El proyecto MARA está en el centro de una causa penal por presunta corrupción en Catamarca. La jueza federal María Servini investiga si empresas mineras y funcionarios públicos avanzaron con exploración en zona glaciar prohibida, pese a contar con informes técnicos que lo impedían.

Tal como informó la periodista Laura Berisso en EconomíaSustentable.com, las mineras Agua Rica y Alumbrera, operadas por la suiza Glencore, están imputadas junto a directivos y auditores estatales. La acusación apunta a incumplimiento de la Ley General del Ambiente (25.675) y la Ley de Glaciares (26.639).

La causa se tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py. Determinar si hubo negligencia o intencionalidad en ignorar estudios científicos oficiales es el eje de la investigación.

Zona prohibida: qué dicen los informes técnicos que habrían sido ignorados

La abogada Mariana Katz, representante de vecinos de Andalgalá, detalló al sitio EconomíaSustentable.com los hallazgos que motivaron la denuncia penal presentada en 2019.

"Estudios técnicos elaborados por organismos estatales identificaron en 2018 la presencia de 26 cuerpos de hielo en la zona del proyecto MARA, reconociéndola como área prohibida para llevar a cabo tareas de exploración o explotación minera", indicó.

Las zonas periglaciares son áreas con procesos de congelamiento y descongelamiento. Funcionan como reservas hídricas estratégicas.

La Ley de Glaciares prohíbe expresamente actividades que puedan afectar estos ambientes. Sin embargo, los funcionarios habrían avanzado con el acuerdo sin verificar sus propios estudios científicos.

"¿Por qué van a omitir analizar la documentación que tienen si no es por algo intencionado?", cuestionó Katz. La omisión podría configurar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Qué es el proyecto MARA y por qué genera controversia en Catamarca

Según informó EconomíaSustentable.com, el proyecto MARA se puso en marcha en 2019. Busca integrar el yacimiento Agua Rica —con reservas de cobre, oro y molibdeno— con la infraestructura de La Alumbrera.

Agua Rica está ubicado en la Sierra de Aconquija, en el departamento de Andalgalá. La Alumbrera representa un hito en la minería argentina por ser la primera explotación a cielo abierto del país.

Comenzó a operar en 1997 bajo control de Glencore. Entró en etapa de cierre desde 2017, pero su infraestructura seguiría activa.

La propuesta de MARA es reutilizar las instalaciones de La Alumbrera para procesar mineral extraído en Agua Rica. De acuerdo con la empresa, este proyecto integrado concentra reservas de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro, lo que lo posicionaría entre los emprendimientos cupríferos de mayor envergadura a nivel nacional.

Para los vecinos de Andalgalá, sin embargo, el proyecto representa continuidad de tres décadas de conflictos ambientales y sanitarios. Denuncian que reutilizar infraestructura no reduce el impacto acumulativo en la región.

Cómo llegó la causa a imputar también a las empresas mineras

La causa penal arrancó en 2019. Vecinos de Andalgalá representados por Katz denunciaron a directivos de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio —empresa conformada por el Estado nacional, la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca—.

También quedaron imputados dos auditores de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y un funcionario de la Secretaría de Minería de la Nación.

El expediente tuvo marchas y contramarchas. En 2023 la Justicia dispuso el cierre de la causa y el sobreseimiento de los imputados.

Sin embargo, en agosto de 2024 la Cámara de Casación Penal ordenó reabrirla. Consideró que las pruebas aún no resultaban conclusivas, según consta en la sentencia aportada a este medio.

Tras más de un año sin avances sustantivos en la investigación, el pasado 22 de abril el expediente dio un giro crucial. Las empresas pasaron a ser también imputadas.

Así lo resolvió la jueza Servini tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuán de ampliar la imputación en base a la Ley 27.401, que establece que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos de corrupción y no sólo sus funcionarios.

La noticia fue recibida con alegría en Andalgalá. La ciudad lleva 30 años denunciando impactos contaminantes y falta de transparencia de la minería en su territorio.

Tres décadas de reclamos vecinales contra la minería en Andalgalá

"Llevamos años caminando todos los sábados en nuestra plaza. Reclamamos en las calles y en los juzgados por las innumerables violaciones de derechos humanos que venimos sufriendo desde hace treinta años, cuando llegó la minería", dijo a este medio un vecino integrante de la Asamblea el Algarrobo.

Explicó que desde que La Alumbrera comenzó a funcionar, aumentaron en el pueblo los polvos fugitivos y distintos tipos de enfermedades. Mencionó casos de cáncer y esclerosis múltiple.

También denunció cambios en la composición química del agua. "Antes teníamos el agua más pura de todas y ahora viene turbia", dijo.

Para los habitantes de Andalgalá, el proyecto MARA es lo mismo de antes con un nuevo nombre. Se llame Alumbrera, Agua Rica o MARA, reconocen una sola cosa detrás: afectación al ambiente de carácter irreversible.

En su página web, la empresa señala que reutilizar la infraestructura de La Alumbrera permitiría reducir la huella ambiental. Además, afirma estar realizando un monitoreo comunitario para incorporar preocupaciones y demandas vecinales.

Desde la Asamblea el Algarrobo denuncian que esas instancias son insuficientes y meramente formales. "Los informes de impacto ambiental presentados desconocen los daños acumulativos e interjurisdiccionales generados tras tres décadas de actividad minera en la región".

Los vecinos reafirman su reclamo y señalan que están dispuestos a llegar a esferas internacionales. El año pasado presentaron el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.