La legisladora porteña Graciela Ocaña calificó de “verdadera vergüenza” la reciente absolución de altos funcionarios y dirigentes de la AFA en la causa de corrupción conocida como Fútbol para Todos, un programa que, según la denunciante, constituyó una “defraudación de fondos públicos” multimillonaria.

La decisión judicial se vio habilitada por la desestimación de la acusación fiscal, la cual fue anulada por los jueces por considerar que incurría en una “condena selectiva” y por falta de “congruencia legal”.

Ocaña insistió en que la evidencia de la malversación está presente y criticó tanto la sentencia como el accionar de la fiscalía. “Yo creo que esto se va a apelar, seguramente lo va a apelar el propio fiscal, la procuración,” sostuvo la legisladora en una entrevista por Radio Rivadavia.

En este sentido, la ex ministra de Salud durante el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su propia acción: “Nosotros vamos a pedir intervenir en la causa porque esto es una verdadera vergüenza”.

“Primero porque no se puede condenar selectivamente cuando las pruebas y los elementos están para llevar adelante una condena".

"Y en segundo lugar, queremos saber cuál es la la argumentación del tribunal que se va a conocer ahora en marzo”, agregó.

Desvío de fondos y déficit masivo

La legisladora reiteró la base de la denuncia sobre el programa, el cual se justificaba en la liberación de los derechos de televisación –la idea de que los goles estaban “secuestrados” en la disputa con el Grupo Clarín– y en el supuesto saneamiento de los clubes de fútbol.

Según el relato de Ocaña, el Estado pagó a la AFA “una suma muy superior a la que estaba recibiendo” previamente. Sin embargo, en lugar de llegar íntegramente a las instituciones, ese dinero terminó siendo “malversado en la AFA”.

El mecanismo del desvío se concretaba a través de financieras y cooperativas, como la desaparecida Sur Finanzas o la preferida por Julio Grondona, que actuaban como intermediarias.

“Los clubes no recibían el 100% del dinero que el Estado pagaba, sino que a través de estas financieras perdían entre el 30 y el 50%” en concepto de comisión por descuentos de cheques que la AFA emitía a largo plazo.

Ocaña enfatizó el resultado de este esquema: “Un negocio redondo para dirigentes, pero un mal negocio para todos los argentinos y también para los clubes de fútbol.”

Además del dinero que se desvió, Ocaña recordó que el programa generó un enorme costo fiscal para el país, que cubrió un déficit de 7.560 millones de pesos. “Eso nos costó Fútbol para Todos y ahora todos absueltos y a su casa y acá no ha pasado nada”, afirmó.

Críticas al fiscal y anuncio de intervención

La falta de acusación contra personas clave, como Gabriel Mariotto, quien fuera coordinador del programa, fue señalada como una de las fallas críticas de la fiscalía.

Ocaña indicó que la acusación no pudo explicar el sustento para no acusarlo, lo cual fue un factor que el tribunal tomó en cuenta para su decisión. La legisladora consideró que la acusación de la fiscalía del juicio desechó gran parte de la investigación inicial llevada a cabo por la jueza María Romilda Servini.

Por último, anticipó que utilizará su estatus de “amiga del tribunal”, que le había sido concedido por la jueza María Romilda Servini en la instancia previa, para sumarse al proceso de apelación una vez que los fundamentos del fallo se hagan públicos en marzo.

“Voy a sumar el pedido de apelación y voy a a partir de todos los elementos demostrar que primero la pena que se había pedido era muy baja. Vamos a pedir penas más altas y eh cómo está probado la responsabilidad”, detalló.

Su objetivo, sostuvo, es que “no voy a cejar hasta que haya justicia” y que “no que un tecnicismo haga que no puedan dictar una sentencia”.