San Jorge: desde un sector del PJ piden que diputados justicialistas rechacen la DIA

Miembros del Foro Nuevo Cuyo y de La Corriente Nacional de la Militancia, difundieron un comunicado pidiendo que los diputados rechacen la Declaración de Impacto Ambiental que tratan en este momento alegando que el proyecto minero San Jorge en las actuales circunstancias entraña serios peligros para la salud y el ambiente, por lo que solicitamos a los representantes del pueblo de Mendoza en la Legislatura la profundización del análisis de las consecuencias que puede deparar la habilitación de este proyecto minero.

Desde el punto de vista político, señalan que "como militantes del Partido Justicialista solicitamos a los legisladores y legisladoras de nuestro partido y nuestro frente, el Partido Justicialista – Fuerza Justicialista, que honren el compromiso asumido durante la última campaña electoral de “poner un límite” a las medidas que promueven Milei y Cornejo cuando implican, como en este caso, una grave afectación de la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social".

Explican su postura en 3 puntos:

1. La minería no debe considerarse como una apuesta en desmedro del resto de la actividad económica y productiva mendocina: en relación con el debate sobre la matriz productiva de la provincia de Mendoza, hemos advertido en reiteradas oportunidades sobre la preocupante situación económico-productiva de Mendoza, la que se manifiesta principalmente en el crítico estado de las actividades económicas tradicionales y en algunos casos de los sectores de más reciente desarrollo que padecen la ausencia de políticas para hacer frente a la crisis. Tal panorama ha sido utilizado como el justificativo de la apuesta “a todo o nada” por la actividad minera por parte del Gobierno provincial, sin que exista un diagnóstico profundo ni se haya reconocido por parte del oficialismo las responsabilidades derivadas de la falta de medidas en favor de la recuperación económica y el acompañamiento del Estado provincial para afrontar la crisis. Resulta evidente el abandono de la promoción económica del Gobierno provincial de actividades consolidadas y el direccionamiento de recursos y atención monotemática puesto en la actividad minera. A modo de ejemplo señalamos los procesos críticos que viven cuatro sectores clave en la economía provincial:

• Los sectores agrícola y agroindustrial, incluida la vitivinicultura, enfrentan un proceso de concentración económica preocupante, una caída continua de la rentabilidad de los pequeños y medianos productores, la deserción del gobierno provincial de la acción para enfrentar los factores climáticos críticos, como el granizo y las heladas, y fuertes restricciones en la disponibilidad del recurso hídrico. Este último factor debe ser tenido especialmente en cuenta al momento de decidir sobre la autorización de actividades extractivas que demandan importantes caudales de agua en desmedro de la producción agrícola y agroindustrial.
• La actividad hidrocarburífera se encuentra en franco retroceso, impactada por la falta de atención a su expansión por parte del gobierno provincial y por la decisión de YPF de abandonar la exploración y explotación en la provincia. A esto se suma la incorporación, en reemplazo de la petrolera nacional, de nuevos actores empresariales que presentan dificultades para afrontar las inversiones que requiere el despegue de la actividad. A esto se suma que los compromisos de remediación de pasivos ambientales han quedado en un limbo tras la salida de YPF.

• La metalmecánica ha sufrido el impacto indirecto de las caídas en las actividades hidrocarburífera y agroindustrial, y se ve gravemente amenazada por la privatización de IMPSA, empresa que por décadas fue una gran impulsora del desarrollo del sector metalmecánico, especialmente PyME.
• Las inversiones en infraestructura pública paralizada por el Estado Nacional y por la Provincia, provocando graves perjuicios por la privación de obras que resultan necesarias para el desarrollo provincial y por la pérdida de dinamismo económico que produce la desinversión en los sectores de la construcción y de grandes obras públicas.

En relación con la actividad minera, se pueden identificar dos características predominantes en los Gobiernos de Cambia Mendoza:

• La generación de altas expectativas en proyectos que no han producido los efectos anunciados por las administraciones de Cornejo y Suárez: en el caso de Potasio Río Colorado, la concesión a favor de Minera Aguilar denota un incumplimiento flagrante de los compromisos de inversión; en el caso de Hierro Indio, la falta de avances concretos ha estado acompañada por abiertos conflictos entre los propietarios del proyecto y por la parálisis de la actividad exploratoria comprometida.

• La promoción de una mirada que sobreestima los beneficios de la actividad minera, relativiza el factor tiempo que implica el arranque de la producción y minimiza los impactos hídricos y ambientales que producirá.

Debe tenerse en cuenta que la inflación de expectativas a partir de soluciones mágicas a la grave situación económico productiva mediante la actividad minera no produce más que un efecto distractivo vinculado con intereses económicos espureos. De esta manera se dilata el abordaje de un plan de desarrollo que ponga en valor el conjunto de las actividades económicas mendocinas.

