El debate sobre los cupos laborales en minería va más allá de un simple "sí o no", ya que la realidad del sector en Argentina, con su alta presión fiscal y la falta de mano de obra calificada, demuestra que el mérito por sí solo no es suficiente para asegurar un desarrollo equitativo. La clave no reside en imponer cuotas, sino en invertir en la capacitación de los trabajadores para que puedan adquirir las habilidades necesarias, no solo para la minería, sino para otros sectores afines. Sin embargo, este proceso enfrenta el desafío de décadas de descuido en la formación, lo que ha debilitado la cultura del esfuerzo y el estudio en las nuevas generaciones.
La verdadera solución es un esfuerzo colaborativo entre empresas, Estado y comunidad. Las empresas deben comprometerse a capacitar a la fuerza laboral en puestos de trabajo reales; el Estado, a su vez, debe crear un entorno favorable con alivio fiscal y políticas de apoyo para las pymes. La comunidad, por su parte, debe garantizar la transparencia y el control para que los beneficios —en forma de empleos y contratos— sean verificables. Solo así la minería puede convertirse en una palanca para diversificar la economía regional, generando un progreso compartido, medible y sostenible que le brinde a la industria la tan necesaria licencia social.
Siempre he sostenido que los cupos laborales, en general, no son la mejor manera de garantizar empleo. Prefiero el mérito, el esfuerzo y la preparación como caminos legítimos para destacarse y alcanzar objetivos. Sin embargo, cuando hablamos de minería, las cosas no son tan simples.
Miriam Bustos.
Este sector reúne múltiples factores que condicionan su desarrollo: la presión fiscal que asfixia a las empresas, la falta de calificación en gran parte de la mano de obra y las dificultades de las pymes para competir. Todo esto obliga a mirar el problema con más matices que el simple dilema entre cupos o libre competencia.
Como integrante de la CaMEM, comparto lo expresado por nuestro presidente, Guillermo Pensado: debemos preparar a los trabajadores no solo para la minería, sino también para sectores afines que requieren perfiles similares a nivel regional y mundial. Existen cursos, talleres y jornadas de capacitación, pero es innegable que durante décadas se descuidó la formación y se debilitó la cultura del esfuerzo. El resultado ha sido una o dos generaciones con falencias básicas en hábitos de estudio, responsabilidad y cumplimiento.
En este escenario, es lógico que una empresa como PSJ busque contratar mano de obra local —primero uspallatina, luego mendocina—, porque le conviene desde lo operativo y lo social. Pero surge una pregunta ineludible: ¿qué pasa si no hay suficientes trabajadores formados para cubrir esas vacantes? Ningún cupo, por sí solo, asegura el beneficio local.
La clave está en articular esfuerzos:
Empresas, comprometidas con programas de capacitación vinculados a puestos reales.
Estado, acompañando con alivio fiscal, financiamiento y políticas de homologación para pymes.
Comunidad y ciudadanía organizada, con mecanismos de transparencia y control independiente que permitan verificar cuántos empleos y contratos efectivamente quedan en el territorio.
De este modo, la minería no se convierte en un enclave aislado, sino en una palanca para diversificar la economía regional, generar cadenas de valor, fortalecer la logística, la energía y hasta dinamizar actividades complementarias como el turismo.
En definitiva, no se trata de cupos sí o cupos no, sino de construir un sistema donde el progreso sea compartido, medible y sostenible. Solo así se logra la tan mencionada licencia social: cuando la comunidad ve que el desarrollo es real, tangible y llega a su vida cotidiana.