Sobre formas de gobierno autoritarias y personalistas

Es mucho lo que se habla y se dice sobre las formas que tienen diferentes gobiernos para conducir un Estado. Están los que son más tolerantes, democráticos y abiertos. Pero también están los autoritarios, personalistas, que no dudan en utilizar a su favor el poder político para beneficiarse con mayorías en cuerpos legislativos y lograr controlar el Poder Judicial, entre otros resortes de la administración pública. Entre esas tensiones hemos vivido muchas veces en Mendoza.

“Con la justicia en manos del gobernador, es poco probable que las denuncias en su contra hayan prosperado en el ámbito judicial mendocino”, dice en su libro La Fragilidad de la Memoria el historiador Jorge Ricardo Ponte sobre el gobierno de Emilio Civit. También recuerda sobre el gobernante conservador que “en una región semidesértica como Mendoza, con un sistema de explotación agrícola basada en el riego artificial, quien detentaba el poder político disponía de la posibilidad de hacerse asignar derechos de riego mediante ley de la Legislatura provincial. La elite gobernante es acusada por la oposición de usar y abusar de esa posibilidad. Es más, se ha dicho que la clave del poder político de la época residía, precisamente, en esta potestad de los Gobiernos y que, con ella, se premiaba a los amigos y se castigaba a los enemigos”.

Sobre las características del gobierno de Civit, agrega que se solicitaba en “un pedido al Gobierno Nacional para intervenir la provincia -realizado por Julián Barraquero- para quitar de las manos de los gobernadores politiqueros ese formidable torniquete electoral. Pues bien: el señor Gobernador (Civit) que ya tenía en sus manos la Justicia y la Legislatura, ha hecho sancionar leyes arrebatándole al Departamento de Irrigación su autonomía, para poder otorgar a su arbitrio concesiones de agua en todos los ríos de la provincia. Con ese maravilloso resorte se han realizado colosales negociaciones. Una sola concesión de agua en San Rafael para noventa mil hectáreas, que fueron compradas en remate a diez y seis pesos, representa una utilidad de más de quince millones de pesos”.

Los Andes, diario opositor al gobierno de Civit, lo llamó “el tirano hidráulico” y así tituló un artículo desde que comenzó a usar el agua como fuerza política incontestable. “Para otorgar una concesión de agua, según la legislación del momento, el pedido se tenía que aprobar con los 2/3 de la legislatura, por lo que se infiere que este quórum no se podía lograr nunca de no mediar la intervención personal de Civit, según denunciaba Los Andes. En sus páginas transcribe un artículo del diario La Capital, se supone que, de Rosario, fechado en Mendoza el 25/2/1908 en el que se indica que la Legislatura mendocina sancionó una ley concediendo los derechos de agua para 5.000 hectáreas en San Rafael al gobernador de la provincia Emilio Civit”, dice Ponte. “La Legislatura, por este medio regala al gobernante cinco millones de pesos, que es lo que valdrán esos terrenos con la concesión, tenemos que fueron adquiridas por veinte mil pesos”, esto último se publicó en Los Andes el 28/2/1908.

La dinámica funcionaba así según Los Andes:

-Se compraban baratas tierras incultas y sin derechos de agua.

-El estudio Wauters, pagado por el Gobierno, aconsejaba redistribuir los cupos de agua porque los actuales eran excesivos.

-Las tierras con derechos eventuales se transformaban en derechos permanentes.

-Ya podían o vender las tierras, más caras al tener derecho a riego, para colonizaciones agrícolas; o ponerlas a producir con los préstamos que el Banco de la Provincia ponía a disposición de los productores agrícolas.

-Emilio Civit compró tierras en San Rafael dos meses después del pago de $ 96 mil en honorarios al Ingeniero Wauters. “Los Andes afirmaba que le habían costado $ 20.000. De ser ciertas las acusaciones que, desde el diario opositor le hacían al gobernador, se comprende aquel discurso al asumir su segunda gobernación, cuando Civit decía: ´El Estado tendrá que ser, entre nosotros, por muchos años, el único factor posible que cree y fomente la producción (Los Andes 10/3/1898) ´”, indica Ponte en su libro.

Otro historiador que ha estudiado en profundidad estas características del gobierno de Emilio Civit es Pablo Lacoste, quien en su libro La generación del ´80 en Mendoza (1880-1905), afirma que también Civit se ocupó de anular reformas constitucionales que habían logrado sus compañeros políticos (los Cívicos) y optó por anular la autonomía del Poder Judicial, así el gobernador podía remover los jueces; la de los municipios y la del Departamento General de Irrigación. Estas características del gobierno de Civit, sin dudas impactaban en la institucionalidad de la provincia. También durante su gobierno, se realizaron cosas importantes de las que nos ocuparemos en otro texto.

En otro libro, Los “gansos” de Mendoza, Lacoste explica como la persona que tenía el control del Gobierno, lograba manejar distintos resortes claves sobre los intereses privados como el agua, a través de Irrigación, y el crédito, con los bancos oficiales. “Los conservadores explotaron estos recursos con notable maestría. Nelson examinó las maniobras de Emilio Civit al respecto y descubrió innumerables irregularidades, entre ellas: 1) ventas directas de tierras públicas y concesiones de riego sin concursos públicos; 2) privilegios para vender a latifundistas antes que a pequeños propietarios; 3) ventas a través de testaferros para ocultar favoritismos por el grupo oficial; 4) ventas a forasteros antes que, a pioneros locales, estimulando el ausentismo”.

