Disputa judicial
El Gobierno llevó a la Corte Suprema su pedido para frenar la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno acudió a la Corte Suprema para frenar la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la falta de precisiones presupuestarias.
La Casa Rosada presentó un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo del conflicto por el presupuesto educativo.
La decisión implica escalar la disputa judicial luego de instancias previas en tribunales inferiores, donde el oficialismo ya había manifestado su rechazo a la normativa.
En su presentación, el Gobierno reiteró los mismos fundamentos expuestos en la apelación anterior. Según planteó, la ley sancionada presenta inconsistencias que dificultan su implementación práctica.
En particular, señalaron que la norma no "incluye detalle de qué partidas se deben modificar" para poder cumplir con lo establecido, lo que —según la postura oficial— genera incertidumbre en la ejecución presupuestaria.
Luego de sufrir un revés en la Justicia, el Gobierno decidió escalar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario y presentó un recurso ante la Corte Suprema. La postura oficial retoma argumentos que ya había utilizado tras el veto presidencial en 2025 y durante el debate legislativo posterior.
En aquel momento, mediante el decreto 647/2025, el Ejecutivo sostuvo que la norma no podía aplicarse hasta que el Congreso definiera cómo financiarla e incorporara las partidas necesarias al presupuesto nacional, apoyándose en lo dispuesto por la Ley 24.629.
Ese planteo fue desestimado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. A fines de marzo, la Sala III ratificó una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar de inmediato puntos clave de la Ley 27.795, vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como a la actualización de becas.
En su análisis preliminar, los magistrados consideraron que no es válido frenar una ley más reciente del Congreso utilizando otra norma anterior de igual jerarquía.
A pesar del fallo en contra, el Gobierno sostiene su postura y optó por llevar el caso ante la Corte Suprema. Desde el oficialismo admiten que, además de apelar la decisión, buscan ganar tiempo y reforzar la idea de que la implementación tiene que condicionarse a los recursos disponibles, para no comprometer el equilibrio fiscal.
En paralelo, el equipo económico analiza impulsar una nueva iniciativa legislativa que permita rediscutir el costo de la ley y encontrar una salida con menor impacto en las cuentas públicas.
Mientras se desarrolla la disputa judicial, el Gobierno asegura que avanzará con actualizaciones parciales en las partidas universitarias y cumplirá con los pagos mensuales contemplados en la normativa.
De acuerdo con voceros del Gobierno, los cambios se incluirán en el Presupuesto 2026 y se aplicarán de forma gradual a lo largo del año, dejando de lado la posibilidad de realizar un pago único por el total previsto.
Desde esta mirada, se trataría de una redistribución interna de recursos a lo largo del ejercicio, y no de una transferencia única que implique un impacto fiscal instantáneo.
En el ámbito académico manejan una previsión similar respecto a la modalidad de pagos, aunque advierten que, por ahora, no se contempla una compensación retroactiva completa.
Además, consideran que la apelación presentada por el Gobierno podría demorar aún más la implementación efectiva de la ley, lo que prolonga la incertidumbre sobre los plazos concretos.
