En una provincia que se jacta de su transparencia, un proyecto de ley impulsado por el oficialismo amenaza con limitar el acceso a la información pública. En concreto, el diputado provincial César Cattaneo propuso una serie de modificaciones que restringen la capacidad de requerir informes sobre actuaciones gubernamentales. 

Los cambios son sutiles pero al mismo tiempo sustanciales. Por ejemplo, en el artículo 2 modifica el concepto de "información pública y aclara que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público". A eso, agrega que "tampoco se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas, o por la ausencia de un interés público comprometido".

Ese párrafo le da la posibilidad a los sujetos obligados de desestimar o rechazar pedidos de informes. Por ejemplo, cuando se destapó el caso de contaminación en Corralitos por el vuelco de efluentes a cauces de riego se emitió un informe técnico de Fernando Santos que confirmaba la afectación de más de 490 hectáreas cultivadas. Si la nueva ley se aprueba, esa Irrigación no estaría obligado a entregar esa información si fuese requerida.

Pero no es el único cambio que amenaza con restringir el derecho de la ciudadanía a requerir información pública. En la ley 9070 se deja por escrito en el artículo 9 inciso d que todo ciudadano puede solicitar información sin tener que justificar las razones por las que lo hace. El proyecto de Cattaneo elimina ese inciso.

Incluso, propone modificar el Artículo 10 y en su inciso C directamente exige que el solicitante haga una "descripción breve y detallada del motivo que fundamenta su pedido". Esto afecta directamente el espíritu de la ley, que apuntaba a facilitar y promover el acceso a la información pública.

Por último, modifica el artículo 18 de la ley que es el que determina en qué casos pueden rechazarse los pedidos de acceso a la información pública. Y allí agrega tres causales de rechazo cuya ambigüedad anticipa conflictos en el criterio de interpretación. Por ejemplo en el inciso f agrega que los pedidos pueden ser rechazados "cuando la información solicitada se refiera a cuestiones netamente domésticas y banales". ¿Quién determinará que es banal y que no lo es?

Otro cambio que va en contra de la jurisprudencia de acceso a la información pública es el que agrega en el inciso i de ese mismo artículo. El proyecto propone como causal de rechazo "cuando una solicitud versare sobre información que se encuentre publicada en una página oficial de sedes electrónicas o páginas web". Para esos casos establece que el sujeto obligado solo debe enviar el link de esos sitios. 

Aunque a priori parezca un cambio lógico, encierra una de las trampas más recurrentes para esconder información. El Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, ya contesta los pedidos de esa forma enredando al solicitante en páginas plagadas de datos que nada tienen que ver con el pedido. "No hay mejor forma de esconder un elefante que entre muchos elefantes", dice un dicho popular y aplica a la perfección para este caso.

La ley actual obliga a los funcionarios garantes a responder de forma clara y puntual la información que le es requerida. Si se abre la posibilidad de que la respuesta sea un link a un sitio en el que la información esté mezclada entre otros datos o, peor aún pero no menos frecuente, remita a resoluciones o números de trámite o números de proveedor a los que el solicitante no tiene acceso, el resultado es la opacidad del dato. 

El diputado César Cattaneo es Frente Cambia Mendoza y viene del radicalismo de Godoy Cruz. El proyecto lo ingresó el 27 de octubre a la Legislatura. Un día después de los comicios en los que el oficialismo se impuso con el 53% de los votos. Su propuesta invierte de forma notoria las cargas y en lugar de plantear una ley que facilite el acceso a la información pública, plantea una norma que no sea una carga para los sujetos obligados. Pero simplificar las respuestas oscurece el panorama en lugar de transparentar el funcionamiento del estado.

El inciso m del artículo 18 que propone César Cattaneo autoriza a rechazar pedidos cuando "la solicitud sea reiterativa y configure un apartamiento del principio de buena fe por parte de una misma persona". ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el argumento válido para no contestar un pedido de información aunque sea el mismo que se hizo con anterioridad? La información pública debe ser siempre accesible y la propuesta de Cattáneo amenaza con cercenar derechos adquiridos. Yo lo peor de todo es que lo hace en nombre de una supuesta "institucionalidad". "El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar y fortalecer el régimen provincial de acceso a la información pública establecido en la Ley N° 9.070, adecuándose y fijando estándares de transparencia, gobierno abierto", señala César Cattaneo en los fundamentos de un proyecto que claramente apunta lograr todo lo contrario.