Esta semana la Municipalidad de San Rafael intimó al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, para que realice un aporte económico al desarrollo de la obra del gasoducto. El aporte, entienden debe ser proporcional a su participación y beneficio por la obra. Sin embargo, la respuesta que llegó desde General Alvear fue una carta documento y una grave acusación contra Emir y Omar Félix. "La avivada de los hermanos Félix que nos costó 5 años de frío", disparó Molero en un posteo en las redes.
Para Alejandro Molero, el gasoducto era una obra nacional que se municipalizó por una “picardía política sin precedentes". En concreto, afirmó que "desviaron los fondos nacionales que debían ir a la Provincia directamente a sus manos".

"¿Cuál fue el costo de ese capricho político? Una obra que debía ejecutarse en 18 meses terminó tardando seis años", aseguró Molero y adhirió que "empresas que podrían haber crecido y generado trabajo genuino quedaron congeladas por la falta de energía".
"Hoy, con las temperaturas bajo cero, pretenden seguir extorsionando. Pero se les terminó el tiempo. La Justicia ya ordenó a Nación el pago del gasoducto para que sea terminado de una vez por todas, y ECOGAS es la única autoridad técnica que decide cuánto gas nos corresponde", concluyó dejando clara su postura.
Pero además de ello le envió una carta documento a la Municipalidad de San Rafael en la que niega que ese municipio "posea facultades exclusivas, excluyentes y discrecionales para disponer unilateralmente sobre la capacidad operativa del gasoducto, así como tampoco posee la capacidad para autorizar, restringir o denegar factibilidades de conexión correspondientes al Departamento de General Alvear o sus habitantes".

La cifra que reclama San Rafael en el acta asciende a $4.783 millones, monto que entienden corresponde a obligaciones aún pendientes para completar y liquidar definitivamente el proyecto. "Caso contrario, esta Municipalidad no autorizará factibilidades para el departamento de General Alvear", señala el escrito, que anticipa posibles acciones judiciales si se otorgaran conexiones sin autorización de San Rafael.