Los antecedentes que complican a Marcelo D'Agostino
El exsubsecretario de Justicia es investigado por presunto abuso sexual y violencia de género tras ser denunciado por una expareja. No es la primera vez que queda envuelto en un escándalo de estas características y ya lo habían denunciado por acoso laboral.
La causa que involucra a Marcelo D'Agostino avanza y según expresó su abogado, Daniel Sosa Arditi, puso a disposición de la fiscal Valeria Bottini su teléfono celular para que se realice una extracción de datos. Al ser consultado respecto a cómo pesan en la situación del exfuncionario los antecedentes por otras denuncias, aseguró desconocer la existencia de las mismas. Así lo manifestó el letrado en diálogo con LV 10.
Dalmiro Garay era Ministro de Gobierno cuando estalló el primer escándalo contra Marcelo D'Agostino.
Ese hecho se registró en junio del 2017, mucho tiempo antes de que Marcelo D'Agostino iniciara una relación con la mujer que hoy lo acusa de violencia física y abuso sexual. Fue tal el escándalo que se generó en 2017 que el Ministerio de Gobierno envió un comunicado afirmando que el subsecretario se había puesto espontáneamente a disposición de la justicia "para realizar las declaraciones necesarias y despejar cualquier duda". El ministro de Gobierno en junio del 2017 era el actual presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. El tiempo pasó y Marcelo D'Agostino siguió ejerciendo su cargo.
Sin embargo, otra señal de alarma se presentó en 2024 en la Legislatura de Mendoza cuando un ciudadano acudió con un expediente advirtiendo posibles hechos de violencia del funcionario contra otra mujer que fue su pareja. Al no haber denuncia de la presunta víctima, ese caso tampoco avanzó.
La notificación que llegó al Senado en 2024.
Las actuaciones de la fiscal Bottini
El día 10 de abril se realizó un allanamiento en la vivienda de Marcelo D'Agostino en el Barrio Dalvian y se procedió a secuestrar una pistola 9 milímetros con municiones de punta hueca. La denunciante afirma que D'Agostino utilizaba esa arma para intimidarla. En el domicilio hallaron una credencial de legítimo usuario a su nombre con vencimiento en el año 2010 y una credencial de tenencia de armas.
Además, el día lunes Marcelo D'Agostino se presentó ante la fiscal Valeria Bottini para prestar declaración y puso a disposición un teléfono para que se realice la extracción de datos que había solicitado la denunciante. En realidad, lo que se había requerido era el secuestro de todos los dispositivos electrónicos y entre ellos dos celulares.
Desde la defensa de la denunciante cuestionan que no se los haya notificado de esas actuaciones. En este sentido sostienen que se violan garantías de su defendida al no hacerla parte del proceso. "La transparencia y objetividad que exige el proceso imponen asegurar que el distanciamiento físico ordenado respecto del denunciado no se traduzca en una exclusión de esta parte de los actos esenciales para el esclarecimiento de los hechos", esgrime la abogada María Elena Quintero.