El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes.
Esta dilación se da en un contexto de reorganización de la estrategia política oficialista tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de un nuevo diálogo con las provincias. El veto al Garrahan y la incertidumbre por los ATN generaron preocupación en los mandatarios provinciales.
Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan
El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el Gabinete nacional y sus fundamentos son:
- Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
- Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.
- Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.
- “Aumento desmedido e irresponsable”: El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.
