La Dirección de Persona Jurídica le elevó al gobernador Alfredo Cornejo un informe de la situación administrativa contable de la Liga Mendocina de Fútbol. En el mismo, enumera una serie de irregularidades detectadas en el organismo que preside Omar Sperdutti y traza un camino para regularizar la situación. El último paso, si no se corrigen las irregularidades, es la intervención. Esa posibilidad ya fue contemplada semanas atrás por el Ministerio de Gobierno en el marco del conflicto que generó la suspensión de la final del Fútbol Femenino. 

Específicamente,  la DPJ determinó que no se han presentado los balances de los años 2019, 2023 y 2024. Además afirman que las autoridades han realizado modificaciones unilaterales en la integración de la Comisión Directiva sin validación estatutaria legal. 

Por otro lado, afirman que faltan informes de la Comisión Revisora de Cuentas, "órgano encargado de velar por el cumplimiento normativo y el correcto desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial. A eso suman las denuncias judiciales que dan cuenta de irregularidades graves en la gestión de la entandad.

"Por todo ello, dispone adoptar medidas progresivas de menor a mayor rigurosidad que conduzcan a esclarecer y regularizar la situación administrativa, contable y patrimonial de la Liga Mendocina de Fútbol, preservando los destinos de la institución, el deporte mendocino y la comunidad en la cual se encuentra inserta", recomienda la Dirección de Persona Jurídica.

Para ello, establece distintas medidas apuntadas a regularizar la situación de la institución del fútbol. Si no tienen resultado, le sugiere al gobernador el camino de la intervención. Es decir, que nombre "un interventor para garantizar la continuidad institucional y el cumplimiento de los fines sociales". 

Sperdutti siente la presión del Gobierno y a través de un comunicado informó que adelantará las elecciones de autoridades para ponerle freno a las operaciones del cornejismo contra su gestión al frente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Las medidas sugeridas:

A- Inspección integral y requerimiento documental:

• Exigir la presentación de libros sociales, contables y documentación respaldatoria en legal forma, en especial el Libro registro de asociados.

B- Regularización contable y transparencia financiera:

• Implementar un sistema de rendición pública de cuentas con publicación trimestral de ingresos, egresos y destino de fondos.

• Acreditar la aprobación de la rendición de cuenta de cada uno de los subsidios nacionales y provinciales con su correspondiente documentación respaldatoria e informe del organismo otorgante.

• Disponer una auditoría externa independiente sobre los ejercicios observados: Balances 2019 - 2023 y 2024, con obligación de presentar informe detallado ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y los asociados

C- Fortalecimiento de órganos de control interno:

• Revisar el funcionamiento de la Comisión Revisora de Cuentas, sus registros, informes y asistencias a las reuniones del Consejo Directivo. Adjuntar nómina de sus miembros y vigencia en sus cargos.

D- Normalización institucional mediante actos orgánicos:

• Establecer un plazo perentorio de treinta (30) días hábiles para la presentación de documentación y cumplimiento de las medidas ordenadas, incluyendo: IPadrón de Asociados rubricado con detalle de asociados y registros de los últimos 3 ejercicios. II-Convocatoria a Asambleas Extraordinarias cuyo orden del día contenga: 1- Tratamiento y aprobación de los Balances por los ejercicios 2023 y 2024 con los informes de auditoría y Memorias correspondientes. 2- Tratamiento de la responsabilidad y gestión de los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas. 3- Tratamiento y consideración de las renuncias de los miembros del Consejo Directivo y de los Revisores de Cuenta. 4- Designación de los nuevos miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora especificando el término de sus mandatos según lo establecido en el estatuto.

• Como medida excepcional, se sugiere al señor gobernador la intervención de la entidad, según lo establece el art 61 de la Ley 9577, con designación de un interventor para garantizar la continuidad institucional y el cumplimiento de los fines sociales.