En un movimiento que promete reconfigurar la matriz productiva del país, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares. Bajo el argumento de que la normativa vigente es "ambigua e ideológica", la gestión de Javier Milei busca redefinir qué cuerpos de hielo deben protegerse, priorizando aquellos con función hídrica efectiva.
Esta iniciativa no es solo técnica; es un guiño político a la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, otorgando a las provincias un mayor grado de federalismo ambiental para decidir sobre sus propios recursos naturales.
El impacto en Mendoza: ¿el despertar del cobre?
Para Mendoza, este proyecto de ley representa un cambio de paradigma. Tras años de debates sobre el alcance de la ley actual, la reforma podría ser la llave para activar inversiones que hoy se encuentran en una "zona gris" regulatoria.
En el contexto actual, tras la aprobación del proyecto San Jorge, el proyecto también podría inyectar más malestar entre los grupos ambientalistas que llevan días manifestándose en contra de la actividad minera.
- Reactivación de proyectos estratégicos: la reforma permitiría el establecimiento de proyectos ubicados en la zona de la cordillera mendocina, especialmente en el departamento de Malargüe. Al clarificar qué áreas son consideradas glaciares o ambiente periglacial protegido, se elimina la incertidumbre jurídica que frenaba la exploración de cobre.
- Impulso a Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO): esta reforma se alinea con la política de Alfredo Cornejo de fomentar la minería en zonas con consenso social. La definición de "función hídrica real" permitiría que emprendimientos que hoy están bloqueados por inventarios de glaciares cuestionados puedan avanzar en sus evaluaciones de impacto ambiental.
- Autonomía provincial: Mendoza recuperaría una mayor cuota de autoridad técnica. El proyecto fortalece el rol de las provincias en las evaluaciones ambientales, permitiendo que el conocimiento técnico local prevalezca sobre interpretaciones que el Ejecutivo nacional califica como "arbitrarias".
