Roberto Follari
Del voto al veto. La democracia dañada
El autor reflexiona sobre el sistema de nuestro gobierno y el funcionamiento de los distintos poderes.Se describe cómo el gobierno actual ha utilizado amenazas económicas para presionar a los gobernadores y, a través de ellos, a los legisladores, logrando así su apoyo. Además, se destaca el abuso de los decretos y del veto presidencial, los cuales, aunque no son ilegales, se usan de forma tan reiterada que socavan la división de poderes y la legitimidad democrática.
En definitiva, el artículo argumenta que el uso excesivo de estas herramientas ejecutivas, aunque legal, es inconveniente e ilegítimo, y se hace un llamado a la plena vigencia de la democracia donde el voto de los ciudadanos tenga más peso que el veto presidencial.
¿Estamos en dictadura? No: funciona aún el Poder Judicial con alguna independencia formal, y se sigue reuniendo el Legislativo. No pocas garantías constitucionales son atropelladas -recordar la niña gaseada y el fotógrafo baleado en la represión nuestra de cada miércoles-, pero potencialmente esas garantías están vigentes. Y en determinada medida se ejercen.
¿Esto es plena democracia, entonces? No. El atropello y la falta de respeto a las decisiones del Congreso muestran que el Legislativo está de adorno. Milei dice que todo cambiará desde las elecciones de medio término (que son sólo legislativas). No se advierte qué pueda cambiar, pues el gobierno ha contado con un Congreso aquiescente al comienzo, y ahora sometido al proceso del “decreto y veto, veto y decreto”.
Pichetto respondía pedagógicamente a comienzos del gobierno a quienes cuestionaban su seguimiento a Milei y apoyo a la ley Bases, que “a todos los presidentes se les han dado poderes especiales”. Sólo que Milei no es cualquier presidente: es obvio que sus insultos reiterados, su intemperancia y sus presunciones apocalípticas -acabar con el Banco Central, por ej.- lo hacían poco confiable para ser depositario de esos poderes. Los tuvo, y Sturzenegger usó hasta el extremo la posibilidad de cerrar y achicar oficinas y funciones del Estado. Hasta el INTA y el INTI cayeron en la redada, festejada con la brutal metáfora de la motosierra y habilitada con el reiterado cuento de que “lo hicimos porque había ñoquis”, siguiendo un libreto automático jamás demostrado.
Al Congreso se lo subordinó abiertamente por vía de palo y zanahoria: amenazando a medrosos gobernadores para que ellos obligaran a los legisladores de sus respectivas provincias. ¿Es un mecanismo burdo, primario? Sí, pero ha funcionado, y a la vista de todo el mundo. Los llamamientos para dejar a las provincias sin un peso -lo que efectivamente se ha ejercido en cuanto se ha podido- han sido suficientes para que incluso peronistas de dudosa lealtad y difusas convicciones (Jalil, Jaldo, Sáenz) se lanzaran de lleno en manos de un gobierno destacado por lo represivo junto a la ignorancia y el insulto hacia variados opositores, e incluso hacia no pocos de los propios y aliados.
El gobierno se ha repetido con el uso del decreto para gobernar, a pesar de que el Legislativo ha estado en sesiones. No sólo se ha intentado paralizar al Congreso impidiendo que algunas comisiones se reúnan (por ej.. no convocándolas o no designando sus autoridades), sino que se legisla paralelamente por vía de decretos, que cuando se declaran “de necesidad y urgencia” la tienen sólo para el gobierno, dado que no siempre se encuadran en razones para esa necesidad o esa urgencia alegadas.
El uso y abuso del veto presidencial va en la misma dirección de reducción de los márgenes de la democracia efectiva. No puede haber “gobierno del veto”. El veto es una facultad para ejercer excepcionalmente, una “última ratio” para situaciones extremas. No puede ser un recurso al cual se apela como si fuera rutinario, como si fuera obvio. Su uso sin prudencia se parece demasiado a la imposición y la arbitrariedad. Su uso reiterado es ajeno a la cultura democrática.
Se podría alegar -no faltará el vocero mediático que lo plantee- que no es ilegal la nueva costumbre de vetar, vetar y vetar. Que en ninguna parte dice cuántos vetos pueda ejercer un presidente, con lo cual alguien podría justificar, por ejemplo, 6 mil 714 vetos en un gobierno, por dar un número esperpéntico cualquiera. Ya que se puede vetar todo y siempre, no habría límite alguno -estamos argumentando por reducción al absurdo- para lanzar decenas, cientos, miles de vetos: total, en ninguna parte dice que eso sea ilegal. Pero, es obvio, tal catarata de vetos resultaría ilegítima e inconveniente.
¿Es ilegal salir a darse todas las noches panzadas de lechón con papas, acompañadas de lomito vacuno, asado a la parrilla y achuras a granel? No: no es ilegal. Pero cualquiera que lo haga reventará al poco tiempo. Si lo hace una noche, excepcionalmente, quizá lo arregle con un fuerte digestivo. Pero no puede repetirse muy seguido, y menos todas las noches.
¿Es problemático dormir 20 horas en un día? No: en ciertos casos no es problemático. Si no dormimos nada los dos días anteriores, es perfectamente factible y hasta necesario. Pero eso no autoriza a dormir 20 horas cada día durante los 365 días del año. Si alguien quisiera hacerlo. ¿Sería ilegal? No: pero sería totalmente inconveniente e intolerable.
No es ilegal vetar todo lo que venga del Congreso: pero es por completo inconveniente, en tanto lesiona la división de poderes y los equilibrios representativos de la democracia. El modo en que los medios hegemónicos han normalizado el veto sistemático, resulta indudablemente lamentable. Se discute si el gobierno podrá o no sostener los vetos, pero no se pone en tela de juicio que esa facultad presidencial carece de legitimidad si es usada de manera reiterada y excesiva.
No resulta admisible un gobierno del veto y del decreto. Cabe exigir la plena vigencia de la democracia. Resulta perentorio que el veto deje de imponerse sobre el valor del voto.