Minería: la mayoría duda de la creación de empleo

Así lo indica un sondeo de opinión realizado por el ambientalista Eduardo Sosa entre el 11 y el 13 de junio.

ECONOMIA

Entre el 11 y el 13 de junio de 2025 se realizó un sondeo de opinión en la provincia de Mendoza para conocer la postura de los encuestados respecto del principal argumento esgrimido por el Gobierno de Mendoza para sustentar el impulso a la minería metalífera.

Eduardo Sosa es ex presidente de Oikos red ambiental, ex jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gob. de Mendoza.

Metodología

La encuesta se realizó a través del uso de la plataforma Google Forms, en la cual cada participante pudo responder una única encuesta debido a que solicita la dirección de correo electrónico para acceder. Los datos no pueden ser modificados por el operador del sistema, lo que le otorga al proceso la transparencia necesaria que permite un alto grado de confianza en la veracidad de los datos. Para reducir el sesgo en relación a los algoritmos utilizados en redes sociales, se les pidió a los encuestados e interesados difundir el sondeo a tantas personas como pudieran sin distinción de pensamiento sobre el tema. El sondeo se difundió por Facebook y por mensajes de Whatsapp indicando el link hacia el formulario de Google. Se pidió única respuesta y no selección múltiple para facilitar la comprensión de los datos, y no dar lugar a interpretaciones erróneas.

Los resultados

El sondeo tuvo un total de 1.000 respuestas y fue realizada por el referente ambientalista Eduardo Sosa. La pregunta principal y sus resultados fueron los siguientes:

Sosa entiende que la frase es el argumento central de la campaña gubernamental para impulsar la actividad minera en Mendoza, y forma parte de una construcción mayor, por la cual se busca insertar a la Provincia entre el selecto grupo de territorios que pueden proveer uno de los minerales críticos más importantes como es el cobre, a los fines de motorizar la transición energética hacia una economía global descarbonizada.

“Más allá del sustento fáctico de tal afirmación, es importante entender que el Gobierno de Mendoza busca incorporar la minería metalífera a la matriz productiva provincial, aduciendo que la actual composición está en franco declive y que por ello la situación económica provincial no ha evidenciado mejoras sustanciales en los últimos 10 años, asunto que también es debatible pero que no fue incorporado a la encuesta”, agrega Sosa.

Para el referente ambiental, “el gobierno provincial dice que las inversiones mineras generarán regalías y empleo de altos ingresos que contribuirán significativamente a elevar el salario promedio provincial, incrementará el consumo de bienes y servicios, y se constituirá en un nuevo motor del crecimiento provincial junto a las actividades existentes”.

Entonces, la pregunta fue dirigida a saber si los ciudadanos comparten el relato gubernamental en torno a la potencialidad que posee la minería como motor de desarrollo económico.

Sosa analiza los datos y afirma que las cifras muestran que 3 de cada 4 personas encuestadas (75,9% del total) no están de acuerdo con este postulado, es decir, descreen que la minería tenga la capacidad para generar empleo y promover un incentivo a la actividad económica, y por defecto, estarán inclinadas a apoyar otra actividad con más credibilidad para generar empleo y promover un desarrollo económico en el territorio provincial.

También señala que el dato puede interpretarse tanto por el conocimiento de la actividad minera y su vinculación con el desarrollo territorial (cuestión que es, al menos, debatible) como por el conocimiento de las capacidades de la clase política para lograr ese resultado deseado (partiendo de las experiencias anteriores, o del conocimiento de los hombres y mujeres que componen la clase política y el nivel de confianza que la ciudadanía deposita en ellos), lo que implica la necesidad de ahondar más en este vínculo para futuros trabajos.

Por la positiva respondió el 19,7%, es decir, “uno de cada cinco está de acuerdo con que la minería genera empleo y crecimiento socio-económico. Este porcentaje también puede estar afectado por factores externos, como la intensa propaganda gubernamental en torno a la minería como futuro motor de desarrollo provincial, el conocimiento de la minería a partir de experiencias propias, o el interés en la minería como generador de empleo y un mejor vivir, entre otras. El porcentaje restante (alrededor del 4,4%) respondió la opción de no saber o conocer del tema, es decir, evitó pronunciarse por alguna de las dos opciones anteriores”.

A aquellos que respondieron afirmativamente, se les solicitó que definieran entre tres opciones la razón principal de tal decisión. Las opciones fueron seleccionadas para conocer si la respuesta tenía un componente de interés personal mayoritario (el empleo), un interés colectivo (el beneficio colectivo o crecimiento de la economía) o estaba basada en una alineación ideológica con el gobierno nacional, del que ya se conoce su política pública de fuerte impulso a las actividades extractivas.

