-¿Qué cosas buenas y qué cosas malas detecta en el sistema judicial de Mendoza?

-El sistema judicial de Mendoza, como la mayoría de los sistemas judiciales, no responde a los tiempos y velocidad de las nuevas tecnologías. Aunque se ha informatizado, es insuficiente para responder a las necesidades de los usuarios, que, como en todos los tiempos, se queja de la lentitud. La respuesta normalmente llega tarde, y esto hace que aunque el juicio se gane, la persona piensa que la respuesta es insuficiente.

De cualquier modo, las generalizaciones no son buenas; quizás no es lo mismo la justicia civil, que la penal o la laboral. La excesiva tendencia punitivista de la sociedad, alentada por la mala información, lleva a criticar desmesuradamente algunas soluciones. No hace mucho, escuché anonadada a un ex ministro de seguridad que le decía al periodista que dirigía el programa televisivo: ¿Vos crees que yo soy garantista? ¿Me estas tomando el pelo? O sea, ser garantista es una mala palabra, cuando la historia del Derecho es la historia como hemos civilizado el proceso para que una persona pueda defenderse adecuadamente.

Algunas malas decisiones conducen a la desinformación de creer que la defensa de derechos humanos básicos es sinónimo de estar contra la víctima y a favor del delincuente. La confusión sobre este tema incide muy negativamente en la imagen de la Justicia.

-Hace poco distintos referentes prestigiosos vinculados a la justicia como el ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde y el actual ministro José Valerio, señalaron críticas sobre la calidad institucional de Mendoza. ¿Qué piensa usted de las críticas que realizaron?

Algunas leyes han incidido sobre la calidad institucional de la provincia de Mendoza de la que siempre nos hemos jactado. Por ejemplo, la que modificó el funcionamiento de la Corte de la Provincia, por la que ahora no interesan las especialidades. Una sentencia civil puede ser modificada por un juez cuyos antecedentes están exclusivamente en el derecho penal; eso desmoraliza a jueces especiales, que han rendido en el Consejo de la Magistratura, que ven que su actividad es “controlada” por personas que tienen menos preparación que ellos, dando lugar a perspicacias de todo tipo, incluida la presunción de que no es quien hace la sentencia, sino alguno de los múltiples secretarios con los que cuenta el tribunal.

-¿Cómo cree que se puede revertir esa situación?

La situación se revierte desde la desburocratización. Gente altamente preparada con consciencia de que esta ejerciendo un servicio público, o sea, no para beneficio personal.

-¿Cómo considera la propuesta que elevó la Corte Suprema para el nombramiento de jueces?

La considero adecuada. El Consejo de la Magistratura fue una buena iniciativa, pero en los hechos puede ser muy perjudicial si hay tanta arbitrariedad en la etapa de selección.

-¿Cuál es el principal problema que tiene la Corte Suprema?

No hay uno solo. Por supuesto que tres personas no pueden ser quienes tengan la ultima palabra en problemas que afectan a la vida de las personas, como pueden ser incluso, temas de la vida cotidiana. Además del número, la excesiva judicialización.