Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff, presentaron una acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias, tras las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario el pasado sábado 29 de noviembre, que alteran el método de elección vigente y, según denuncian, restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías.

La presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente.

Según se expone en el escrito, el Congreso Partidario (máximo órgano del PJ) aprobó un nuevo mecanismo que delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente.

Un cambio regresivo, sin justificación real

Los firmantes recuerdan que, si bien el año electoral presenta particularidades debido a la suspensión de las PASO, esta situación no habilita a restringir derechos internos. Por el contrario, señalan que la Cámara Nacional Electoral, mediante la Acordada N.º 37/2025, remarcó expresamente que los partidos deben resguardar los principios de democracia interna y la participación de las minorías al definir sus candidaturas.

Además, subrayan que el argumento del “escaso tiempo” utilizado para justificar el cambio carece de sustento, ya que desde hace más de seis meses se conocía que los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael habían desdoblado sus elecciones, y que el propio Congreso Partidario ya había aprobado anteriormente un método de selección para todo el año electoral.

“La situación actual no es producto de una emergencia imprevista, sino de la desidia (o la intencionalidad) de la conducción partidaria, que dejó transcurrir el tiempo para forzar una salida antidemocrática”, sostienen.

Concentración de poder, conflictos de interés y crisis de conducción

La reforma cuestionada otorga un rol decisivo a un órgano derivado del Consejo Provincial, que tiene escasa y esporádica mención en la Carta Orgánica y que históricamente cumple funciones ejecutivas, no electorales. A esto se suma que entre sus integrantes figuran intendentes y familiares directos de jefes comunales de distritos donde se celebrarán elecciones, lo que, según advierten, evidencia una clara parcialidad.

“En un colegio electoral de apenas ocho personas, donde al menos tres tienen intereses directos en el resultado, cualquier posibilidad de competencia real para las minorías se transforma en una ficción”, señala la presentación.

En ese marco, los denunciantes advierten que esta avanzada antidemocrática no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una profunda crisis de conducción política del Partido Justicialista de Mendoza. Como ejemplo, remarcan que la conducción partidaria aún no ha dado ninguna explicación a las bases sobre por qué algunos legisladores del PJ votaron a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.

La falta de una posición clara, debatida y comunicada internamente sobre un tema de alto impacto ambiental, social y político expone la ausencia de conducción, deliberación colectiva y respeto por la voluntad de la militancia, profundizando el deterioro de la democracia interna.

Pedido a la Justicia

Ante la inexistencia de vías internas para revertir la decisión (por haber sido adoptada por el Congreso Partidario) los denunciantes recurrieron directamente a la Justicia para que intime al partido a adecuar su normativa interna, garantizando un proceso de selección de candidaturas democrático, transparente y respetuoso de las minorías.
“El derecho a participar no puede reducirse a una formalidad vacía. La democracia interna exige reglas claras, conducción política y mecanismos que aseguren competencia real y representación plural”, concluye el planteo.