El escenario político y judicial para el entorno del presidente Javier Milei ingresó en una fase de máxima tensión. Fuentes de los tribunales de Comodoro Py confirmaron a La Nación que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sería citado a prestar declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, programada para las últimas dos semanas de julio de 2026. La medida está bajo el riguroso análisis del juez federal Ariel Lijo, quien, junto al fiscal federal Gerardo Pollicita, lidera la investigación penal contra el funcionario nacional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En los pasillos de los tribunales federales coinciden en que la firma de una indagatoria en este tipo de fueros suele ser la antesala directa a un procesamiento.

El expediente penal contra el jefe de Gabinete se nutrió en las últimas semanas de una serie de informes contables y peritajes financieros que complican su estrategia de defensa. Recientes entrecruzamientos bancarios y datos migratorios revelaron que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron consumos con tarjetas de crédito que treparon a los 85 millones de pesos durante el período 2025. Los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación pusieron la lupa sobre estos gastos familiares, los cuales promediaron unos 7,1 millones de pesos mensuales, una cifra que duplica holgadamente el sueldo oficial percibido por el funcionario (calculado en unos 3,5 millones de pesos), mientras su cónyuge se encontraba registrada bajo el régimen de monotributista.

A la par de los resúmenes de tarjetas de crédito, la lupa judicial se extiende sobre llamativos incrementos patrimoniales y transacciones en efectivo que el funcionario intentó mantener en reserva. Entre los hechos que aceleran el llamado a indagatoria se destaca un polémico viaje familiar realizado en avión privado hacia Punta del Este, Uruguay, durante el fin de semana largo de Carnaval, presuntamente financiado por el productor televisivo Marcelo Grandío. Asimismo, la causa sigue la pista de costosas refacciones en dólares llevadas a cabo en una propiedad de fin de semana en el country Indio Cuá, cuyos montos de obra superarían con creces el valor fiscal de la propia vivienda, además de supuestos beneficios otorgados por firmas privadas como el Grupo IRSA durante su estadía en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche.

A nivel procesal, el avance de la causa penal ya forzó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio, dejando al descubierto otros gastos corrientes no automatizados, como las cuotas escolares en colegios privados de sus hijos que rondan los 800.000 pesos mensuales. Pese a que el entorno del jefe de Gabinete argumenta que las declaraciones juradas pendientes serán debidamente ratificadas ante la Oficina Anticorrupción, la acumulación de testimonios —incluyendo el de la propia escribana interviniente en sus transacciones, quien admitió no haber corroborado el origen de los fondos de Adorni pese a su condición de Persona Políticamente Expuesta (PPE)— ha dejado al juez Lijo al borde de dictaminar la comparecencia obligatoria del ministro para que ejerza su derecho de defensa en el banquillo de los imputados.