El proyecto de ley para combatir la ludopatía y las apuestas en línea en Argentina, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a finales de noviembre del año pasado, se encuentra congelado en el Senado. La demora se debe a la presión del lobby empresarial y a la complejidad del dictamen aprobado, que abarca múltiples áreas y, en teoría, debería ser tratado por diversas comisiones.
Senadores de distintos bloques buscan agilizar el proceso proponiendo la reducción a dos comisiones y la realización de una reunión plenaria para debatir el proyecto. Sin embargo, la situación se complica por la existencia de múltiples proyectos de ley de senadores con diferencias significativas respecto al aprobado en Diputados, un diferendo que no se ha logrado resolver desde principios de marzo.
Restricciones propuestas y debates
El texto remitido al Senado incluye fuertes restricciones en su artículo 8, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en todo el país. Esta prohibición abarca plataformas y redes sociales, tecnologías de la información y comunicación, medios audiovisuales, publicidad exterior, indumentaria deportiva y cartelería en la vía pública o espacios privados de uso público. También se extiende a medios gráficos, radiales, televisivos y cualquier otro medio de comunicación actual o futuro.
A pesar de estas amplias prohibiciones, el artículo 8, que fue aprobado en Diputados con una mayoría significativa (134 votos a favor), permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el proyecto busca prohibir el acceso de jóvenes a plataformas digitales y la publicidad de juegos de azar en camisetas de fútbol y espectáculos masivos. Se establecen penas de tres a ocho años para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización competente.
El carácter restrictivo de la normativa ha generado debates sobre la competencia del Congreso para legislar sobre temas que podrían ser considerados de jurisdicción provincial, donde la recaudación es un factor clave. No obstante, los impulsores del proyecto argumentan que el Poder Legislativo tiene la facultad de avanzar en esta regulación al tratarse de una cuestión de salud pública.
