Un golpe de un alumno a otro le costará al Estado $20 millones más intereses. Esto lo determinó la Justicia tras rechazar las apelaciones presentadas tanto por la Dirección General de Escuelas como por la Fiscalía de Estado.
El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2022 a la salida del turno mañana, cuando alumnos de primer grado se empujaron para colocarse primero en la fila. Uno de los niños, en ese momento, golpeó en los testículos a otro, causándole una inflamación.
Si bien desde el establecimiento educativo le llamaron la atención al agresor y consideraron el hecho como grave, no se comunicaron con los padres del niño para contarles lo ocurrido, ni llamaron al servicio de emergencia.
El pequeño debía seguir con las clases desde su casa y además, según consta en los estudios practicados, sufrió un daño permanente que le causa una incapacidad del 10%.
Con esto, la familia demandó a la DGE y, en junio del 2024, la Justicia condenó al Estado a pagar $15 millones por el daño físico y $5 millones por el daño moral.
Tanto la DGE como la Fiscalía de Estado apelaron el fallo. La primera afirmó que se trató de un hecho fortuito, inevitable y que se encuentra dentro de la categoría de hechos considerados súbitos e imprevisibles.
La Fiscalía de Estado, si bien no cuestionó la responsabilidad en el hecho, sí indicó que el monto indemnizatorio excede los límites de la razonabilidad, provocando una ganancia más allá de la justa compensación, lo que contribuye un abuso de derecho. Por lo que pidió que se disminuya al 50%.
En tanto, para la Cámara de Apelaciones, “la vigilancia de los alumnos, en la educación moderna, no será sometida al control de una persona determinada sino al de una organización más o menos compleja, que impone directrices o instrucciones. Es una responsabilidad empresarial que debe asumir como en cualquier otra actividad y es el cumplimiento de un deber insoslayable del Estado”.
Asimismo, respecto a los montos, sostuvo que la incapacidad psicofísica representa un perjuicio en la vida de la víctima, debido a que se trata de un daño permanente. A la vez, este daño representa un gran perjuicio moral para el niño y su familia.
Con esto, desestimó los planteos de la DGE y de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia en primera instancia.
