El fiscal Carlos Stornelli dispuso esta tarde que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.
La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas “incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”, según el dictamen al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.
“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.
Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.
“No puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”, dijo.
“De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postuló”, añadió. Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.
