El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada este lunes la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yañez para el envío del caso a juicio oral.
“Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”, explicó el dictamen del fiscal al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
El fiscal consideró que “se debe dar por concluida la instrucción del sumario” e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral. Al respecto se notificó a la defensa y a la querella y una vez concluida la ronda de consultas se resolverá sobre el envío del expediente a juicio.
La fiscalía explicó que “durante el trámite de la instrucción se produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas”.
“En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos”, agregó.
En cambio, “fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso”.
Al respecto destacó que “se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron” y remarcó que no se autorizaron medidas de prueba que ” pudiesen resultar re-victimizantes para con la denunciante”.
El ex presidente está procesado y embargado por diez millones de pesos por lesiones contra Yañez en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder” entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.
