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Denuncian por encubrimiento en el caso Libra al titular de la Oficina Anticorrupción
Diputados de la Coalición Cívica afirman que hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, por presunto abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el criptogate Libra.
Los legisladores consideran que la OA actuó irregularmente al dictar la Resolución N° 9/2025, que determinó la ausencia de infracción ética por parte del presidente Javier Milei en el caso vinculado al token criptoactivo Libra.
La denuncia sostiene que la OA evitó realizar una investigación exhaustiva sobre la posible participación del mandatario en la promoción del criptoactivo, cuya difusión por parte del Presidente provocó fuertes movimientos especulativos en el mercado financiero y daños a numerosos inversores.
Ferraro y Frade expresaron que la resolución de la OA fue dictada sin análisis crítico de los argumentos esgrimidos por el propio Presidente y su equipo, lo que evidencia una “resolución hecha a medida para desligar de toda responsabilidad a Milei”.
En ese sentido, los diputados advirtieron que la OA, dependiente del Ejecutivo pero legalmente obligada a actuar con autonomía técnica, incumplió sus deberes de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses.
Además, denunciaron que no se tomaron en cuenta las posibles violaciones al Código de Ética Pública ni se consultó a la Comisión Nacional de Valores sobre eventuales infracciones en la promoción del activo financiero.
La denuncia reclama investigar posibles comunicaciones entre Melik y altos funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni, para esclarecer si existió una injerencia política que condicionara la resolución de la OA.
“En lugar de actuar con independencia para resguardar la ética pública, parece convertirse en una herramienta de blindaje político”, afirmaron los diputados nacionales en su presentación ante la Justicia federal.
La denuncia ahora deberá ser evaluada por el juez federal correspondiente, quien decidirá las acciones a seguir y las medidas de prueba solicitadas por Ferraro y Frade.
