Dalvian-UNCuyo: una historia de poder que lleva casi cuatro décadas

En los pasillos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), algunos se animan a contar el chiste. “La gente no entiende, el muro se levantó para que no avance Dalvian”. Es que, hace 40 años, concretamente en 1986, comenzó el litigio judicial entre Alfredo Vila, por entonces dueño de Dalvian, contra el Estado nacional por la titularidad de casi 32 hectáreas ubicadas en la ciudad de Mendoza, al oeste de la calle Champagnat, entre el barrio privado y el club de la Universidad Nacional de Cuyo. En estas casi 4 décadas, a través de la vía judicial, la casa de estudios ha conseguido recuperar 6 hectáreas devueltas voluntariamente por el barrio privado pero a las que la Universidad no tiene acceso. También logró sentencia a favor por otras 5 pero la firma no las ha devuelto. En el medio, hubo intentos de arreglos y propuestas increíbles. El litigio sigue y quedan otras 19 hectáreas que podrían ser reclamadas una vez entregadas las que no han sido dadas a la UNCuyo. Se calcula que el monto de los terrenos es de 400 millones de pesos.

Ocupación, principio del conflicto y fallos a favor

En la década del ‘60, Alfredo Vila ocupó las casi 32 hectáreas ubicadas al oeste de la Avenida Champagnat, limitando al norte con la Compañía Mendocina S.A. (Comensa); al sur con Neotec, Dumit, Palmero y otros; al este con la Avenida Champagnat y al oeste con María Amelia Cano de Aguirre. Esas hectáreas están dentro del “Polígono de Tiro” de 46 hectáreas que eran del Ejército y que se le entregó a Universidad. Vila, utilizó al principio el lugar para instalar una ripiera y vender ripio. Así fue como con el tiempo, Vila reclamo ante la justicia la propiedad de los terrenos por llevar más de 20 años ocupándolos.

El primer fallo en la justicia federal de Mendoza lo dictó el juez federal Alfredo Manuel Rodríguez, entre otras cosas, consideró que, si bien el Estado Nacional incluyó en el patrimonio de la Universidad el “polígono de tiro” de 46 hectáreas que pertenecía al Ejército, hubo una desafectación tácita. Eso abría la puerta para dar por legítimo el reclamo de Vila. Rodríguez decidió que de las 31 hectáreas que reclamaba Alfredo Vila por haberlas tenido 20 años en posesión, 19 eran del empresario. La UNCuyo, apeló el fallo y la Cámara, a mediados de junio de 2007, rechazó el planteo de la casa de estudios  y del Poder Ejecutivo Nacional por las 19 hectáreas reconocidas a Vila. El empresario  se había agraviado pues tenía que pagar sus abogados. La Cámara excediéndose, le otorgó las otras 12 hectáreas que no había reclamado. para completar las 31 pedidas originalmente por el empresario.

Ante esta situación, la UNCuyo accionó ante la Corte Suprema debido a que el Estado Nacional tiene un segundo recurso de apelación si la demanda supera determinado monto y era el caso de los terrenos reclamados. Eso se tramitó en la Cámara Federal de Mendoza y fue rechazado por el juez Julio Petra. Así entonces, se presentó directamente un recurso de queja ante la Corte para que tratara el caso, el punto a definir desde lo jurídico, era si los terrenos tenían alguna afectación pública por parte del Estado Nacional.

Desde la casa de estudios, la rectora María Victoria Gómez de Erice, tomó una posición muy activa y organizó distintas marchas en protesta del fallo dictado por la Cámara Federal en favor de Vila. El día de la bandera, el 20 de junio del 2007, 3 mil personas llegaron hasta los terrenos en litigio. “La bandera argentina representa lo que nuestros ancestros nos legaron y hoy representa la patria que nosotros queremos. Nosotros queremos una patria inclusiva en la que se terminen los hechos de marginalidad. La Universidad y sus terrenos son patrimonio de los argentinos, algo envidiado en muchas partes del mundo, porque aquí se puede estudiar en forma gratuita”, dijo la rectora. También asistieron los ex rectores Luis Triviño, Armando Bertranou y Francisco Martín. “Deseo que la institución educativa pueda recuperar los terrenos que le corresponden. Es un bien patrimonial de la Nación y los grupos económicos deben buscar otros espacios”, comentó el Padre Jorge Contreras que también asistió a la marcha.

