pesar de que Marcelo D'Agostino está denunciado por abuso sexual con acceso carnal y violencia de género, solo lo imputaron por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. La abogada de la víctima expuso una serie de irregularidades que dan cuenta de la incidencia que el exfuncionario cornejista sigue teniendo en el Poder Judicial. 

Información que se filtra, testimonios que se dan vuelta, expedientes que se desarchivan de forma misteriosa y presiones hacia la víctima y sus testigos son algunos de los motivos que esgrime María Elena Quintero para denunciar presiones y falta de garantías procesales.

A través de un comunicado de prensa, la letrada asegura que se filtró información confidencial de legajos de menores de edad y apuntó contra la funcionaria que está a cargo de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos es la actual pareja de Marcelo D'Agostino. Por otro lado, remarcó que días después de que una testigo prestara declaración contra Marcelo D'Agostino el Equipo Técnico Interdisciplinario que depende de esa dirección se apersonó en la escuela en la que trabaja la testigo -y a la que asisten sus hijos- por supuesto caso de maltrato. 

En el comunicado de prensa la abogada sigue enumerando hechos que dan cuenta de episodios intimidatorios y maniobras irregulares para garantizar la impunidad del exfuncionario. Por ejemplo, divulgación en los medios de información reservada a través de un periodista que a su vez es testigo en la causa porque trabajaba con la víctima. "La querella considera que este episodio constituye un indicio objetivo de filtración interna y una interferencia directa sobre el proceso penal", se puede leer en el comunicado.

"En segundo lugar, otra testigo concurrió a declarar pese a conocer la evidencia obrante en el legajo y formuló afirmaciones incompatibles con el contenido de los audios aportados a la causa, en los que esa misma persona daba testimonio de la gravedad de las agresiones del imputado hacia mi defendida. La querella solicitó en audiencia la extracción de compulsa por presunto falso testimonio, pero el pedido no fue admitido, aun tratándose de un delito de acción pública", subraya Elena Quintero y advierte la posibilidad de presiones externas.

Otro ejemplo que alimenta ese temor es que la víctima, en medio de este proceso, ha sido desvinculada de su trabajo el día 8 de mayo. "La desvinculación fue atribuida a 'razones presupuestarias', pero reproduce un patrón ya observado en el pasado, cuando la víctima perdió su empleo tras finalizar su vínculo con el imputado. La querella sostiene que este nuevo episodio constituye un indicio adicional de presión externa y de afectación a la estabilidad económica de la denunciante", expresa Quintero en el escrito que fue enviado a todos los medios de la provincia.

En función de todos esos elementos, "la querella solicitó que se investigue la eventual responsabilidad penal de las autoridades administrativas involucradas y que se adopten medidas para garantizar condiciones de seguridad a los testigos que aún deben declarar en la causa".