La reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner ha desatado una respuesta desde diversos sectores, que denuncian el fallo no como el resultado de un proceso judicial imparcial, sino como la culminación de una persecución política, judicial y mediática. Se argumenta que esta condena es el desenlace de un proceso viciado, diseñado con el objetivo de proscribir a una figura política que ha obtenido un fuerte respaldo popular. Así lo señaló uno de los abogados de la expresidente, Gregorio Dalbon, a través de las redes sociales.
Los defensores de esta postura sostienen que la revisión de la sentencia es no sólo posible, sino "inevitable". Para ello, se apelará al nuevo Código Procesal Penal Federal, específicamente a su artículo 366, inciso f). Esta norma habilita la reapertura de una causa si un organismo internacional de derechos humanos dictamina que se vulneraron garantías fundamentales, una disposición de aplicación directa y obligatoria en Argentina.
Además, Dalbon confirmó que se impulsarán acciones a nivel internacional, llevando el caso a foros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las presentaciones se basarán en las posibles violaciones al principio de juez natural, parcialidad de los tribunales, inversión ilegítima de la carga probatoria, y una coordinada operación entre medios de comunicación y sectores judiciales.
El letrado también señaló que existe "un claro patrón de lawfare", es decir, el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política.
Por otra parte, enfatizó en que la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (a la que Argentina suscribe) obligan a revertir sentencias que contradigan los derechos protegidos por estos tratados. Los jueces argentinos tienen el deber de aplicar el "control de convencionalidad", privilegiando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este principio, se afirma, es vinculante y su aplicación será exigida en cada instancia judicial.
Finalmente, Dalbon indicó que que esta lucha trasciende el caso de una persona. "Lo que está en juego es la vigencia del Estado de Derecho y el futuro de la democracia", aseguró en X (exTwitter).
Y agregó: "Si se permite que el poder judicial sea instrumentalizado para disciplinar a opositores, se sentaría un precedente peligroso. La batalla, se concluye, es por la verdad, las garantías procesales, la justicia y la soberanía popular, porque cuando la justicia se arrodilla ante el poder, resistir no es una opción: es un deber histórico".
