Justicia
La industria de los juicios laborales mueve $4 millones por minuto
Así lo afirman desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas.
Cuando un trabajador demanda a su empleador por un accidente laboral empiezan a intervenir abogados y peritos. Ellos son los actores de la denominada “industria del juicio”. Según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), insumen unos $ 2,1 billones al año que pagan los empleadores, algo así como otro capítulo del costo argentino.
El cálculo de la UART surge de una ponderación entre el promedio del valor de las sentencias y el salario mínimo, vital y móvil de junio, que alcanza los $ 313.400. Entonces, la entidad sostiene que la litigiosidad anual alcanza la suma de 6.891.653 salarios mínimos. De ahí el dato de los $ 2,1 billones al año. Es decir, crece a un ritmo de $ 5.917 millones por día, $ 246 millones por hora o cuatro millones por minuto.
“La situación es absurda”, definió la presidenta de la UART, Mara Bettiol. Como si esos costos fueran poca cosa, la entidad también cuantificó la cantidad de demandas iniciadas que originan la obligación de dichos pagos. “Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas”, sostiene el comunicado. De este modo, marcaría un nuevo récord anual.
“Lideran este fenómeno la provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis”, describe el análisis realizado por la UART. Y en este punto aparece un aspecto paradójico: crece la litigiosidad laboral, pero no tanto el empleo.
Según los números de UART, la cantidad de juicios aumentó 10,2% en los últimos dos años, mientras que el total de asalariados registrados casi no tuvo cambios y el nivel de actividad subió 2,9%. Ante esta situación, en el sector hablan de una “judicialización sin control”.
De hecho, Bettiol advirtió: “No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”. A raíz de estas estadísticas, la UART empezó a hablar de esta arista del costo argentino. La comparación internacional arroja que la litigiosidad laboral en el país es 15 veces más grande que en España y 21 veces más alta que en Chile.
Entonces, cabe preguntarse ¿por qué ocurre esto? Tanto el Gobierno como el sector privado apuntan a la práctica por la cual los peritos y abogados cobran un porcentaje sobre el monto final del pleito. Es decir, cuánta mayor es la demanda, más ganancias para ellos.
“La creación del Cuerpo de Peritos contribuiría a contrarrestar los posibles factores que incentivan la judicialidad vigente. En la actualidad existe un fuerte desequilibro entre la instancia administrativa y judicial”, sostiene la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Las empresas reclaman la implementación de la ley 27.348, aprobada en 2017. “Si se aplicara, los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa”, sostuvo un importante representante del sector asegurador.
La modificación más relevante que plantea esta normativa es la creación y participación de cuerpos médicos forenses, encargados de determinar el grado de incapacidad del trabajador tras un daño. Actualmente, intervienen peritos que, según sostuvo la UART en un comunicado, cobran honorarios “atados al monto de la sentencia”. Las aseguradoras insisten en que deberían percibir ingresos fijos por su tarea, y no en proporción al tamaño de la resolución del juicio.
Según un informe previo de la UART, los peritos judiciales suelen registrar un promedio de 12,5 puntos de incapacidad más que lo observado en la instancia administrativa. “Esto terminaría con sobrecostos, ya que se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario”, afirmaron. Para la SRT, dicha brecha es de 11 puntos.
Sobre la aplicación de la ley reclamada por la UART, los datos de la SRT reflejan que La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz son las únicas provincias que todavía no adhirieron a dicha normativa de carácter nacional.
A propósito del desarrollo de estos juicios, UART destaca tres datos sobre ellos. “El 88% de los juicios ingresados es por caso sin incapacidad”, afirma. Esto alude a personas que sufrieron un accidente laboral, pero luego se recuperaron. En el sector hablan del “típico caso de un esguince, curado y recuperado, al que el perito le establece una incapacidad médica y una psicológica”.
Otro aspecto de los juicios es que el “60% de las demandas ingresadas son fuera del plazo de caducidad de ley”, según UART. Esto implica que el período entre el inicio de las acciones legales y el dictamen de una comisión evaluadora sobre el alcance e impacto del accidente es más prolongado que el que debería ser.
