El desarrollo de la actividad minera en la provincia de Mendoza ha generado movilizaciones de distintos sectores de la sociedad que dudan de la capacidad de control del gobierno provincial. En ese contexto, desde el Ejecutivo intentan transmitir confianza y la Policía Ambiental Minera (PAM) implementó operativos de inspección y fiscalización sobre el transporte de áridos. Lo hizo en el marco del cumplimiento de la Guía de Tránsito de Minerales, que entró en plena vigencia el 5 de enero.

Los controles se realizaron en plantas de beneficio del tipo hormigoneras, con el objetivo de verificar la trazabilidad de los materiales, la legalidad de su origen y el cumplimiento de la normativa vigente. Según explicaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, las tareas de fiscalización se centraron en la verificación de las guías de transporte en los ingresos a las plantas, así como en la documentación emitida por estas hacia los destinos finales de los materiales procesados. En particular, se inspeccionaron guías correspondientes a vehículos que proveían minerales de minas de tercera categoría, corroborando la correcta identificación del origen, el tipo de mineral, los volúmenes transportados y el destino declarado.

De manera complementaria, se efectuaron controles sobre el estado general de los vehículos, “evaluando las condiciones de seguridad, la correcta disposición de la carpa de protección de la carga, el adecuado uso y configuración de los ejes rodantes” destacó el Jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickahm y agregó que también se verificó que los rodados contarán con la cartelería de identificación correspondiente al transporte de producto minero, conforme a la normativa vigente.

"Desde la Policía Ambiental Minera se destacó que estos operativos forman parte de un plan permanente de control y fiscalización, orientado a fortalecer la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas ambientales y mineras, promoviendo una actividad responsable y alineada con la legislación vigente en la provincia de Mendoza", remarca la gacetilla de prensa del Gobierno de Mendoza.

Es evidente la preocupación que genera en el Ejecutivo la continuidad de las movilizaciones en contra de Proyecto San Jorge. Si bien entienden que hay una porción de los manifestantes que son "antimineros", reconocen que otra porción se opone a la minería porque no confía en la autoridad de control. Claramente, a ese grupo intentan demostrarle que el Estado está en condiciones de fiscalizar. Lo llamativo es que recién ahora se empiece a controlar a las ripieras y se haga en este contexto.

Además, agregan que "durante las últimas semanas de diciembre se dictaron talleres de capacitación dirigidos a los organismos que realizan fiscalizaciones en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de unificar criterios de aplicación, fortalecer los mecanismos de control y garantizar una implementación homogénea de la normativa en todo el territorio provincial".