Corrupción
La provincia clandestina que quedó expuesta por el caso Bento
La investigación ha dejado al descubierto una trama oculta de ilegalidad que, durante años, funcionó impunemente en la provincia, con connivencia en distintos niveles del Estado y la sociedad mendocina.
Cada vez falta menos para la hora del veredicto en la causa que tiene sentado en el banquillo de los acusados al exjuez federal Walter Bento. Este miércoles se retoman los alegatos y habrá que esperar algunos meses para conocer el fallo del Tribunal Oral Federal N°2. Pero más allá del sismo que generó este caso en la Justicia Federal y el cambió radical que implicó en la vida de una de las familias que más poder tuvo en la provincia de Mendoza, lo que ha quedado al desnudo durante las largas jornadas de audiencia ha sido el aceitado mecanismo de contrabando que funciona en la frontera con Chile. Funcionarios aduaneros corruptos, policías cómplices y un aparato judicial bajo sospecha son las graves revelaciones de una causa que aún sigue sacudiendo los pilares de la provincia.
El caso Bento ha dejado al descubierto que Mendoza es mucho más que la tierra del sol y del buen vino. Las causas que se han ventilado en el Tribunal Oral Federal N°2 muestran la cara más oscura de una provincia en la que el contrabando es moneda corriente. Su ubicación estratégica y el alto flujo de carga que transita por el paso Cristo Redentor son un combo perfecto para que ingrese y egrese mercadería sin declarar.
Contrabandistas y traficantes han pasado por el banquillo, acusados de pagar coimas al juez federal Walter Bento a través de abogados y otros integrantes de una presunta asociación ilícita. Dirigentes de Aduanas y altos funcionarios de la ex AFIP han quedado vinculados a un circuito clandestino que durante años ha funcionado en la provincia. Vecinos de los barrios privados más exclusivos de Mendoza esconden detrás de las fachadas de sus costosas viviendas negocios oscuros al margen de la ley.
Uno de los testimonios que complican a Bento es el del contrabandista Javier Santos Ortega, apodado "El Villano". Santos Ortega no solo afirmó haber pagado 722 mil dólares en coimas para que Bento lo dejara en libertad. También dijo que días antes de que lo allanaran el extitular de la aduana, Javier Ruggero, se presentó en su galpón para decirle que lo iban a allanar si no pagaba para evitarlo.
"Yo tenía muchas llamadas de Aliaga en las que me decía que tenía que juntar la plata. Presionaba. Que el jefe quiere la plata, que el jefe quiere la plata. Me volvía loco", manifestó en su declaración indagatoria Javier Santos Ortega.
La causa Bento comenzó luego del secuestro y muerte de Diego Aliaga, despachante de aduana que era vecino de Bento en el barrio Palmares y jugaba al truco con otros vecinos de ese barrio. Entre ellos, contrabandistas -ahora condenados- y abogados de renombre que defendían a algunos de esos delincuentes. Según se ha reconstruido durante el juicio, en la casa de Diego Aliaga jugaban el contrabandista Daniel Martínez Pinto, y los abogados Francisco Álvarez, Jaime Alba y Luciano Ortego.
Muchos de los acusados de cohecho en la causa han sido condenados por causas de contrabando. Camiones abandonados misteriosamente en el medio de la ruta con mercadería de contrabando, funcionarios de aduana pidiendo coimas, policías cómplices y redes de negocios ilegales montados alrededor del tráfico ilegal de productos desde Chile. Esa Mendoza clandestina quedó expuesta de forma descarnada.
Mercadería que ingresaba sin declarar con complicidad de aduaneros, galpones en los que se escondían productos que ingresaron de contrabando a la provincia. La causa Bento no solo ha convulsionado a Tribunales Federales, ha destapado la cloaca dejando ver la podredumbre que existe en una provincia que desde hace años presume transparencia e institucionalidad. En esa provincia el juez más poderoso de tribunales federales fue removido por desorden de conducta y enfrenta duras penas acusado de asociación ilícita, prevaricato, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.
El caso ha puesto en duda la honestidad de los más altos funcionarios judiciales de la provincia. Las esquirlas han alcanzado incluso al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, amigo personal de uno de los abogados procesados y apuntado por un informante policial por “amañar” causas en la justicia provincial. A lo largo de las audiencias nombres de otros jueces y fiscales federales han sido repetidos por distintos imputados que los involucran en maniobras ilegales. De forma caprichosa, en algunos casos se ha sacado compulsa para investigar la veracidad de esas declaraciones, en otros casos ha quedado en anécdota. El criterio en ese sentido nunca fue claro.
La Mendoza turbia incluye informantes policiales como el propio Diego Aliaga o Enzo Diego Stuto, que se codean con el mundo del hampa y al mismo tiempo tejen negocios con comisarios y funcionarios judiciales. Prófugos que se enteran de los allanamientos antes de que ocurran, narcotraficantes que intercambian mensajes con policías. Funcionarios judiciales que se quedan con inmuebles de imputados. La trama oculta del telar tiene nudos insospechados. Abogados que aprietan a familiares de detenidos para que paguen sumas millonarias a cambio de beneficios judiciales.
A lo largo de las últimas semanas la fiscal Gloria André ha ido exponiendo las pruebas que comprometen a los integrantes de la asociación ilícita que integrarían Walter Bento, Diego Aliaga (fallecido), Jaime Alba, Luciano Ortego, Francisco Álvarez, Martín Ríos, Matías Aramayo, Javier Angeletti, Jorge Omar Miranda (fallecido), Javier Moschetti y Walter Bardinella Donoso. La fiscal ha intentado demostrar el vínculo estrecho que existía entre Walter Bento y Aliaga, quien habría sido el encargado de bajar las órdenes al resto de la banda para lograr beneficios judiciales a cambio de coimas. Las llamadas entre el por entonces juez federal Walter Bento y el despachante asesinado Diego Aliaga son una de las pruebas que más complican al exmagistrado. Llamados que Bento intenta negar pero que al mismo tiempo debe admitir que existieron.
Pero el caso Bento va mucho más allá. Jueces, fiscales, comisarios, funcionarios de AFIP, abogados, políticos, empresarios de renombre, todos han quedado salpicados por el lodo que afloró en la causa judicial que debería resolverse antes de fin de año. Una Mendoza clandestina que funciona de forma aceitada y que se esparce a niveles insospechados.