2. Mendoza experimenta el mayor retroceso en materia de planificación, evaluación, gestión y control ambiental desde la sanción de la Ley Provincial de Ambiente 5961 en 1992: La Provincia de Mendoza no cuenta hoy con posibilidades de controlar ni siquiera las actividades económicas y productivas que se encuentran en marcha. El panorama es calamitoso: en el 2019 se eliminó del Presupuesto provincial el Fondo 247 de Control Ambiental que concentraba los recursos provenientes de pagos de tasas ambientales y de control, y multas sobre actividades económicas y los orientaba al fortalecimiento de las capacidades de control de las actividades ambientalmente más críticas, desfinanciando el pago de adicionales a personal de control, los equipamientos y las movilidades; desde diciembre de 2023 el área de Ambiente fue desjerarquizada y subordinada al Ministerio que tienen como principal objetivo la promoción de actividades extractivas; el personal de las Direcciones del antiguo Ministerio de Ambiente y Ordenamiento Territorial se encuentra hacinado y, en algunos casos como el de la estratégica ex Dirección de Protección Ambiental, han sido despojadas de sus edificios; el personal de control ha sido reducido drásticamente y sus equipos profesionales han sido reemplazados en un llamativo porcentaje por adscriptos provenientes de otras reparticiones y de municipios; los vehículos exhibidos por el gobernador Cornejo como parte de la “policía ambiental” no son más que un rejunte de rodados de distintas reparticiones ploteados al efecto; los laboratorios y equipos de monitoreo que existían se encuentran rotos o de paradero desconocido... Los escasos recursos edilicios, de personal y de movilidades han sido asignados a la Dirección de Minería, la que ha ocupado la totalidad del edificio que compartía con la Dirección de Protección Ambiental. La función de control ha sido minimizada y reemplazada por una exacerbada acción de promoción de la actividad minera que se alinea con los objetivos de las empresas involucradas en los proyectos bajo evaluación.

La institucionalidad ambiental también se ha visto afectada gravemente: durante la gestión de Rodolfo Suárez se publicó un Plan Ambiental elaborado sin ninguna participación ciudadana; los gobiernos de Cornejo y Suárez han incumplido sistemáticamente la obligación de presentación del Informe Ambiental Anual que ordena realizar la Ley de Ambiente 5961; el Consejo Provincial de Ambiente dejó de ser convocado al asumir su primera gobernación Alfredo Cornejo y recién se lo convocó para servir de fachada ambiental en el marco de la promoción de la actividad minera; el proceso de Ordenamiento Territorial fue desarticulado de la política y gestión ambiental, y toda su institucionalidad incumple las disposiciones de la Ley 8051 respecto de la convocatoria de los Consejos que la misma crea y de la conformación y funcionamiento de la Agencia de Ordenamiento Territorial; el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial diseñado participativamente de acuerdo a la Ley 8051 nunca fue cumplido ni actualizado por la gestión de Cambia Mendoza; el acceso a la participación ciudadana ha sido obstaculizado en instancias clave como la Audiencia Pública del Proyecto San Jorge. A todo lo expuesto se suman las múltiples objeciones que han sido planteadas al Proyecto Minero San Jorge por especialistas, instituciones académicas, comunidades, asociaciones de regantes y de productores, entre otras. Advertimos que la localización de ese proyecto minero en un área vinculada a las nacientes del Río Mendoza exige una rigurosa aplicación de los principios de prevención y precaución.

3. A modo de conclusión:

Como anticipamos en el encabezamiento del documento consideramos que la aprobación del Proyecto Minero San Jorge en las actuales circunstancias entraña serios peligros para la salud y el ambiente, por lo que solicitamos a los representantes del pueblo de Mendoza en la Legislatura la profundización del análisis de las consecuencias que puede deparar la habilitación de este proyecto minero. Asimismo, reiteramos lo arriba señalado: como militantes del Partido Justicialista solicitamos a los legisladores y legisladoras de nuestro partido y nuestro frente, el Partido Justicialista – Fuerza Justicialista, que honren el compromiso asumido durante la última campaña electoral de “poner un límite” a las medidas que promueven Milei y Cornejo cuando implican, como en este caso, una grave afectación de la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social.

Esta es la ocasión de dar una señal clara, concreta y responsable de la voluntad de revertir los errores estratégicos que en diciembre de 2019 llevaron a la mayoría de los legisladores y legisladoras justicialistas a apoyar con su voto, en contra de la línea partidaria recomendada, una reforma a la Ley 7722 que era rechazada mayoritariamente por nuestra militancia y por el pueblo de Mendoza.