Sergio Schoklender, quien comandó el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, responsabilizó a Hebe de Bonafini, la fallecida expresidenta de la institución, de desviar los fondos destinados a las obras para ser utilizados para hacer política y militancia en favor del kirchnerismo.

Al prestar declaración indagatoria en el juicio oral y público que se le sigue por fraude, por desviar al menos 200 millones de pesos hace 15 años, dijo que ese dinero se lo gastó Bonafini y que ella no les podía decir que no a los Kirchner.

Bonafini era una de las acusadas en este juicio, pero como falleció quedó desvinculada del caso y no puede responder a estas acusaciones.

Con firmeza, como si lo que dijera era obvio para todos, Schoklender enfrentó al fiscal Diego Velasco y a los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Ricardo Basilico con altivez, presentándose como una víctima de los desmanejos de Bonafini en la Fundación.

Dijo Schoklender que fue Bonafini la que mandó a los trabajadores a la Plaza de Mayo a protestar en contra suya y que todas las desgracias del programa Sueños Compartidos se debían a que Bonafini “no era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”

Schoklender es juzgado junto con su hermano Pablo por malversación de caudales públicos. Ambos ya cumplieron una condena por haber asesinado a sus padres.

“Mientras yo iba por más escuelas y viviendas, ella estaba tan cooptada por el kirchnerismo que empezamos a gastar mucho en actos y movilizaciones para toda esa runfla y el dinero se acabó”, dijo Schoklender en el comienzo del juicio oral al prestar declaración indagatoria.

La indagatoria es un acto de defensa y el acusado no está obligado a decir la verdad. Sin embargo, sus dichos son evaluados como evidencia por los fiscales.

“Nosotros no queríamos solamente construir viviendas, construíamos ciudadanía” dijo con soberbia. Contó que con el plan de viviendas que el kirchnerismo adjudicó a la Madres de Plaza de Mayo emplearon a 6500 personas con 450 obradores en todo el país.

“No traíamos paraguayos indocumentados, tomábamos a la gente del lugar y la capacitábamos, la alfabetizábamos. Tuvimos las mejores capataces mujeres que construyeron sus propias escuelas y jardines maternales”, se ufanó ante los magistrados.

Además de castigar a Bonafini, salpicó también a Néstor Kirchner, aunque en un intento por defenderlo. “No se metió con nosotros; robaba como todos, pero en obras grandes, pero cuando murió todo se desbarrancó”.

“Con la plata de las obras. Teníamos mucha ganancia porque nos pagaban bien y no había corrupción, entonces sobraban los fondos. ¿Por qué creen que Milei bajó el déficit? Porque cerró la obra pública. En la Argentina la obra pública es corrupción”, mencionó.

Admitió que llegaron a tener “muchos problemas” para cobrar porque “la política se gastaba lo que nos tenía que dar a nosotros”. Dijo que por eso debían cambiar cheques en cuevas porque la Fundación tenía problemas financieros.

Ante las preguntas del fiscal Velasco acerca de por qué les adjudicaban las obras, dijo que "Néstor y Cristina quisieron quedar bien con Hebe y segundo porque el proyecto de unir lo social y la construcción era muy atractivo y por último, porque era la forma que ellos tenían de interactuar con algunos distritos. Por esta razón aventuró que ‘seguramente’ los proyectos de la Fundación salían con más rapidez y facilidad que otros”.

Dijo que sólo él y Bonafini decidían hacia dónde iban los fondos. Aseguró que había muchísimos gastos, entre ellos el centro cultural de la ESMA, la Universidad de las Madres, la radio, los congresos políticos, las conferencias, las movilizaciones, las campañas, los pasacalles.

“Mientras yo reclamaba el dinero a los gritos, Hebe se acercaba más al gobierno, me reprochaba que me peleara con los funcionarios, hasta que me cansé y me fui”, dijo.

Recordó que llegó a tener una reunión con Amado Boudou cuando era ministro de Economía, en la que le exigió el pago de las obras. “Los echaron a todos, me peleo con Hebe y con mi hermano, con quien no he vuelto a hablar”, indicó.

Dijo que su empresa Meldoreck, que era la que construía los paneles con los que se hacían las viviendas sociales, tenía un contrato con las Madres de Plaza de Mayo, no con el Estado.

Y explicó que durante la instrucción del caso pidió al juez Norberto Oyarbide, primero, y a Martínez de Giorgi después, que intervengan la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero que no lo escucharon.