“De mis derechos políticos, ni hablemos”

 La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy al Tribunal Oral Federal 2 por restringir su régimen de visitas mientras cumple con la prisión domiciliaria dictada tras la condena de la Corte Suprema a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Desde su cuenta de X, la ex vicepresidenta responsabilizó a la justicia de malversar la Constitución Nacional y el Código Penal y Procesal en su contra.

“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, remarcó.

En la misma línea, criticó: “El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida…”.

En paralelo, los abogados defensores elevaron un pedido a la justicia para revocar las restricciones en los ingresos. Según especificaron, el Tribunal solicitó la conformación de un listado de personas, que alcanza a su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y letrados, a ser entregado en el plazo de 48 horas para aprobar los ingresos a su domicilio.

En su publicación, la titular del Partido Justicialista continuó: “Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles”.

Por su parte, cerró el mensaje con una pregunta retórica: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”.

El posteo llega luego de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitara San José 1111, hogar de la dos veces mandataria, sin previo aviso y sin estar inscripta en el registro de ingresos a menos de 48 horas de haber comenzado a cumplir con la prisión domiciliaria.

Los argumentos en defensa de Cristina Kirchner

En el marco de la presentación judicial, los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon que su defendida, en carácter de titular del Partido Justicialista, no debiera solicitar autorización previa para registrar cada visita.

A través del escrito señalaron que “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, y remarcaron que más allá de la condena otorgada, Cristina Kirchner “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”.

“Como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada”, especificaron a través del escrito, respecto a la pública intención que elevó Luiz Inácio Lula da Silva de entrevistarse con la exvicepresidenta.

Por su parte, remarcaron: “Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas. En definitiva, los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”, aclararon.

Amparados en el principio constitucional de legalidad, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los abogados exigieron la garantías de preservación de las relaciones con el mundo exterior, en su mayor extensión posible, “asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano”. “Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos”, destacaron.

“Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el Tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados”, expusieron.

Por último, plantearon que “si se coartaran los derechos que le asisten a Cristina Fernández de Kirchner, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”.