Los caídos del sistema que ya no se pueden camuflar

Mientras los organismos se encargan de medir los datos duros, en las calles el panorama que se percibe ya resulta difícil de ocultar. Y es que solo hace falta recorrer algunas calles, plazas y parques del Gran Mendoza para ver el gran número de personas que viven y duermen a la intemperie. La situación ya es notoria.

Desde los municipios llevan adelante diferentes acciones que buscan evitar las aglomeraciones bajo la premisa de mantener el orden público. Ocurrió en la plaza Almirante Brown, de Ciudad, que fue enrejada y, recientemente, en las inmediaciones del canal Cacique Guaymallén donde se instaló un alambrado con el mismo propósito.

Esto ha obligado a las personas sin techo a buscar reparo en otros espacios más alejados del microcentro, por ejemplo, en los edificios del Procrear ubicados en calle Tiburcio Benegas, en el parque lateral de calle Perú, en el espacio verde Don Orione, o en las cercanías del predio de La Virgen. 

Desde Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aseguraron que son unas 500 las personas sin hogar que se han relevado en la provincia y detallaron las diferentes realidades con las que se encuentran a la hora de abordar esta problemática. El ministro Natalio Mema anticipó que se trata de “un escenario dinámico”. 

“Tenemos personas que, durante el día están en situación de calle, pero a la noche tienen un hogar donde pernoctar. Después tenemos gente que está en situación de calle y a la noche va a las a los refugios. También están quienes no quieren ir a los refugios y,  finalmente, terminan durmiendo en la calle”, explicó el funcionario. Según las cifras del Gobierno, en el primer grupo se han podido contabilizar unos 200 mendocinos; en el segundo, entre 200 y 250; mientras que el último segmento varía entre 45 y 60 personas. 

Un problema no sólo estacional

Con la llegada del invierno, el tema de las personas sin hogar toma nuevamente visibilidad pública debido a que las bajas temperaturas obligan a instrumentar tareas para darles reparo. A fines de marzo, referentes del Arzobispado convocaron un encuentro con diferentes sectores del Gobierno y la Justicia. “Fue una reunión muy buena porque puso en la agenda, y a consideración de todos, que tenemos que darle una solución a esta situación que no se limite a una campaña de frazada”, comentó el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedictis 

Mema, por su parte, calificó el cónclave como una “puesta en común más” de las tareas que se vienen realizando desde las diferentes áreas del Estado durante todo el año. “Marcelo fue a  interiorizarse de lo que estamos haciendo y él puso a disposición la parte que hace la iglesia, cosa que obviamente siempre es muy positiva”, indicó. Y es que la participación de organizaciones del llamado “tercer sector” no es menor a la hora de darle algún tipo de contención a este grupo de personas. Por ejemplo, desde la Pastoral de la Calle llevan más de 10 años trabajando en el tema.

Remar es otra de las fundaciones que cuenta con refugios para que hombres y mujeres puedan dormir, alimentarse y asearse. Cada uno de estos lugares tiene capacidad para albergar a unas 40 personas, pero solo el de mujeres tiene un puñado de cupos disponibles actualmente. Ariel Lázari, director de Remar, explicó que este trabajo se hace por fuera del tratamiento contra las adicciones que caracteriza a la organización, pero la continuidad del convenio con el Gobierno está en duda. 

El factor económico es la clave para destrabar este conflicto. Lázari se mostró muy molesto debido a que desde el Gobierno le otorgan un subsidio de $2.500 por cada persona que alberga, además se les dan los materiales para el almuerzo y la cena. “Desde el 2023 que nos otorgan ese monto por persona y no muestran interés en incrementarlo. Si bien nos dan el almuerzo y la cena, nosotros los tenemos que preparar. Tenemos a cuatro voluntarios en cada refugio y ellos no contemplan todo el trabajo que hacemos”, explicó y agregó: “No es solo dar cama y comida, hay que estar las 24 horas por si pasa algo. El tema es que piensan que los voluntarios no comen, no se visten, no van al colegio”.

Ante este reclamo, desde el Ejecutivo se defendieron al señalar que las organizaciones pagan el alquiler de los refugios gracias al subsidio que le otorga el Estado. “A veces alcanza más, a veces alcanza menos, pero hoy están pagando el alquiler con dinero público”, se excusó Mema y argumentó que el trabajo que realizan desde las organizaciones son parte de las “tareas conjuntas” que lleva adelante el Gobierno para darle una respuesta a esta problemática. 

Indigencia, adicciones e inseguridad

Si bien algunas personas, principalmente jóvenes adultos, terminan en las calles como consecuencia de sufrir consumos problemáticos; existe también una relación intrínseca entre ambas cuestiones. “Los psicólogos nos han explicado que una persona no puede soportar estar en una situación de vulnerabilidad semejante como la de vivir en la calle durante mucho tiempo”, comentó Mema. Esto, claramente, profundiza aún más un tema de por sí complejo y también complica las tareas para la resocialización. 

El funcionario confirmó un dato preocupante sobre la situación: “Buena parte de esta población tiene problemas de consumo, porque los traía de antes o porque adquirió una adicción luego de quedar en situación de calle. Lamentablemente, es un asunto prácticamente generalizado”. Actualmente, hay 60 personas internadas en instituciones para su rehabilitación.

Lázari, adicto recuperado, apoyó la idea de que una amplia mayoría de las personas sin hogar padece algún tipo de adicción, aunque también refirió problemas de salud mental. “No estoy estigmatizando porque yo estuve en esa situación. Es una realidad que el adicto no quiere ir a los paradores y refugios, porque en estos lugares se establece un orden y reglas. El problema es que, durante los meses de invierno, deben hacerlo para no morirse de frío en la calle. Después vuelven a las calles. Es algo cíclico que ha pasado siempre, en eso no se puede culpar mucho al Gobierno”, agregó. 

De Benedictis, por su parte, sumó que dentro de este universo existe una variedad de situaciones y que esto implica realizar “un trabajo muy artesanal” para poder abordar cada cuestión. 

En el caso concreto de las adicciones, Lázaro señaló que el entorno es fundamental. “El adicto necesita un mínimo de 30 días para estabilizarse, es el periodo de abstinencia. Después viene un momento de euforia, en el que la persona cree que está bien, pero hay un riesgo muy grande de recaída”, detalló sobre el proceso de recuperación en donde el acompañamiento y la reinserción en ambientes saludables son indispensables. 

Sobre este punto, desde el Gobierno indicaron que las entidades intermedias tienen un valor fundamental. Esta instancia también la ha empezado implementar el Ministerio de Salud, en ella se busca que las personas rehabilitadas no regresen a las calles o a los ambientes en donde adoptaron esta conducta. “Ellos empiezan a valerse por sí mismos. Cocinan, interactúan con otras personas y se socializan. El objetivo es llegar a estar nuevamente en sociedad sin ninguna asistencia específica”, explicó.