¿Ocultan algo?
Dos municipios de Mendoza no están adheridos a la Ley de Acceso a la Información Pública
Lavalle nunca se sumó a la norma y Maipú dejó de estarlo en 2024. Cómo conoce la ciudadanía los actos de gobierno de ambos municipios.
A pesar de haber entrado en vigencia en 2018, dos municipios de la provincia de Mendoza no están adheridos a la Ley de Acceso a la Información Pública y, por ende, no permiten que la Oficina de Ética Pública canalice las solicitudes de la ciudadanía para acceder a datos específicos de la gestión en esas comunas. Se trata de la Municipalidad de Lavalle, que nunca adhirió, y la de Maipú, que sí lo estaba pero en marzo de 2024 dejó de hacerlo.
La iniciativa, que emula a la legislación nacional sancionada en 2016, apunta a fomentar la transparencia de la administración pública e impulsar la participación y fiscalización ciudadana sobre los actos de gobierno.
La norma provincial establece como autoridad de aplicación a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y ciertos mecanismos para pedir y presentar información.
El caso de Lavalle
El municipio conducido actualmente por el peronista Edgardo González promulgó en 2020 (cuando el intendente era Roberto Righi) la ordenanza 1129, con la que comenzó a regular el acceso a la información pública del departamento.
Así, la comuna establece su propio mecanismo para poder conocer estadísticas y datos de la institución: la solicitud se debe realizar de forma escrita a través de Ventanilla Única y la devolución se entrega en hasta 30 días hábiles.
Desde el entorno de González indicaron a El Medio que la disposición se tomó en la gestión anterior, pero ahora el foco está puesto en habilitar una web propia para el ingreso de consultas, aunque aún está en construcción.
Maipú y su oficina departamental
La situación de Maipú es particular. El Municipio sí estaba adherido a la Ley y, así, las respuestas se brindaban por la web de la Oficina de Ética Pública. En 2023 se desató el escándalo porque llovieron pedidos de acceso a la información y la mayoría eran enviados -según se apuntó desde el oficialismo departamental- por el legislador peronista, pero opositor a Matías Stevanato, Duilio Pezzutti.
De hecho, en el segundo informe trimestral del organismo en 2024 se dio cuenta de la situación: 15 de 18 pedidos fueron ingresados por un mismo solicitante.
A partir de junio de 2024, entró en vigencia la Oficina de Acceso a la Información Pública Municipal. La propuesta surgió a partir de un proyecto de ordenanza de Alfredo Mancifesta, del bloque Demócrata Libertario, y quien administra el área es un vecino sin afiliación partidaria.
Si bien el objetivo fue desburocratizar la respuesta a los pedidos de informe, el decreto reglamentario que regula el organismo extiende los plazos para las contestaciones en hasta 210 días hábiles: además, se debe enviar un correo para recibir un formulario y la información se entrega en mano en el municipio.
Estadísticas de la Subdirección de Acceso a la Información Pública
El informe del primer trimestre de 2025 de la Subdirección de Acceso a la Información Pública resalta que durante ese periodo ingresaron 311 pedidos, de los cuales ya se respondieron 234 y 68 todavía están en "gestión legal", es decir, tienen plazo para contestarse.
El 36% de las solicitudes son cursadas por personas que tienen otras herramientas institucionales para llegar a la información, como legisladores o concejales.