Del total de las respuestas afirmativas (casi el 20% del total), un 77,2% seleccionó la opción “porque contribuirá al desarrollo económico de la provincia”, mientras que un 11,8% expuso como razón principal la alineación provincial con las políticas públicas provinciales. El porcentaje restante (11%) eligió la opción “Porque generará empleos con altos ingresos”.

En relación al 75,4% del total de los encuestados que respondió no estar de acuerdo con la afirmación de que la minería generará empleo y una mejora en los indicadores socio-económicos provinciales, un 57,7% basó su respuesta en la presunción de que la minería puede contaminar y afectar a otras actividades como la agricultura y el turismo, que son dos de los motores de desarrollo con más potencia dentro de la provincia. Por su parte, un 31,3% asoció su respuesta con experiencias negativas en otras jurisdicciones, mientras que el porcentaje restante (11%) vinculó a la minería con oportunidad para generar corrupción política y la violación al marco legal vigente.

Sosa aclara que un total de 39 encuestas tienen un error de carga, en el sentido que algunos encuestados no comprendieron la consigna y respondieron a una pregunta que no debían responder. Este número representa el 3,9% del total de las encuestas, lo que se encuentra dentro del margen aceptable que manejan las consultoras y no afectan significativamente los resultados.

Controles

Esta encuesta tiene solamente 316 respuestas y allí quedó, quizá la publicación de la encuesta anterior anime a otros a responder. Los datos son por demás interesantes, porque da en el centro de la estrategia del gobierno, que pasa indudablemente por “esta vez haremos las cosas bien, con fuertes controles a la actividad para despejar dudas de los ciudadanos”.

Conclusiones

El ambientalista concluye que la actividad minera ha generado intensos debates a lo largo de los últimos años. La ciudadanía ha logrado imponer su voluntad en los últimos 20 años, logrando enormes victorias como la sanción de la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias peligrosas en la minería metalífera que pudieran poner en riesgo los recursos hídricos, la sanción de leyes para proteger las cabeceras de las cuencas de los principales ríos, el fallo de la Corte Suprema provincial ratificando la constitucionalidad de la norma y la movilización de 2019 que provocó la restitución de la vigencia de la ley 7722 luego que fuera derogada. Sin embargo, en los últimos años se produjo una alineación de los intereses políticos oficialistas y de la oposición, los que, junto a una parte del empresariado y los principales medios de comunicación de la provincia, lograron torcer la voluntad popular y dar inicio a varios proyectos exploratorios y a reflotar un proyecto minero en la localidad de Uspallata que había sido rechazado por la ciudadanía en 2011.

Una intensa campaña propagandística busca imponer la visión de que la ciudadanía le otorga licencia social a la actividad minera, apoyando su estrategia en el trabajo de consultoras que muestran datos alentadores de apoyo social a dicha actividad, los cuales son publicados sin objeción ni chequeo previo por los medios de comunicación, y anunciados a viva voz por los funcionarios públicos.

Este trabajo, sin pretender ser el más representativo, puede exhibir transparencia en la toma y análisis de datos, una muestra que supera a la mayoría de las encuestas que se han realizado sobre el tema en los últimos años, y una interpretación desprovista de matices político-partidarios, dando como resultados cifras muy distintas a las que muestran las consultoras más reconocidas del medio local y de Buenos Aires. Esta diferencia debería poder explicarse en términos metodológicos, sin embargo, las diferencias en los datos son tan significativas que requieren un verdadero debate acerca del valor de las encuestas y de las intenciones de quienes las pagan.

En síntesis, 3 de cada 4 personas encuestadas no están de acuerdo con la idea que tiene el gobierno respecto a la minería como generador de empleo y de crecimiento económico, con lo cual deberían ahondarse las verdaderas razones por las cuales el gobierno provincial aún persiste con la idea de imponer una actividad con escasa licencia social, dado que se presupone que poseen datos muy ajustados a la realidad acerca del pensamiento ciudadano.

Un elemento muy interesante dentro de esta discusión, es que una herramienta que acabaría con las presunciones sería la utilización de un plebiscito. En toda Latinoamérica los plebiscitos en torno a la minería han dado resultados abrumadores por el NO, por ello no son bienvenidos por los gobiernos, que han buscado anularlos tantas veces como han podido. Tenemos ejemplos cercanos en San Juan, Catamarca y otras jurisdicciones provinciales donde han sido prohibidos. Sin embargo, el contexto socio-político es cambiante y el uso de esta herramienta podría dar algo de luz sobre lo que piensan los ciudadanos, más allá de la propaganda o los datos falsos.

El eje de la discusión pasaría entonces por instrumentar un sistema donde todas las partes puedan brindar información en igualdad de condiciones, y que el poder estatal no provoque un sesgo informativo, donde las opiniones discordantes suelen ser bloqueadas por medios de comunicación afines al pensamiento gubernamental o a la pauta publicitaria.

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