La empresa estatal minera con la que soñó el cornejismo

Contamos el domingo pasado que al inicio del primer gobierno de Alfredo Cornejo, Emilio Guiñazú Fader, quien se desempeñaba como subsecretario de Energía y Minería, hizo un gran trabajo al instalar el Diálogo Minero. Con esa iniciativa logró que más de 1.000 personas opinaran y explicaran sobre minería en más de 70 foros. Además elaboraron un interesante documento con las bases para un política minera para Mendoza en donde definieron varios puntos.

Lamentablemente ahora Guiñazú Fader no habla con la prensa, no explica qué sucede con Potasio Río Colorado (PRC), adjudicada a minera Aguilar, la empresa de José Luis Manzano, en donde él ocupa un lugar en representación de las acciones que tiene la Provincia, todos los mendocinos, en la minera. Es una pensa porque explica muy bien los temas. Tampoco hablan desde el ministerio de Energía que conduce Jimena Latorre promoviendo la opacidad y el oscurantismo. Pero bueno, vemos qué hicieron en 2016.

Proveedores mineros

Con relación a este punto indicaron que el Gobierno de la Provincia adoptará todas las medidas de promoción que considere apropiadas tendientes a hacer atractivo al comprador de bienes o servicios la contratación de proveedores locales, en todas las etapas del desarrollo minero, incluyendo la prospección, exploración, construcción y operación de la mina.

A estos efectos, el Gobierno de la Provincia establecerá, junto con las cámaras empresariales y a través de los institutos de desarrollo industrial y tecnológico, programas específicos de desarrollo de proveedores locales, promoviendo la transferencia de tecnología y líneas de financiamiento para inversiones y capital de trabajo.

El Gobierno de la Provincia promoverá junto a los inversores mineros el compromiso de que, a igualdad de condiciones, precios y plazos, tendrán preferencia en las adquisiciones que realicen las empresas que operen en el territorio de que se trate.

Será complejo que esto suceda en su totalidad, más allá de que este documento ya no tiene ningún valor, porque cambiaron muchas cosas y además hay que ver lo que está sucediendo en San Juan, provincia que nos lleva más de 20 años de ventaja en minería. Ahí hay un fuerte debate para terminar con la obligación de que los proveedores siempre tengan que ser locales. La presión la está ejerciendo fuertemente Vicuña que desarrolla los proyectos Josemaría y Filo del Sol. También el RIGI ahora brinda facilidades para comprar en el exterior lo que las mineras quieran.

Fondo minero para el desarrollo local

En el informe indicaban también que la minería podía tener efectos complejos sobre los ingresos de los trabajadores del resto de las actividades productivas. No obstante, la evidencia de competencia directa entre sectores por la fuerza de trabajo es limitada. A pesar de ello, el aumento de los salarios nominales promedio, empujado en parte por la presencia de una actividad con salarios medios elevados como la minería, una mayor demanda de servicios no esenciales y el influjo de nuevos trabajadores en las regiones mineras puede aumentar los costos de la propiedad inmobiliaria y otros servicios, impactando en forma negativa en los ingresos netos de los inquilinos y generando un “efecto riqueza” para los propietarios

En cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente y de fortalecer el desarrollo local, la Provincia promoverá con financiamiento nacional la creación de un Fondo Minero para el Desarrollo Local a fin de:

• Abordar la relación entre los proyectos mineros y el desarrollo de las comunidades aledañas, atendiendo a sus genuinas preocupaciones e intereses, y articulando y generando sinergias positivas entre ellas y los emprendimientos mineros que se encuentren en su área de influencia.
• Promover los beneficios sustentables de la actividad minera a partir del financiamiento de acciones estratégicas de desarrollo y de minimización de impactos negativos, así como la mejora en el diálogo y las relaciones entre empresas, comunidades y Estado.
• Articular entre las comunidades locales, las empresas y el Estado (municipal, provincial y nacional) de forma de asegurar que el emprendimiento de que se trate sea efectivamente beneficioso para la comunidad.

Infraestructura y transporte

Establecen que el Gobierno de la Provincia reconoce la interdependencia entre la minería y la infraestructura ya que la minería provee de la demanda a escala necesaria para justificar la infraestructura que, por un lado potencia el desarrollo económico integral de una región pero que, por otro lado, sin infraestructura el desarrollo minero es muy limitado.

