La fecha clave que mira el Gobierno para apurar su reforma laboral

El gobernador Alfredo Cornejo envió la última semana un proyecto de ley para modificar el Estatuto General del Empleo Público. La propuesta ya cosechó sus críticas entre los gremios y la oposición, pero avanza a paso firme en la Legislatura. 

Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentran la creación de la figura de “planta interina”, la cual no tendrá estabilidad propia; el recorte en ciertas indemnizaciones y la eliminación de los cargos hereditarios. 

Uno de los argumentos que expuso el Ejecutivo para impulsar la norma fue que la misma funcionará como respuesta a algunas “soluciones discordantes en los fallos de la Suprema Corte de Mendoza”.   

Con la nueva ley, se apunta a saldar cuestiones vinculadas a pagos indemnizatorios y antigüedad de empleados públicos. Durante el último tiempo, la Provincia tuvo varios fallos en contra en los que tuvo que reincorporar trabajadores o incrementar las indemnizaciones que había abonado. 

El caso que mira la Provincia para impulsar la reforma 

Resulta que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia un caso de inminente resolución en plenario y que choca directamente con la intención que el Gobierno canaliza a través de la reforma laboral. 

Se trata del expediente “Britos Ricardo Daniel y otro c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción Procesal Administrativa” por la cual se discute la legitimidad de un decreto emitido por el gobernador Alfredo Cornejo en su gestión anterior, a través del cual no se reconoce la antigüedad real desde que comenzaron efectivamente a cumplir funciones dos trabajadores mediante contrato de locación de servicios. 

“La cuestión de fondo a resolver se vincularía con el reconocimiento de servicios prestados para la administración pública al efecto de su cómputo en la liquidación del adicional por antigüedad respecto de agentes que habrían ingresado en la planta de personal permanente por efecto de convenios colectivos de trabajo”, aclara la SCJ. 

El proceso fue aplazado en varias ocasiones. En 2022, la Corte había dispuesto 20 días hábiles para la resolución de cada uno de los siete ministros. Pasó el tiempo y, tras la renuncia de Pedro Llorente, en abril se volvió a establecer un nuevo periodo, pero esta vez de 8 días hábiles para cada juez. 

Más allá de los plazos variables y posiblemente arbitrarios que se autoimpone el máximo tribunal para dictar sentencia, lo cierto es que esa fecha está a punto de vencerse.  

Así, si la ley sale primero y el fallo va en contra del espíritu de la misma, se abrirá un nuevo conflicto pero con el que el Ejecutivo podría salir airoso a la hora de responder ante esa causa. 

Ahora bien, la coincidencia en los tiempos entre el tratamiento legislativo y el proceso que corre en la Corte parece responder a una anticipación por parte del Ejecutivo a esa sentencia judicial y el precedente que la misma podría sentar. 

“Estoy modificando un Estado para las futuras generaciones. El Estatuto del Empleo Público está añejo. La cláusula que le da estabilidad está pensado en un momento en que el Estado era muy chico, los municipios prácticamente no existían”, expresó al respecto el gobernador Alfredo Cornejo días atrás.