Mientras la administración libertaria da señales de que se encamina a conseguir los votos para aprobar la semana que viene su proyecto de reforma laboral, en la mesa chica de la CGT -y contra lo que podría suponerse- aún no hay clima de desesperación. Y eso que para la sesión del Senado faltan solo seis días.

Gerardo Martínez, uno de los dos o tres sindicalistas más decisivos de la central obrera, dice en conversaciones privadas que confía en que el perfil más antisindical de la iniciativa será finalmente retocado en el recinto.

En términos peronistas: que el texto final será “menos gorila” que el que tiene dictamen de comisión. ¿Será?

En los últimos días, los sindicalistas no dejaron puerta sin tocar: hablaron con funcionarios de primera línea del Gobierno -como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial, Santiago Caputo-, gobernadores de todos los colores políticos y también con senadores del PJ y de los demás bloques.

Salvo en la UCR -el tradicional partido “gorila”- no se encontraron con posturas extremas, según dicen. “Nadie hasta ahora nos dijo que un tema es tabú o que no era discutible”, cuenta un jefe cegetista.

El propio trámite de pedir una sesión del Senado para el miércoles 11 indica que, en principio, el oficialismo ya cuenta con al menos el quórum y los votos para la aprobación en general de la reforma. Las dudas están en la posterior votación en particular, donde se tratará el contenido de cada artículo. Ahí es donde está puesto el foco de la CGT.

En esas conversaciones apuntan a atenuar los puntos más antisindicales del proyecto, los que dañan las cajas de los gremios y los que desfinanciarían el sistema de obras sociales sindicales.

Dónde ponen el foco

Aunque el proyecto tiene 182 artículos -prácticamente todos cuestionados por los gremios-, el foco de la CGT está puesto por estas horas en un puñado, a los que piden que se modifiquen o directamente se eliminen. Algunos de estos son:

• La limitación del derecho de huelga. El proyecto establece en las jornadas de paro la exigencia de una cobertura mínima del 75 % en diversas actividades. Los gremios lo rechazan y dicen que es directamente inconstitucional.
• Que no se elimine la ultraactividad, es decir, que los convenios colectivos sigan vigentes aunque estén vencidos, hasta que no se renegocien.
• Cuotas sindicales. El proyecto elimina la obligatoriedad de los empleadores de retener el pago de la cuota sindical y los aportes solidarios. Esa retención dependería del consentimiento expreso de los trabajadores. Los gremios están en contra.
• Que no se reduzca del 6 al 5 % el aporte patronal a las obras sociales sindicales.
• Que se elimine la obligatoriedad que estipula el proyecto de que las organizaciones sindicales deben pedir autorización a la patronal para realizar asambleas.
• También rechaza la prelación de los convenios que plantea la norma, es decir que los convenios de empresa puedan prevalecer sobre los de la actividad o sector.

En caso de que no logren alguno o ninguno de sus objetivos, la CGT luego se enfocará en Diputados, que tratará el proyecto después que el Senado. Después, ademas, le quedara el camino de los recursos judiciales. Entre los asesores legales de los gremios descartan que varios artículos -como el que busca limitar el derecho a huelga- serán frenados automáticamente por la Justicia.

La CGT tiene prevista una reunión este viernes de su Consejo Directivo. Además de repasar cómo vienen los votos y de qué cambios pueden lograrse en el proyecto, analizarán la implementación de medidas de fuerza y protestas. Un paro asoma prácticamente descartado.

El sábado, por otro lado, Gerardo Martínez tiene agendada una reunión con la misión del FMI que llegará por estas horas a Buenos Aires, según trascendió de fuentes oficiales. Además de la segunda revisión del programa económico, la misión técnica del Fondo quiere enterarse de primera mano cuál es la mirada del sindicalismo argentino del actual escenario político y económico.