Pero Civit no fue el único, después vinieron otros. Lacoste en su texto El Lencinismo, denuncia que “la intolerancia del lencinismo hacia las demás fuerzas políticas cristalizó en un intento de controlar totalmente los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro del Poder Ejecutivo, el conflicto se presentó en torno de la figura del vicegobernador Delfín Álvarez. Tras una inferencia de criterio con José Néstor Lencinas, Álvarez fue considerado traidor al movimiento. Además, el delicado estado de salud de Lencinas indicaba que en cualquier momento Álvarez podía quedar como gobernador de Mendoza. Los lencinistas procuraron evitar esa posibilidad a todo trance y aprovecharon para ello su mayoría en la Legislatura”.

Como consecuencia, “Álvarez debió afrontar dos juicios políticos, hecho sin precedentes en la historia política de Mendoza. En el primero, Álvarez, acusado de ‘loco’, fue exonerado de su cargo. Una vez repuesto en el mismo tras la intervención federal, la Legislatura decidió nuevamente hacerle juicio político y, sin motivos razonables, lo expulsó nuevamente de su cargo. Tampoco mostró el lencinismo capacidad de admitir el disenso en el Poder Legislativo. Tras las elecciones de abril de 1918 fueron consagrados ocho lencinistas por mayoría y cuatro conservadores por minoría, cuyos diplomas fueron rechazados”.

Lacoste cuenta que “las medidas del gobierno lencinista no siempre podían enmarcarse dentro de la legislación vigente. Este problema no preocupaba la conciencia movimientista del lencinismo, pero sí al Poder Judicial. Los jueces mendocinos habían sido nombrados durante los gobiernos conservadores y por lo tanto se mantenían independientes al lencinismo. Cuando el oficialismo se excedía en sus atribuciones, llegaban rápidamente los reclamos al Poder Judicial. Ese cuerpo declaró la inconstitucionalidad de diversas medidas, ordenó la libertad de periodistas presos y la reposición de funcionarios como el vicegobernador Álvarez”.

“El Poder Judicial se convirtió en un obstáculo permanente para el lencinismo y este decidió eliminarlo. Para ello optó por diversos caminos; en primer lugar, el gobernador declaró a los jueces en comisión, para luego removerlos de sus cargos. Esta medida fue anulada por las intervenciones federales; pero cuando el lencinismo recuperó el poder, apeló al juicio político a través de la Legislatura”, señala el historiador.

Muy bien, ¿qué le está faltando para parecerse a Civit? Lacoste lo explica: “Irregularidades parecidas se verificaron en el terreno de Irrigación. Los conservadores habían manipulado el ‘torniquete’ del agua durante décadas para presionar a sus adversarios; los radicales protestaban por estas medidas coactivas de ‘guante blanco’, pero sin éxito. De todos modos, al entregar la provincia en 1917, los conservadores ya habían organizado un sistema relativamente autónomo en la materia, que reservaba a los terratenientes el derecho de elegir las autoridades de Irrigación. Pero con el cambio de Gobierno se produjo también el cambio de roles. El lencinismo renegó de sus banderas de oposición y aplicó la misma política que había condenado en sus adversarios. Se anularon las elecciones y el Gobierno se hizo cargo de los nombramientos en forma directa”.

Pero se puede ir más allá todavía, varios lo hacen. “Las tendencias a controlar la suma del poder se manifestaron también en el ámbito laboral. Si bien Lencinas reconocía la importancia de la legislación social, no estaba dispuesto a admitir las movilizaciones de los trabajadores que no respondiesen a su control. En este marco se desarrollaron una serie de conflictos, que comenzaron con los docentes”.

Lacoste destaca que “el gobierno lencinista trasladó sus contradicciones y su caótica organización interna a la administración pública. Para financiar actividades de diversa índole, desvió recursos destinados al sostenimiento de las actividades estatales. De esta forma, comenzó a retrasar el pago de los salarios docentes. La situación se prolongó por varios meses hasta que se produjo la reacción del claustro. Los docentes iniciaron una serie de huelgas que tuvieron importante acatamiento. El gobierno determinó suspender a los dirigentes de la organización, ante lo cual el gremio procuró la solidaridad de los demás sectores sociales y como consecuencia se organizó una huelga general. El Gobierno no aceptó este tipo de disenso. Ordenó una violenta represión policial, exoneró de sus cargos a algunos maestros y ordenó la deportación de varios trabajadores”. Lencinas tuvo varias iniciativas sociales destacadas, pero gobernó con mano de hierro y opacó sus avances con sus persecuciones.

Asegurarse el Poder Legislativo, impunidad mediante el control del Poder Judicial, manejo del destino del agua a través de Irrigación, limitación de reclamos salariales de los trabajadores, interesantes factores a tener en cuenta cuando se analiza la calidad institucional de una provincia. Estos parecen ser los requisitos en Mendoza, para formar un gobierno autoritario y personalista.