En 2011, el Consejo Superior de la UNCuyo emitió la resolución 357. En los considerandos indicaban que “que el sector científico ha podido comprobar que el Gran Mendoza crece en forma desordenada hacia el piedemonte, por lo que se aceleran los procesos erosivos en este ecosistema de gran fragilidad, lo que provoca un incremento de la probabilidad de riesgo aluvional. A esta amenaza se suma la sísmica, fenómenos físico-naturales que potencian entre sí”. Entre otros argumentos resuelven declarar de interés científico y educativo las 33 hectáreas pertenecientes al Polígono de Tiro, que a la fecha se encuentra en litigio. En el artículo 2 disponen “la realización de todos los actos pertinentes por ante la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza y toda otra actividad competente, a fin de propiciar la conformación y declaración de “Reserva Natural y/o Área Protegida” a dicho sector y otros terrenos propiedad de la UNCuyo que forman parte del piedemonte en situación de riesgo ambiental.

Fallo a favor

Así fue como 27 años después de iniciado el juicio en 1986, en setiembre del 2012, la Corte emitió un fallo a favor de la UNCuyo en el que se preocupó primero por aclarar algunos temas pasados debido a que el juicio había tenido dos instancias previas:

“Que contra el pronunciamiento que denegó el recurso ordinario, el Estado Nacional interpuso recurso de queja (V.499.XLIII). Este Tribunal declaró formalmente admisible el recurso ordinario de apelación interpuesto (fs. 1837). A fs. 1563 esta Corte hizo lugar al recurso de hecho V.498.XLIII, declaró admisible el recurso extraordinario y suspendió la ejecución de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2007 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en los autos caratulados "Vila, Alfredo Luis c/ Gobierno de la Naci6n y/o PEN por usucapión (título supletorio)" (n° 65054-V-992). Asimismo, dispuso que para el caso de que se hubiesen llevado a cabo inscripciones registrales del inmueble en litigio, se mande asentar en el registro respectivo que la sentencia que admitió la usucapión no se encuentra firme debido a la interposición ante esta Corte de los recursos nominados como V.497.XLIII, V.498.XLIII y V.499.XLIII”.

Ya sobre lo referido al dominio público sentenció que “…mediante la ley 17 (octubre de 1896) el Gobierno de la Provincia de Mendoza donó al Gobierno Nacional dos fracciones de terreno de una superficie de 101 hectáreas, 807 m2. En dicha norma local se establece: "Autorizase al Poder Ejecutivo [de la provincia de Mendoza] para donar a la Nación, con destino a la construcción de cuarteles, campo de tiro y anexos, ciento una hectáreas ochocientos ochenta y siete metros de terreno fiscal, que se ubicaran al Norte de la Cárcel Penitenciaria en construcción y entre los Canales del Oeste y Jarillal, así como también cuarenta y seis hectáreas setecientos setenta y dos metros al Oeste del Canal de este nombre hasta llegar al cerro de la Angostura" (articu101). Dicha donación fue protocolizada mediante la escritura n° 216 del Protocolo del escribano Francisco Alvarez el 15 de marzo de 1898, inscribiéndose al n° 759 del Tomo V del Registro de Propiedad Raíz del Departamento Capital (fs. 13 y siguientes)”.

“A su vez, por Ley nacional 22.207 se incluyeron en el patrimonio de cada Universidad los bienes del Estado Nacional que estuvieran afectados al uso de cada una de ellas (artículo 63, inciso b). Por su parte, el Estado Nacional prestó conformidad quedando el Polígono de Tiro afectado al destino de ampliación de la Ciudad Universitaria. Esta afectación se inscribió en el Asiento de Dominio n° 759 Tomo V del Departamento Capita1: " afectado al patrimonio de la Universidad Nacional de Cuyo el de nominado Polígono de Tiro el que según plano está ubicado en la localidad de Alto Godoy- Depto. Capital con una superficie total del polígono CNOP de cuarenta y seis Has. setecientos setenta y dos mts. al norte...". De aquí se sigue que se pueda afirmar que los terrenos que la parte actora pretende usucapir, fueron primero afectados por el Estado al uso militar y posteriormente a la ampliación de la ciudad universitaria de la UNC”.

