Mendoza: $21 mil millones perdidos por mes en aportes jubilatorios

La informalidad laboral es un problema de larga data en Argentina y Mendoza no está al margen. Según datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la provincia lleva más de 20 años con un nivel del empleo en negro de más del 30% y durante mucho tiempo ha estado por encima del 40%.

De acuerdo a las estadísticas, en la actualidad hay 138.496 asalariados que no están registrados, es decir que casi 140 mil personas no aportan al sistema previsional. Esto equivale al 39,9% del total de asalariados que trabajan en Mendoza (347.340).

¿Cuánto se desfinancia el sistema? Es una pregunta muy difícil de responder, pero se puede hacer un cálculo estimativo tomando en consideración el salario promedio de la provincia. De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Ministerio de Capital Humano, los asalariados formales de Mendoza ganan una media de $1.111.580 brutos (dato a noviembre de 2024), es decir unos $922.611 netos.

La diferencia entre “bruto” y “neto” es el 17% de aportes que se hacen con diferentes fines. En detalle, un 11% es para financiar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores (Anses), un 3% es de contribución al PAMI y un 3% es para los aportes a las obras sociales. En resumen, hay un 14% que se destina al financiamiento del sistema jubilatorio. Así, se puede deducir que, de los $1.111.580 brutos, unos $155.621,2 van para aportes del sistema previsional.

Teniendo en cuenta que hay 138.496 asalariados no registrados en la provincia, se puede deducir que se están dejando de aportar unos $21.552 millones por mes en Mendoza. Si bien es cierto que los salarios de los empleados informales tienden a ser más bajos, se sobreentiende que en una condición de formalidad tendrían ingresos acordes al promedio.

Un problema estructural

Como se mencionó, el problema de la informalidad laboral en Mendoza es histórico. Para el economista Carlos Rodríguez, han pasado más de 20 años con más de un tercio del empleo asalariado en negro debido a que persisten factores estructurales que no han podido resolverse. “Para la gente que está en la informalidad, es un problema presente y futuro, porque no tiene aportes ni cobertura social”, señaló.

Rodríguez explicó que los sectores donde más se concentra el empleo informal en la provincia son el agrícola y la gastronomía. “Es un problema muy grande también para los empleadores, porque se les encarece notablemente contratar de manera formal”, sostuvo. Según su análisis, las altas cargas impositivas y los elevados costos laborales dificultan la registración de trabajadores, en especial en actividades con baja productividad.

Se mostró de acuerdo Jorge Day, economista del Ieral (Fundación Mediterránea). “Las pymes lamentablemente son más informales por la alta presión tributaria y la industria del juicio. Además, ARCA tiene gente que controla sólo a las grandes empresas, como bancos, compañías de seguros y otros rubros grandes. Por eso, esos sectores son más formales”, apuntó.

“De hecho, las provincias menos informales, como Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, son jurisdicciones muy vinculadas al sector petrolero. Las petroleras son pocas, pero son muy grandes y los que prestan servicio a esas empresas están obligadas a tener todo en blanco”, señaló Day.

Para Rodríguez, es un problema que no es sencillo de solucionar. Es un tema que han pasado varias administraciones y no se ha podido resolver, y en Mendoza pega fuerte. Además, corresponde a sectores donde hay baja productividad y son muy altos los costos laborales. A las empresas les cuesta muchísimo contratar a una persona”, indicó Rodríguez.

El economista consideró que una posible vía de solución sería avanzar en una modernización de las normas laborales y en una revisión del sistema jubilatorio. “El mundo ha cambiado y también las formas de trabajo. Parece que sería positivo repensar el esquema laboral y dejar atrás concepciones muy antiguas, como el cooperativismo tradicional. El mundo va hacia otro lado”, remarcó.

De cara al futuro, Rodríguez señaló que para ver cambios de fondo se deben resolver cuestiones políticas previas. “Hoy el Gobierno nacional está enfocado en atender otros problemas urgentes, como la grave situación para generar divisas genuinas. Además, el Estado necesita del apoyo de diferentes sectores y eso no le ha permitido avanzar en el tema laboral. Hay muchas aristas abiertas”, concluyó.

Para Day, la informalidad va a bajar cuando se trate a fondo el problema de la industria del juicio y se reduzca realmente la presión tributaria. “Hay una enorme diferencia entre lo que paga la empresa y lo que cobra el trabajador. Se debe reducir esa brecha”, comentó.

“Este Gobierno, intelectualmente está de acuerdo con esos cambios. Lo que no sé es si tiene la fuerza política para llevarlo a cabo. Políticamente tiene fuerza, pero partidariamente no”, cerró.