El solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria, según publicó La Nación.

La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.

Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.

Las capas societarias

• La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.
• La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.

Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.

Las compras

* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo -“loan-back”- de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.

* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.

No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.

Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.

* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.

Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.

Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.

“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.

Apoyo del gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei salió a respaldar a Vázquez tras conocerse el pedido de indagatoria desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por haber ocultado a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

“Vázquez ya fue sobreseído en esa causa. No hay nada nuevo”, aseguraron a La Nación cerca del asesor presidencial Santiago Caputo, de indudable influencia sobre la conducción del ente recaudador. Según la misma fuente, la denuncia motorizada por los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, refiere “al mismo tema por el que ya fue sobreseído”, por lo cual relativizaron el pedido del titular de la PIA, Sergio Rodríguez.

“Esa denuncia no tramita en la PIA. Tramita en el juzgado de (Marcelo) Martínez de Giorgi, que no tomó ninguna medida ni lo llamó a indagatoria a Vázquez. Es un pedido de la PIA que el juzgado puede desestimar”, agregaron desde el Gobierno, a modo de defensa. El juez federal Martínez de Giorgi tiene en sus manos la causa de la criptomoneda $LIBRA, que preocupa a la Casa Rosada. Y su esposa, Ana María Cristina Juan, ingresará en una próxima lista enviada por el Poder Ejecutivo al Senado para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.

El propio Caputo salió ayer a cuestionar la nota de La Nación dando cuenta del pedido de la PIA. “Periodista escribe una nota sobre un hecho juzgado. Denunciador serial línea commie veggie hace una nueva denuncia sobre ese hecho juzgado. Mismo periodista escribe otra nota ahora afirmando que el funcionario fue citado a indagatoria “confundiendo” un pedido de citación de un organismo donde no tramita la denuncia con una citación efectiva del juzgado”, escribió Caputo. Y pidió al autor de la nota, Hugo Alconada Mon, y al diputado Ferraro: “Si quieren gobernar el país podrían probar ganando las elecciones en vez de operar funcionarios para intentar dañar al gobierno”, destacó.

En su pedido, el fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde Arca afirmaron que no tenían comentarios para hacer sobre estas novedades judiciales.

“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”, sostuvo.

El Gobierno, en tanto, aduce que Vázquez fue sobreseído por el mismo delito de omisión. Desde el oficialismo remiten a una causa iniciada en 2007, cuando la Justicia accedió a un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Allí figuraba el nombre de Vázquez -que era director de la AFIP- junto con el de su hermana Silvia, y comenzaron a ser investigados por la presunta existencia de dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.

La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo (de frustrada candidatura para integrar la Corte Suprema) ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos.

Anoche, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo despidió al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la ARCA.