Aclarado esto, en el fallo los ministros también echan luz sobre la afectación y la usucapion:

“…de las constancias del expediente no surge la existencia de actos o hechos de los que se pueda derivar la desafectación que pretende el actor. Tal como se estableció ut supra dichos actos o hechos deben ser indudables y manifestarse por constancias inequívocas de las que se desprenda una evidencia absoluta de la desafectación, las que no se encuentran presentes en el sub lite. Por el contrario, en el presente caso ha mediado una continuación del uso público del bien, toda vez que el Estado Nacional transfirió el predio en litigio -oportunamente afectado al uso militar del Ejército Argentino- a favor de la UNC con el objetivo de ser destinado al uso educativo. De aquí se sigue que si no se ha acreditado de manera suficiente que mediaron por parte del Estado Nacional actos o hechos que importarían la desafectación de los predios que ocupa, resulta improcedente el instituto de la usucapion, por lo que corresponde rechazar la demanda”.

Finalmente, los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay decidieron que “…se rechaza la demanda y se ordena el desalojo del actor del terreno en cuestión…”. Recordemos, eso fue en setiembre del 2012.

Por su parte, la familia Vila, informó a través de diario UNO, que desistía del juicio que tienen en contra de la Universidad Nacional de Cuyo por unos terrenos, sin embargo, advertían que esa decisión no afectaba “posibles acciones” que “otras personas” pudieran presentar contra la UNCuyo. El entonces rector de la casa de estudios, Arturo Somoza, sobre este punto dijo que: “no hubo una presentación formal ante la Corte, ya que, de haberse producido, el fallo la hubiera mencionado”. 

En 2012 otro hecho complicó las cosas, es que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a cargo entonces de Víctor Fayad, autorizó la construcción de un supermercado VEA en la zona de los terrenos en litigio. Ante esta situación el entonces rector Arturo Somoza anunció que analizaban denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público a las autoridades provinciales de la Dirección de Hidráulica, a los funcionarios de la Municipalidad de la Capital por haber dado lugar a la edificación del comercio, siendo que después del fallo de la Corte, no se podía urbanizar el terreno. También se incluía a la jueza federal Olga Pura de Arrabal.

Pero la devolución de los terrenos seguía demorada. Abogados del Estado Nacional fueron a los terrenos en disputa para hacer una inspección ocular junto con abogados de la familia Vila y detectaron viviendas construidas en los terrenos, lo que dificultaba la devolución de los terrenos. Al tiempo, Dalvian devolvió a la Universidad 6 hectáreas sin posibilidad de acceso, ubicadas dentro de las 31 reclamadas.

Intento de arreglo y ofrecimiento descabellado

En 2015, los sucesores de Alfredo Vila le hicieron un ofrecimiento a la UNCuyo de entregarles 42 hectáreas para terminar con el litigio judicial, ubicadas al suroeste del club de la casa de estudios. Pero, de las 42 hectáreas, sólo 20 se podían ocupar y no tenían ni derecho de agua, ni mejoras, ni servicios, ni acceso a calles públicas y poseen monte natural. En las otras 12 hectáreas había problemas serios, más de una hectárea era de la UNCuyo y en el resto había dos cauces aluvionales, uno principal y otro secundario al Arroyo Papagayos y también los cerros San Felipe y La Herradura. En definitiva, se ofrecían terrenos que no eran de Dalvian ni de la familia Vila. Así fue como el 31 de octubre del 2016, a través de la Resolución 1482 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo rechazó la propuesta de solución efectuada por los sucesores de Alfredo Vila.

Mientras tanto, al Estado y a la UNCuyo le rechazaron el pedido en primera instancia y también en la Cámara. Finalmente este mismo Tribunal rechazó formalmente el Recurso Extraordinario Federal y entonces tanto el PEN como la UNCuyo fueron directamente en queja ante la Corte Federal.

La jueza federal Olga Pura de Arrabal se excusó de seguir en el juicio y el litigio pasó a San Juan. Los terrenos seguían sin devolverse y en setiembre del 2017, el juez federal sanjuanino, Leopoldo Rago Gallo, dispuso la devolución de 5 hectáreas para la UNCuyo y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno”, medida que sigue sin cumplirse por parte de Dalvian. “Como la Corte no tiene plazos, tenemos que esperar”, dicen desde la Universidad. Desde Dalvian no quisieron brindar declaraciones.