La Justicia ha ordenado la reapertura de La Salada, la feria más grande de Sudamérica, ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Esta decisión llega mientras su principal referente, Jorge Castillo, continúa detenido por acusaciones de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros delitos, junto a varios socios.
La Salada ha sido señalada en un informe de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos como uno de los mercados más importantes de falsificación y piratería a nivel mundial, con un notable incremento de "tours de compras" desde Brasil y Uruguay. Esta situación ha perjudicado la imagen de Argentina, siendo percibida como una nación que incumple los derechos de propiedad intelectual, una percepción que el gobierno de Javier Milei busca revertir. Además, fuentes oficiales explican que la feria representaba un importante foco de evasión fiscal, complicando el objetivo de equilibrio fiscal. La Unión Europea, por su parte, la ha calificado como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada".
Para su reapertura, la feria, fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos, deberá cumplir estrictas condiciones impuestas por el juez Luis Armella. Los 48 mil feriantes que se estima vendían productos en los tres paseos de compras (Urkupiña, Ocean y Punta Mogote) deberán acatar diversas medidas. Además, se exigirá la presencia de un veedor judicial, de la Municipalidad y de ARCA. La nueva intervención, aún por designar, deberá garantizar el registro de inquilinos y puestos alquilados, así como la instalación de sistemas bancarizados para todos los cobros.
En el marco de la causa, la fiscal federal Cecilia Incardona acusó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (prófugo) de obtener "ganancias millonarias informales" que luego blanqueaban mediante inversiones y adquisición de bienes. La Justicia ya ha secuestrado 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades de los denunciados, evidenciando su "abultado patrimonio".
La solicitud de reapertura provino del Sindicato de Trabajadores de Ferias, que buscaba garantizar "condiciones de trabajo dignas" para los aproximadamente 150 mil puestos de trabajo que, según el gremio, genera el sector, incluyendo carreros, puestos de alimentos y remiseros.
