El artículo explica que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza utilizó la autorización incluida en la Ley de Presupuesto 2025 para implementar el mecanismo de "roll over", es decir, emitir nueva deuda con el fin de afrontar vencimientos de compromisos anteriores, principalmente en dólares. Con este instrumento, el Gobierno colocó dos bonos en pesos para refinanciar obligaciones con bonistas y organismos internacionales como el BID y el BIRF. En los últimos meses, se ha buscado pesificar el endeudamiento y extender plazos de pago.
La primera emisión —Títulos TAMAR Clase 1— adjudicó más de $39.800 millones con vencimiento en junio de 2026 y una tasa de interés de TAMAR privada más 4,75%. La segunda —Clase 2— fue por $29.252 millones, con vencimiento en diciembre de 2026 y una tasa de TAMAR privada más 5,5%. Ambas colocaciones fueron a precio de corte cercano al valor nominal y se amortizarán en un solo pago al vencimiento. Aunque el oficialismo ha intentado que este instrumento quede fijo en la Ley de Administración Financiera, hasta ahora solo lo consigue con autorización anual.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas avanzó con la autorización brindada por la Legislatura a través de la última Ley de Presupuesto y concretó el denominado "roll over" para emitir nueva deuda con el objetivo de afrontar vencimientos de ejercicios anteriores.
Así, el Gobierno de Mendoza colocó en el mercado dos bonos en pesos que servirán para afrontar las amortizaciones de deuda en dólares previstas para septiembre de este año.
Se trata de los compromisos que el Estado provincial tiene con bonistas. Además, se encuentran créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf).
La deuda de Mendoza.
Durante el último tiempo, el Ejecutivo local apuntó a estirar los plazos de pago y convertir el tipo de moneda de la deuda para pesificar el endeudamiento.
Tras la sanción de la Ley de Presupuesto de 2025, el Gobierno obtuvo la autorización para utilizar el mecanismo de "roll over" por un año. Años anteriores, el oficialismo ha intentado sin éxito modificar la Ley de Administración Financiera para que esa herramienta quede fija, tal como sucede a nivel nacional.