"El ancla fiscal no se negocia": esa fue la frase con la que Javier Milei celebró la publicación del dato fiscal de marzo, que arrojó un superávit primario de $930.000 millones y un superávit financiero -es decir, después del pago de intereses- por $484.000 millones.

Para el Presidente, no era lo mismo la consecución de un superávit fiscal en este momento que en otros de su gestión. Ocurre que el dato coincide con uno de sus peores momentos en la lucha anti inflacionaria, justo después de la publicación del IPC de marzo con su impactante 3,4% mensual.

Fue, en ese sentido, una reafirmación de principios, en un momento en el que economistas de diversas tendencias le aconsejan al presidente ir más lento en su lucha anti-inflacionaria -lo cual tácitamente supone una relajación fiscal-, de manera de ayudar al crecimiento económico. Milei rechazó de plano que existiera una disyuntiva entre ambos objetivos, y dijo que se apegaría más que nunca a su plan original. Ya hubo una prueba en ese sentido, con la contracción monetaria que hizo el gobierno en la última licitación del Tesoro.

Sin embargo, en las entrelíneas del tuit publicado por el ministro Toto Caputo se puede ver que el gobierno está lejos de una situación de euforia. Mientras se hace evidente la dificultad para seguir aplicando "la motosierra" sobre el gasto público, el ingreso tributario lleva ocho meses consecutivos de caída real.

El ministro destacó que durante el primer trimestre hubo una reducción real de 5% en el gasto. Pero se trata de una política cada vez más difícil de sostener, porque una vez realizado el primer gran recorte sobre la base de "licuación inflacionaria" y del recorte a la nómina del gasto público, lo que queda es un gasto más rígido a la baja y el ahorro depende de una mayor "sintonía fina".

Para colmo, el principal componente del gasto, el pago de jubilaciones y pensiones, que asciende a casi la mitad del presupuesto total, viene creciendo por el propio efecto inflacionario: en marzo, la masa jubilatoria recibió un aumento nominal de 2,9% -el IPC de enero-.

Esto implica que, en los próximos meses, por lo menos hasta junio, las jubilaciones seguirán variando por encima de la inflación -y muy probablemente por encima de los ingresos tributarios-. Dado el "delay" con el que se aplica el ajuste indexatorio, el 3,4% del IPC de marzo recién se hará sentir en las jubilaciones de mayo.

Pero, además, hay economistas críticos que sostienen que el resultado fiscal ya estaría en terreno negativo si el gobierno aplicara los desembolsos pendientes, y por los cuales tuvo fallos en contra a nivel judicial. Es, entre otros, el caso de la ley de financiamiento universitario, cuya legitimidad fue confirmada por un fallo de cámara tras la apelación del gobierno. Hablando en plata, ponerse al día con ese pago supondría desembolsar el triple del superávit primario obtenido en marzo.

Hay, además, otra situación de vieja polémica: el gasto devengado -es decir, efectivamente realizado- pero aún no pagado. Es lo que técnicamente se denomina "deuda flotante", y su incidencia no es menor.

Para tomar una referencia, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que aplica la metodología de "base caja", ya midió para marzo un resultado primario deficitario por $700.000 millones. El reporte de la OPC no coincide exactamente con el de la secretaría de Hacienda, porque releva la administración central y no todo el sector público. De todas formas, suele ser considerado un predictor de la tendencia fiscal general.

Del otro lado del mostrador, ya es innegable el problema existente en los ingresos de las arcas fiscales, que llevan ocho meses consecutivos de caída interanual real. Caputo prefirió ni siquiera mencionar las cifras de caída en los recursos -aproximadamente un 5% real interanual- y se limitó a justificar la situación con el argumento de que no se trataba de una situación sorpresiva, sino del resultado de una política de alivio impositivo. 

Y, si bien es cierto que hubo recorte en la carga tributaria en algunos sectores -por ejemplo, en las retenciones a la exportación agrícola y en los aranceles de importación-, hay economistas que afirman que no todo se explica por esa menor carga impositiva. También hay evidencias de un enfriamiento de la economía.

Un ejemplo es la recaudación del IVA -el impuesto por excelencia ligado a la actividad comercial e industrial-, que lleva varios meses de evolución por debajo de la inflación. Es decir, un dato que contradice el discurso oficial sobre un aumento en el nivel de consumo.

El otro rubro que confirma la frialdad de la economía es el de los ingresos a la Anses. Tanto los aportes personales de los asalariados como las contribuciones patronales al sistema de seguridad social evolucionaron por debajo de la inflación. En total, la recaudación de Anses tuvo en marzo una caída real de 2,8% respecto del año pasado, una tendencia que va en línea con el empeoramiento en las cifras de empleo que se han publicado en los últimos censos del Indec.

En todo caso, lo que queda en claro es que la tendencia no es promisoria: mientras los gastos son cada vez más difíciles de recortar, los ingresos siguen mostrando escaso empuje.

Y resulta sugestivo el hecho de que, justo en la jornada anterior a la publicación de este resultado de marzo, se dio a conocer la corrección a la baja por parte del staff del Fondo Monetario Internacional.

Ahora, la meta comprometida con el organismo -a instancias del propio Caputo- bajó a 1,4% del PBI, desde una previsión de 2,2% que se había fijado en octubre-. Esa reducción no sería grave si la previsión sobre el PBI se mantuviera o si creciera. Pero si, además, se está corrigiendo a la baja también el volumen de la economía, eso significa que el recorte en el monto real del saldo fiscal será mucho mayor.

Hablando en plata: el FMI estimó el PBI del año pasado en u$s 683.000 millones. En la previsión original, el 2026 debería terminar con un PBI de u$s 710.000 millones, y un superávit fiscal primario de u$s15.600 millones.

En cambio, luego de la reciente corrección a la baja, se espera un PBI de u$s 707.000 millones, y un saldo fiscal de u$s 9,9 millones. En términos reales, la reducción planteada por el FMI sobre el superávit fiscal es de un 36% respecto de la perspectiva original. Una situación que no parece justificar el eufórico mensaje de Milei con sus clásicas consignas "Make Argentina Great Again" y VLLC.