El presidente Javier Milei confirmó la inminencia de una reforma laboral, junto con una reforma tributaria y una amplia desregulación económica, afirmando que el país se dirige hacia un "mercado laboral más desregulado". Esta iniciativa surge en un contexto donde el empleo en empresas privadas no crece desde 2011, y la cantidad de empleadores se ha mantenido estancada en unas 540.000 desde 2007.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la situación actual como "indignante", destacando que la falta de crecimiento del empleo formal y la escasez de nuevos empleadores hacen de la reforma laboral una medida "fundamental" para el Gobierno.

A pesar de la complejidad del mercado de trabajo, marcada por normas desactualizadas y alta litigiosidad en los tribunales, el Gobierno ya está celebrando reuniones para delinear la propuesta de reforma. El objetivo central es dinamizar el estancado sector privado. Aunque el texto completo aún se está "cocinando," las fuentes cercanas al proyecto han comenzado a esbozar los lineamientos principales que conformarán la iniciativa de desregulación.
Fuentes cercanas al proyecto sobre la reforma laboral, esbozan algunos lineamientos que se están trabajando actualmente:
- Se vuelve a poner sobre la mesa el sistema dual en la educación, sobre todo en escuelas técnicas, donde se integra la formación teórica en el aula con la práctica profesional en una empresa real. El modelo busca que los estudiantes tengan una experiencia laboral concreta.
- Se proponen cambios en los contratos de trabajo para darles más flexibilidad. “Los derechos fundamentales del trabajador no se tocan”, dice una fuente cercana al Gobierno. Se refiere al salario mínimo, la jornada máxima, el descanso, vacaciones (aquí la propuesta es que se puedan tomar todo el año y no solo del 1 de octubre al 30 de abril; en invierno requieren la conformidad del trabajador).
- Limitar la presunción iuris tantum, que interpreta que toda relación laboral es asalariada, salvo que se pruebe lo contrario.

- Permitir distintas formas de organizar el tiempo de trabajo, como las guardias pasivas y activas o el banco de horas
- Podría incluir nuevas disposiciones sobre la “responsabilidad solidaria” de las empresas con los contratistas.
- Régimen de indemnizaciones para personal fuera de convenio con la "Pauta Vizzoti" (fallo de la Corte que limita los topes a la base de cálculo).
- Convenios segmentados por empresa, con cláusulas específicas relacionadas con las compañías, más que con la actividad.
- Ante una huelga, garantizar los servicios esenciales.
- Límites a los mandatos y a la reelección de la representación sindical y empresaria
- Nuevas modalidades de contratación para las nuevas tecnologías exponenciales, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial
- Modelos híbridos de contratación (para plataformas como Rappi, Uber, etc) con sujetos autónomos (monotributistas) y seguros propios y frente a terceros
- La normalización integral de las contrataciones y anomalías de empleados públicos en el estado nacional, provincial y municipal (monotributistas y contratos en fraude de la ley).
- Reformulación del régimen de obras sociales unificando las inviables con las más eficientes
Quienes tienen experiencia recomiendan no dejar en los textos espacio para la interpretación de la justicia laboral. Normas claras y bien diseñadas para que no proliferen los litigios, ese mal que carcome al mercado de trabajo y amedrenta a los empresarios, sobre todo a las pymes, que son las mayores empleadoras del país.
La reforma previsional y los intentos de reforma laboral durante el gobierno de Macri
El intento de reforma laboral de Mauricio Macri en 2017 quedó frustrado después de que el Gobierno priorizara la reforma previsional, la cual generó un clima adverso y paralizó el resto de la agenda de cambios. A pesar de haber sido consensuado con la CGT y el sector empresario en mesas tripartitas, el proyecto laboral fue enviado al Congreso, pero nunca avanzó de la comisión, llevando a la máxima de que los cambios deben ser introducidos "de a poco, pero de manera continua". El proyecto se estructuraba sobre tres ejes principales: regularización del empleo, modificaciones al marco normativo y capacitación laboral continua.
En el eje de regularización del empleo no registrado ("blanqueo"), el proyecto proponía que los trabajadores pudieran computar hasta cinco años de servicios con aportes. Para reducir la litigiosidad, se planteaba que las multas por trabajo no registrado fueran destinadas a la ANSeS, quitando incentivos a los abogados laboralistas que "inflan" las demandas. Este punto generaba consenso con la CGT, ya que más trabajadores registrados significaban más aportes a los gremios. En cuanto a las modificaciones normativas, el proyecto incluía la ampliación de licencias (por nacimiento, matrimonio, etc.) y la creación de una licencia sin goce de haberes de treinta días anuales (resistida por los empresarios), además de una reducción transitoria de la jornada para padres con hijos pequeños.
En cuanto a la indemnización por despido sin causa, el proyecto proponía excluir de la base de cálculo el aguinaldo, premios y gastos asumidos por el empleador. Además, se introdujo la idea de un Fondo de Cese Laboral Sectorial de adhesión voluntaria, similar al implementado por la administración actual, destinado a sustituir la cobertura por preaviso y despido. También se buscaba acotar el concepto de ius variandi (facultad del empleador para modificar las condiciones de trabajo), estableciendo que los cambios no debían ser irrazonables, ni alterar modalidades esenciales del contrato, ni causar perjuicio material o moral al trabajador.
El proyecto de Macri no incluía modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales como parte del acuerdo, aunque se debatió la necesidad de permitir la negociación colectiva por empresa e introducir cambios en la cantidad de delegados, la rotación de mandatos y la transparencia sindical. Fuentes cercanas al macrismo señalaron que los empresarios prefieren negociar con "un gremio sólido" que no esté contaminado por la política. Un tercer eje de la reforma se centraba en la capacitación y formación laboral continua, un aspecto fundamental de la acción gremial que suele quedar relegado por la negociación casi exclusiva de las paritarias.