Por lo tanto el Gobierno de la Provincia tomará las medidas necesarias para:

• (1) Identificar las necesidades de obras de infraestructura, tanto de transporte, energía y desarrollo social, requeridas para el desarrollo minero y su planificación.
• (2) Buscar la sinergia de las obras de infraestructura requeridas por la minería con otros sectores productivos y la sociedad, a través de esquemas adecuados de financiamiento, construcción y uso.

Dinero de las mineras para obras

Agregan también en el informe un punto que todavía no se discute y está relacionado a lo que hoy aplican en otras provincias como fondo obras, el que se nutre de aportes de las mineras por fuera de lo que pagan por regalías.

“El Gobierno de la Provincia podrá establecer un aporte adicional a los proyectos mineros medianos y grandes de un porcentaje no superior al uno por ciento (1%) sobre el valor bruto obtenido por la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios, para constituir un Fondo Fiduciario Público de Infraestructura, cuya finalidad será financiar el desarrollo de obras de infraestructura provincial y/o municipal y el desarrollo sustentable, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.

Empresa provincial de minería

“Con el objetivo de salvaguardar algunos yacimientos o minas que se consideren estratégicos por su riqueza, localización o potenciales sinergias con otros emprendimientos, el Gobierno de la Provincia creará una SAPEM que pueda capitalizar dichas propiedades mineras sobre las cuales eventualmente podrá realizar trabajos de puesta en valor a través de tareas de prospección y o exploración para luego ser licitadas para su explotación”, afirman.

La Empresa Minera Provincial

• (1) Será una entidad independiente del Estado provincial (SAPEM), creada por ley correspondiente, tendrán su propio patrimonio y estará sujeta a las normas de auditoría y contralor aplicables,
• (2) Deberá rendir cuenta de sus actividades y situación contable y patrimonial en la forma prevista en las normas aplicables,
• (3) Podrá actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrá tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones por parte de la Provincia de que se trate.

Finanzas públicas y las políticas populistas

La gestión de los recursos fiscales generados por la minería a través de las regalías y los impuestos presenta tres desafíos principales para los que elaboraron el informe:

• (1) La aparición de comportamientos oportunistas por parte del sector público y de búsqueda de rentas para el sector privado, con riesgos de captura de los organismos públicos de control y regulación,
• (2) Incentivos al desarrollo de políticas macroeconómicas “populistas”, con aumentos insostenibles del gasto corriente.

Para evitar este tipo de situaciones es fundamental que la política definida preste especial atención al manejo de la renta minera por parte de la Provincia, definiendo prioridades y objetivos para recursos provenientes de recursos no renovables.

Regalías mineras y el uso del dinero

Con relación a este punto, explican que de acuerdo con lo previsto en el Código de Minería de la Nación (“CM”), las Provincias establecerán regímenes de administración de las regalías percibidas o a percibir por la actividad minera realizada dentro de sus respectivas jurisdicciones que respeten los principios de equidad, transparencia y solidaridad.

El Gobierno de la Provincia buscará implementar un sistema de regalías progresivas que acompañe los ciclos económicos del sector, buscado proteger el empleo y la actividad en los ciclos de precios bajos y compartir las ganancias con las empresas en los ciclos de precios altos y/o mayor ganancia.

Las regalías no deberán superar en promedio, en ciclos de 5 (cinco) años, el 3% (tres por ciento) sobre los ingresos o valor bruto obtenido por la comercialización del producto comercializado. A fin de efectuar el cálculo del mencionado valor bruto no se permitirá deducir ningún tipo de costos ni impuestos nacionales.

Dentro de las limitaciones mencionadas, la fórmula del cálculo de las regalías se establecerá caso a caso en el momento del inicio de la construcción y no podrá ser alterada a lo largo de la vida útil del proyecto.

El Gobierno de la Provincia priorizará el uso de las regalías para:

• (1) El desarrollo de proyectos productivos en general o para servicios asociados a la producción, a la concreción de obras de infraestructura social básica, a la educación y a la capacitación.
• (2) La fiscalización y control ambiental de las localidades ubicadas dentro de la zona de influencia del emprendimiento minero que las origine. Las mismas serán objeto de rendición de cuentas periódica y auditoría anual por parte de los organismos competentes de contralor.

Habrá que ver si la ministra Latorre pone en práctica algunas de las definiciones sobre minería que elaboró el cornejismo en el primer gobierno, cuando ella estaba en el EPRE. Seguramente no lo hará.