El Gobierno se niega a enviar los contratos de pauta a la Corte
A través de distintos recursos intentan bloquear las medidas de prueba que solicitó el máximo tribunal por incumplimientos de la ley 6496 que regula la administración de la pauta.
La Suprema Corte está esperando una copia de los contratos millonarios que el gobierno de Mendoza firmó con las consultoras DNY y MDA en concepto de pago de "pauta oficial" y también fijó audiencia para que el 19 de febrero Pablo Sarale, Leonardo Aballay y Alejandro Donadell justifiquen los desembolsos a las consultoras vinculadas a Santiago Durany. Sin embargo, desde el gobierno intentan evitar que eso ocurra y presentaron distintos recursos de reposición afirmando que la prueba solicitada por los denunciantes es "impertinente".
La Suprema Corte está esperando una copia de los contratos millonarios que el gobierno de Mendoza firmó con las consultoras DNY y MDA en concepto de pago de "pauta oficial" y también fijó audiencia para que el 19 de febrero Pablo Sarale, Leonardo Aballay y Alejandro Donadell justifiquen los desembolsos a las consultoras vinculadas a Santiago Durany. Sin embargo, desde el gobierno intentan evitar que eso ocurra y presentaron distintos recursos de reposición afirmando que la prueba solicitada por los denunciantes es "impertinente".
La maniobra parece un intento desesperado para bloquear la medida de prueba que autorizó la Corte en la causa que se abrió por incumplimientos de la ley 6496 que regula la administración de la pauta. Si no hubiese nada irregular, el Gobierno de Mendoza no debería tener problemas en remitir la información solicitada. Pero por el contrario, han apelado a chicanas legales para desactivar las testimoniales y -sobre todo- no mostrar los contratos firmados con las consultoras de Durany.
El denunciante Marcos Neirotti, de la ONG Fiscalía Ciudadana, asegura que la reacción del Ejecutivo es extemporánea y que la instancia para oponerse a la medida de prueba ya pasó. "Pretender ahora, mediante este recurso de reposición, que se revoque la decisión judicial sobre la base de una supuesta 'cuestión de puro derecho', no es más que una táctica dilatoria para evitar que se investigue el fondo del asunto, eludiendo la búsqueda de la verdad material", esgrime.
La denuncia por incumplimientos de la ley 6496 que regula la administración de la pauta oficial fue presentada por Neirotti, con el patrocinio legal del excandidato a diputado nacional Gabriel Sottile. En 10 años, las consultoras DNY y MDA habrían cobrado (entre ambas) 31 millones de dólares en pauta, solo de la administración central sin que exista licitación ni competencia de precios. En los primeros 8 meses del 2025, DNY Consultores recibió 444 millones de pesos de pauta oficial, mientras que en el mismo periodo de tiempo MDA Consultora cobró 460 millones de pesos por el mismo concepto. Sin contar contratos con entes descentralizados como ATM.
Gabriel Sottile.
El titular de MDA Consultora es Santiago Durany, pero existen nexos entre ambas consultoras. El titular de DNY Consultores es Federico Orcajada, quien al mismo tiempo es Gerente de Administración de MDA Consultora. Lo que no está claro es por qué servicios han recibido los desembolsos y eso es lo que se podrá constatar cuando se remitan a la corte los expedientes administrativos y contratos que firmaron con el gobierno provincial.
La denuncia que llegó hasta la Suprema Corte tiene un origen particular. El 25 de octubre del 2024 la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública rechazó el recurso de incumplimiento interpuesto por Marcos Neirotti en queja por las respuestas incompletas que recibía al requerir información vinculada a la pauta oficial. Según la ley 6496 sancionada en el año 1997, se deben presentar "informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública" y esos son los informes que solicitó. Como no los consiguió y la Oficina de Ética Pública le rechazó el recurso afirmando que la ley no está vigente, Neirotti presentó una Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte.